El riesgo de la victimización

Una de las acepciones que la Real Academia de la Lengua Española otorga al concepto de víctima es aquella persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita.

La victimización, algo muy común en la política nacional en nuestros días, es la acción de crear figuras de este tipo, al amparo de un Código Electoral que penalizó situaciones otrora permisibles y sustentadas en la fuerza de la costumbre.

Es doloroso ver a compañeros de partido, y de otras tiendas políticas, sometidos al juicio mediático y ahora legal, por la judicialización de toda la materia electoral.

Como lo mencioné en anterior oportunidad, sobrada razón tenía Frederic Bastiat, político y economista liberal francés, cuando dijo que cada vez que creamos una ley, cercenamos una libertad.

Esa victimización de personas y movimientos políticos, pueden traer a posteriori, sorpresas enormes en los resultados electorales.

La historia está plagada de casos y dirigentes que, en su momento, fueron en extremo vilipendiados por sus acciones y comportamientos.

Los refritos periodísticos en primera plana ya cansan, y en política, la "victimización" llega a beneficiar irremediablemente a la víctima. Recuerden la expatriación de Figueres Ferrer en la década del cuarenta, que generó después una extensa trayectoria; también el sonado caso del juicio “Chemise” a Figueres Olsen en el 93 y su triunfo en las elecciones del 94, el encarcelamiento de Nelson Mandela por 29 años y su posterior ascenso a la presidencia en Sudáfrica, el encarcelamiento de Los Ortega en Nicaragua y su asilo en Costa Rica durante la época del General Somoza, el derrocamiento de Perón en Argentina en 1955 y su exilio en España, con su retorno triunfal al poder por las urnas en 1974. El escarnio sufrido por el Expresidente Rodríguez Echeverría en el 2004, siendo Secretario General de la OEA, con un show mediático de la Fiscalía de aquel entonces, en contubernio con el gobierno de Abel Pacheco; para terminar absuelto en los tribunales 9 años después.

Los ejemplos nacionales y mundiales sobran, pero en 5 minutos de control político no podría enumerarlos.

Pienso que a toda "idea fuerza", promotora de un cambio en la forma de resolver el futuro del país, le llegará su momento.

El pueblo está cansado de elegir a"sostenedores de yegua", en la presidencia de la república. Llevamos mucho tiempo viviendo lo mismo, y un sector de la prensa escrita sosteniendo el "statu quo" a como dé lugar.

Estoy convencida que en febrero del 2014, aún con los ánimos decaídos pero con el espíritu en pie de lucha, el pueblo costarricense saldrá a votar por un “Basta ya de atropellos, por un basta ya de abusos a nuestro bolsillo, por un basta ya de victimizar a partidos y dirigentes, por un basta ya de los mismos haciendo siempre lo mismo”

De mentiras del gobierno y verdades del Movimiento Libertario sobre la carretera a San Ramón

Hace unos cuantos días, Canal Siete dio reportaje informando que desde finales de los años 90, la comunidad de Monteverde en Puntarenas, celebró a lo grande la promesa de los políticos de turno, de una carretera asfaltada, desde la Interamericana norte hasta Santa Elena. Señalaba la información que “en esa oportunidad, la administración hizo los primeros 12 kilómetros entre Sardinal y Los Ángeles de Guacimal, así como otras obras en Monteverde, las cuales quedaron inconclusas.

Esta página en la historia de ese paradisíaco lugar, al igual que otras, todos la recuerdan. Cuando escucharon de los gobiernos promesas sobre la construcción de una carretera, que aún no llega. Los meses siguen pasando y la carretera no se construye, en una zona turística visitada por unos 300 mil turistas al año, los cuales transitan por un camino malo, pedregoso entre Guacimal y Monteverde. Los vecinos de la zona aseguran que es un mito que unos quieren la carretera y otros no. Ahora están unidos y han retomado una lucha para que las promesas se hagan realidad. Según los empresarios hoteleros y operadores, registran una disminución importante de turistas, tanto nacionales como extranjeros.”

Traigo a colación esta nota, para que, tanto los vecinos de San Ramón como todos nosotros como Diputados y diputadas, no olvidemos que continúa pendiente la construcción de una carretera de suma importancia para esta zona de Occidente. Recordemos el ejemplo de Monteverde, para no enterrar la lucha que se ha dado por los vecinos, y que podrìa correr la misma suerte si no solucionamos pronto el problema.

Hace quince días, recordé en este Plenario que existe en la corriente legislativa, un proyecto iniciativa de la Fracción del Movimiento Libertario, viable y práctico,  que le daría solución inmediata al tema de los recursos para la carretera.

Este, es el número 18763, Creación de fideicomiso de obra pública, para la construcción y mantenimiento de la carretera San José-San Ramón, autorizando al Instituto Nacional de Seguros para que traslade a título gratuito, el monto de ciento cincuenta mil millones de colones, a un fideicomiso, para la construcción y mantenimiento de la carretera, Al igual mencioné en aquella oportunidad, no ha sido posible su publicación, para darle inicio a su discusión por el fondo.

El evidente desinterés por parte del Poder Ejecutivo por darle una solución pronta a los vecinos de la zona, se contrapone a un derecho de respuesta por parte del Sr. Guillermo Constenla, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, publicada en el diario Extra el pasado 24 de mayo de los corrientes, en donde rebate el argumento de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), que ve con temor el uso de los recursos provenientes del Institutos para la carretera. Ante esta preocupación de la SUGESE, el Señor Constenla responde enfáticamente, abro comillas:

“En relación con la nota, “Sugese cautelosa en que el INS financie ruta”, publicada el día 21 de mayo, solicitamos publicar el siguiente derecho de respuesta: “El INS tiene sobrada liquidez. El INS mantiene inversiones totales por más de un $2.182 millones de dólares.  Invertir (no regalar), en obra pública un 7,5% de esa suma es totalmente factible. Invertir implica cobrar intereses y recibir la amortización del capital. ¿A dónde está el problema? Cuando en el INS decimos algo lo hacemos con fundamento: en los próximos meses el INS recuperará efectivo de inversiones por US$427 millones, para direccionar distintas inversiones según sea su decisión. Podría ser en el fideicomiso de obra pública. Es una inversión más rentable y más segura que la que se puede hacer en muchos de los instrumentos financieros disponibles en el mercado, tales como algunos fondos inmobiliarios para construir grandes torres de apartamentos, en los que se invierten recursos públicos, sin que nadie objete”.  Guillermo Constenla, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros.”

Ante esta respuesta, no queda más que dar trámite rápido a este proyecto que traerá un beneficio invaluable a la zona. No permitamos que los vecinos de San Ramón esperen veinte años, como los de Monteverde, por una carretera más que necesaria para su desarrollo, como les ha sucedido a tantos habitantes del país.

Un boomerang político

Otra vez los Molinos de Dios moliendo lento pero finito. Dos años después del show montado para dañar al Movimiento Libertario, a raíz del triunfo de la tristemente célebre Alianza Parlamentaria, vemos como todo se viene revirtiendo en el panorama político costarricense.

Aún retumban en mis oídos, las diatribas, las infamias y las calumnias, de compañeros y compañeras diputadas de dos fracciones políticas, en el seno de la Comisión Investigadora del Financiamiento de Partidos Políticos.

Desde capos hasta narcos, desde delincuentes hasta estafadores, esas fueron, entre otros, algunos de los términos utilizados durante las comparecencias y declaraciones, no solo contra nuestro partido, ni contra algunos de nuestros miembros del Comité Ejecutivo Nacional, sino contra algunos de los comparecientes ante dicha Comisión.

¡Cuántas honras mancilladas, cuantos patrimonios destruidos a raíz de esas afrentas!

Sin embargo, el último fin de semana hemos sido testigos de una tragicomedia de ribetes internacionales a raíz de un viaje de placer de los más altos jerarcas de Zapote.

Nexos entre el Poder Ejecutivo, la cúpula del Partido Liberación Nacional, y capitales cuantiosos de dudosa procedencia, saturan las noticias del acontecer cotidiano.

El tiempo, cicatrizante de heridas, y bálsamo cerebral para la memoria, viene a poner los hechos en su verdadera dimensión. No éramos los libertarios esa escoria de la política con que se nos quiso barnizar para tratar de enlodarnos.

Gobierno y Partido en el Poder, no puede ni debe existir diferencia, son el mismo grupo que durante 7 años viene dirigiendo los destinos de la Patria.

El tufo a descomposición se entremezcla entre los pasillos de Zapote, de Cuesta de Mora y de la Sabana en Mata Redonda. No se oyen las voces ni del Comité Ejecutivo del Partido Liberación, ni de su candidato Presidencial, ni de los más connotados líderes e ideólogos. El mutismo generalizado es la tónica imperante.

¿Será acaso que solo estamos visualizando la punta del iceberg?, y que la caja de sorpresas y desaciertos que inició el 8 de mayo del 2010, nos mostrará más hechos relevantes en un futuro inmediato.

Los famosos “tira piedras”, voceros utilizados por algunos partidos políticos, para tratar de lapidar candidaturas que no convienen a sus intereses, deberán actuar con más recato durante la presente campaña electoral que apenas se avizora.

Más prudencia señores y señoras de la política nacional, el búmerang del estiércol que se tira, generalmente termina en la cara de aquellos que lo lanzan.

A pesar del oscuro panorama político actual, albergo la esperanza de que un pueblo adormecido, sabrá despertar de su idílico letargo, para imprimirle al país el fuerte golpe de timón que éste requiere a partir de febrero del 2014.

Porteo y legalidad

Desde hace mucho tiempo, la Fracción del Movimiento Libertario ante la Asamblea Legislativa viene advirtiendo que el tema del porteo no se abordó con la responsabilidad del caso, ni por el actual  ni por los anteriores gobiernos. Nuestro Código de Comercio regulaba la actividad anterior al año 2011, cuando se aprobó la ley 8955 que tantos problemas ha presentado.

La actividad del porteo es legal, y funcionaba de acuerdo a la legislación de este Código, era un instrumento útil para el comercio de nuestro país. Si el gobierno en su momento pretendía controlar alguna irregularidad, no era empeorando la legislación existente como lo iba a lograr. Esto lo advertimos con vehemencia la Diputada Marielos Alfaro y mi persona, en la Comisión Plena Segunda, órgano legislativo que se encargó de dar paso a una ley carente de una correcta técnica legislativa como de una lógica jurídica.

La ley resultante, eliminó la palabra “personas” de la normativa del Código, y en nuestra opinión, violentó artículos constitucionales, aunque lamentablemente la Sala opinó diferente cuando fue consultada al respecto. Sin embargo, parece que el tiempo nos ha dado la razón, cuando vemos las manifestaciones recientes de taxistas, al considerar que quienes están realizando el porteo, lo están haciendo de manera contraria a la legislación.

El problema es que la ley vigente ignoró, de manera equivocada, el hecho de que la actividad del porteo es de carácter privado, y en su lugar, propuso una figura a la que denominó transporte especial estable de taxi, que debía ser otorgada por medio de un permiso. Sin embargo, aún cuando las personas que se dedicaban al porteo antes de la ley, afirman haber presentado los requisitos para que se les otorgue el permiso, este se les denegó, y sus apelaciones están sin resolver aún por parte del Consejo de Transporte. Y es este precisamente otro error que quedó establecido en la ley, es decir, otorgó más responsabilidades al Consejo, cuando sabemos que la eficiencia no es una de sus virtudes.

Una ley confusa, que creó una figura nueva, convirtió una actividad privada en un servicio que no se clasifica como concesión, ya que no es producto de una licitación pública sino de un permiso, desnaturalizando completamente la simplicidad de una actividad valiosa para el comercio. Es la causante del desorden y la inseguridad jurídica que se está presentando.

El desastre en el otorgamiento de placas de taxi, del cual Costa Rica ha sido testigo desde hace mucho tiempo, se repite ahora con los permisos para el transporte especial estable de taxi, y los más perjudicados resultan ser los usuarios de los servicios, que no sólo se quedan sin opciones efectivas de transporte, sino que además, se enfrentan a las protestas callejeras de los sectores involucrados, impidiendo su libre tránsito.

Nuestra Fracción Libertaria lo advirtió en su momento, con argumentos jurídicos y con el detalle de los principios constitucionales lesionados, pero no se nos escuchó. Nuestras palabras quedaron en las actas de aquella Comisión Plena, y las referencias a la jurisprudencia constitucional que mencionamos, y que se refiere a estos principios, puede ser consultada en ellas. Un grave error legislativo al amparo de un 208 bis orquestado desde las oficinas del exministro Jiménez en el MOPT, acuerpado por Liberación Nacional y otras fuerzas políticas que se precipitaron, que pusieron oídos sordos a nuestros argumentos, co-responsables del caos vial que un día sí y otro también, sufrimos todos los costarricenses.

¿Qué podemos hacer ahora? Lo pertinente es corregir el error normativo derogando o reformando esa ley, y, mientras tanto, debemos ser fiscalizadores estrictos en el otorgamiento de los permisos, exigiendo al Consejo de Transporte eficiencia en sus obligaciones, de lo contrario, estaremos alimentando un desorden colectivo que muy pronto se nos va a salir de control.

Concesiones y corrupción (II)

Continuando sobre la controversial historia de las concesiones en Costa Rica, la terminal de contenedores del puerto de Moín, la carretera a Caldera, la prórroga del  monopolio de Riteve por 10 años, entre otras, se viene a cerrar recientemente con “broche de oro”, con el refrendo que otorgó la Contraloría a la concesión del corredor vial San José-San Ramón, a otra empresa extranjera, O.A.S, obra que tiene todo su tramo construido con recursos del estado costarricense desde hace 40 años, y por la cual se pretende que paguemos un peaje de 8 dólares, tan solo con el banderazo de inicio de las mejoras, y no una vez concluida  las mismas, como debe ser lo lógico en toda negociación de este tipo.

Desde el 2005 la concesionaria inicial, Autopistas del Valle, prima de Autopistas del Sol, se había declarado en insolvencia para poder iniciar el contrato, situación que luego de varios años de tolerancia por parte de nuestros gobiernos, permite el traspaso del contrato a la empresa O.A.S, y esta le otorga, por la cesión del mismo, la módica suma de 35 millones de dólares a Autopistas del Valle, empresa que sin haber invertido un cinco en las obras, se gana esa suma de dinero que al  final saldrá del bolsillo de todos nosotros los futuros usuarios.

Pero lo más serio aún, es que el Ministro Pedro Castro, fue consultor pagado por la compañía adjudicataria, es decir, don Pedro realiza “el tiro de esquina” , y él mismo se viene al “área chica y mete el gol”. Pocas veces hemos visto tal desfachatez en el ejercicio de la función pública.

Quisiera saber cual es el contubernio que existe entre las autoridades de gobierno del Partido Liberación Nacional, y la contraloría general de la república.

Considero un imperativo la comparecencia de la Sra. Contralora en este Plenario, así como la instalación de un órgano investigativo para hurgar más profundo en estos temas.

Además, deseo reiterar que es insostenible la permanencia del Ministro de Transportes en el cargo; no es relevándolo solo de participar en las negociaciones de revisión, o de la rescisión de la concesión, como es lo procedente, como se puede tranquilizar al pueblo costarricense o quitar ese barniz de corrupción que recubre toda esta temática.

También don Edwin Rodríguez Aguilera, cercano colaborador del Ministro, y Director Ejecutivo del Programa de Concesiones, corresponsable de lo que acontece, y cuyo título oficial de “SECRETARIO TECNICO”, lo utiliza para que creamos que él es quien toma las actas únicamente.

No olvidemos que por mandato expreso de ley, son miembros del Consejo de Concesiones, con representación indelegable, el Ministro Pedro Castro quien lo preside, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Planificación, y el Presidente

Ejecutivo del Banco Central, y ninguno de estos altos funcionarios tampoco nos explican nada.

Por todo esto, las renuncias o su destitución, es lo menos que podemos esperar; así como la detención inmediata de la cuestionada concesión, sin que ello signifique que no se realice tan necesaria e importante obra de infraestructura vial.

Más transparencia, señores del gobierno, y más supervisión señora Contralora, eso es lo que pide a gritos el pueblo Costa Rica.

Concesiones y Corrupción (I)

Quiero referirme a un tema muy importante y preguntar ¿qué está pasando en Costa Rica?, ¿qué sucede con nuestros órganos de control y fiscalización del Estado?

       La palabra concesión se ha vuelto sinónimo de corrupción.  ¿Cómo puede ser que una legislación que tomó años en aprobarse, y que en países afines al nuestro ha sido un instrumento transparente de desarrollo vial y portuario, haya caído en un desprestigio tan vertiginoso y reversible, que el solo nombre de una concesión activa suspicacias, tan lamentable y acertadamente fundamentadas que aterrorizan ¾y con sobrada razón¾ a todos los costarricenses?

       El problema de fondo radica, entre otros, que el vigilante, por mandato legal, abandonó la perspectiva de su encargo primario, lo incumple y ya no vigila por dedicarse a pontificar urbe et orbi sobre aspectos que, bien sea, los desconoce o no le corresponden.

       La Contraloría General de la República, el órgano auxiliar de esta Asamblea, encargado de ello, ha perdido su norte.

       Desde hace varios años, en una renuncia implícita a su facultad de refrendo como requisito de eficacia, se viene refrendando contrataciones y concesiones de dudoso origen e implementación, sin que en esta Asamblea Legislativa nos hayamos tomado la molestia de investigar a la actual contralora, quien también fue subcontralora por ocho años; tampoco lo que está sucediendo al interior de esta institución.

       Estamos abdicando del derecho constitucionalmente encomendado de practicar el control político: tomemos a la Contraloría, no obligamos a nuestro órgano auxiliar a rendir cuentas en este plenario.  Ejemplos de dudosos procedimientos y adjudicaciones sobran, un único oferente para el proceso del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, se otorgó con fluidez y sin competencias, y aquí paz y en el cielo gloria.

       El escándalo de la concesión monopólica de la terminal de contenedores del puerto de Moín a un consorcio, única oferente también en una licitación, probablemente direccionada, pasó de manera expedita y ya nadie lo recuerda.

       La prórroga por diez años más al monopolio del contrato con Riteve, firmada por el Ejecutivo y de la cual, ante una petitoria formal de investigación que realizamos los miembros de la fracción parlamentaria del Movimiento Libertario hace más de nueve meses, la Contraloría aún no responde, y cada vez que llamamos nos dicen que la investigación está en proceso, ¾en proceso de archivo, diría yo¾.

       Luego vinieron los múltiples escándalos, no aclarados todavía, sobre el desastre del corredor vial San José-Caldera.  En esta propia Asamblea, en la comisión investigadora, basta leer las actas, en las cuales el exgerente del proyecto y reconocido profesional, doctor en Economía, Stephan Brunner, dejó establecido ¾con tal claridad que estremece¾ que existen más de cien millones de dólares que el viento se llevó.

       En los últimos cinco años, producto de la concesión de la carretera a Caldera y del aumento del monto inicial en más de un trescientos por ciento, todo ello con el visto bueno del Consejo Nacional de Concesiones del Conavi como administrador de los recursos y de la Contraloría, a tal extremo que, tres años después de estar en funcionamiento la carretera, aún no corre el período de veinticinco años de explotación de la obra, porque esta no ha sido entregada oficialmente al Gobierno de Costa Rica, es decir, la obra aún no está terminada, a pesar de los millones que la empresa supervisora encargada Cacisa, cobró por la supuesta supervisión de esa infraestructura vial.