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martes, 25 de junio de 2013

Combustibles mejores y más baratos para Costa Rica

Todos los costarricenses hemos sufrido de alguna u otra forma el aumento del costo de la vida. En muchas ocasiones, los alimentos, el costo del transporte público, de los servicios públicos como  electricidad y agua, encarecen significativamente su precio, y la justificación de quienes toman esas decisiones, casi siempre es el aumento de los combustibles.

Esto aparenta ser lógico cuando la generación depende en alto grado de los combustibles; lo que no tiene una explicación razonable es que, cuando el precio del dólar sube, los combustibles también suben y cuando el precio del dólar baja, los combustibles no descienden, sino que, en muchas ocasiones, suben sin explicación técnica que sustente. Peor aún, el precio internacional del petróleo  no sufre cambios, pero la gasolina que consumimos las y los costarricenses va para arriba y, cuando viene  una rebaja, esta resulta risible, y no significa alivio alguno para los consumidores.

Este fenómeno tiene una raíz profunda, que las Fracciones del Movimiento Libertario 1998 – 2002, 2002 – 2006 y la nuestra, han venido denunciando, el nocivo monopolio de RECOPE. En las anteriores legislaturas se presentaron proyectos de ley hoy archivados. En esta oportunidad, por medio de la iniciativa de nuestro compañero Diputado Danilo Cubero, hemos puesto sobre la mesa una solución viable y práctica al incremento del precio de los combustibles, por medio del proyecto de ley 18598, Apertura del Monopolio Estatal de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

El objetivo de este proyecto es que, bajo el principio de libre competencia, los sujetos de derecho público o derecho privado puedan realizar la actividad comercial de refinación, importación, transportación y distribución al mayoreo, del petróleo crudo y sus derivados, comprendidos en combustibles, asfaltos y naftas. Asimismo, esto aplicaría a los combustibles y sus derivados, desarrollados con fuentes alternativas al petróleo, con el objetivo de satisfacer las necesidades a nivel nacional. No sería entonces una actividad comercial exclusiva en favor del Estado costarricense.

Además de las consecuencias descritas en el precio de los combustibles por tener este monopolio, los medios de comunicación han sido insistentes en el costo que significa para los costarricenses, mantener esta institución. Los salarios más caros y convenciones colectivas abusivas, hacen caer en desigualdad a los empleados públicos de otras instituciones que no gozan de privilegios. Por demás, las quejas constantes de la cuestionada calidad de los combustibles que nos llegan, son algunos de los muchos inconvenientes que presenta mantener este sistema.

Todas las Fracciones Libertarias anteriores y la nuestra, han enfatizado en los grandes inconvenientes que tienen los monopolios tanto públicos como privados. Con sólo analizar la historia de los mismos, podemos llegar a la conclusión de que hemos tenido razón en nuestras advertencias. Ejemplo de ésto es el retraso que tuvimos con el monopolio de las telecomunicaciones antes de la apertura, pero después de esta, no sólo empezamos a contar con la opción de más operadores para escoger, sino que el mismo ICE se actualizó significativamente con las últimas tecnologías para mejorar su servicio a los usuarios. De igual manera sucedió con el Instituto Nacional de Seguros, cuya cobertura mejoró a partir de encontrarse en competencia con otras aseguradoras.

Sigamos este mismo camino en lo que se refiere al monopolio de RECOPE, estudiemos mejor el dudoso negocio con la nueva refinadora de China, y aprobemos lo antes posible el proyecto 18598. Recordemos que toda nuestra producción económica, todavía es muy dependiente de los combustibles, y de no tomar medidas pronto, la perjudicada principal será nuestra economía.

jueves, 18 de abril de 2013

Concesiones y corrupción (II)

Continuando sobre la controversial historia de las concesiones en Costa Rica, la terminal de contenedores del puerto de Moín, la carretera a Caldera, la prórroga del  monopolio de Riteve por 10 años, entre otras, se viene a cerrar recientemente con “broche de oro”, con el refrendo que otorgó la Contraloría a la concesión del corredor vial San José-San Ramón, a otra empresa extranjera, O.A.S, obra que tiene todo su tramo construido con recursos del estado costarricense desde hace 40 años, y por la cual se pretende que paguemos un peaje de 8 dólares, tan solo con el banderazo de inicio de las mejoras, y no una vez concluida  las mismas, como debe ser lo lógico en toda negociación de este tipo.
Desde el 2005 la concesionaria inicial, Autopistas del Valle, prima de Autopistas del Sol, se había declarado en insolvencia para poder iniciar el contrato, situación que luego de varios años de tolerancia por parte de nuestros gobiernos, permite el traspaso del contrato a la empresa O.A.S, y esta le otorga, por la cesión del mismo, la módica suma de 35 millones de dólares a Autopistas del Valle, empresa que sin haber invertido un cinco en las obras, se gana esa suma de dinero que al  final saldrá del bolsillo de todos nosotros los futuros usuarios.
Pero lo más serio aún, es que el Ministro Pedro Castro, fue consultor pagado por la compañía adjudicataria, es decir, don Pedro realiza “el tiro de esquina” , y él mismo se viene al “área chica y mete el gol”. Pocas veces hemos visto tal desfachatez en el ejercicio de la función pública.
Quisiera saber cual es el contubernio que existe entre las autoridades de gobierno del Partido Liberación Nacional, y la contraloría general de la república.
Considero un imperativo la comparecencia de la Sra. Contralora en este Plenario, así como la instalación de un órgano investigativo para hurgar más profundo en estos temas.
Además, deseo reiterar que es insostenible la permanencia del Ministro de Transportes en el cargo; no es relevándolo solo de participar en las negociaciones de revisión, o de la rescisión de la concesión, como es lo procedente, como se puede tranquilizar al pueblo costarricense o quitar ese barniz de corrupción que recubre toda esta temática.
También don Edwin Rodríguez Aguilera, cercano colaborador del Ministro, y Director Ejecutivo del Programa de Concesiones, corresponsable de lo que acontece, y cuyo título oficial de “SECRETARIO TECNICO”, lo utiliza para que creamos que él es quien toma las actas únicamente.
No olvidemos que por mandato expreso de ley, son miembros del Consejo de Concesiones, con representación indelegable, el Ministro Pedro Castro quien lo preside, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Planificación, y el Presidente
Ejecutivo del Banco Central, y ninguno de estos altos funcionarios tampoco nos explican nada.
Por todo esto, las renuncias o su destitución, es lo menos que podemos esperar; así como la detención inmediata de la cuestionada concesión, sin que ello signifique que no se realice tan necesaria e importante obra de infraestructura vial.
Más transparencia, señores del gobierno, y más supervisión señora Contralora, eso es lo que pide a gritos el pueblo Costa Rica.

Concesiones y Corrupción (I)

Quiero referirme a un tema muy importante y preguntar ¿qué está pasando en Costa Rica?, ¿qué sucede con nuestros órganos de control y fiscalización del Estado?

       La palabra concesión se ha vuelto sinónimo de corrupción.  ¿Cómo puede ser que una legislación que tomó años en aprobarse, y que en países afines al nuestro ha sido un instrumento transparente de desarrollo vial y portuario, haya caído en un desprestigio tan vertiginoso y reversible, que el solo nombre de una concesión activa suspicacias, tan lamentable y acertadamente fundamentadas que aterrorizan ¾y con sobrada razón¾ a todos los costarricenses?

       El problema de fondo radica, entre otros, que el vigilante, por mandato legal, abandonó la perspectiva de su encargo primario, lo incumple y ya no vigila por dedicarse a pontificar urbe et orbi sobre aspectos que, bien sea, los desconoce o no le corresponden.

       La Contraloría General de la República, el órgano auxiliar de esta Asamblea, encargado de ello, ha perdido su norte.

       Desde hace varios años, en una renuncia implícita a su facultad de refrendo como requisito de eficacia, se viene refrendando contrataciones y concesiones de dudoso origen e implementación, sin que en esta Asamblea Legislativa nos hayamos tomado la molestia de investigar a la actual contralora, quien también fue subcontralora por ocho años; tampoco lo que está sucediendo al interior de esta institución.

       Estamos abdicando del derecho constitucionalmente encomendado de practicar el control político: tomemos a la Contraloría, no obligamos a nuestro órgano auxiliar a rendir cuentas en este plenario.  Ejemplos de dudosos procedimientos y adjudicaciones sobran, un único oferente para el proceso del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, se otorgó con fluidez y sin competencias, y aquí paz y en el cielo gloria.

       El escándalo de la concesión monopólica de la terminal de contenedores del puerto de Moín a un consorcio, única oferente también en una licitación, probablemente direccionada, pasó de manera expedita y ya nadie lo recuerda.

       La prórroga por diez años más al monopolio del contrato con Riteve, firmada por el Ejecutivo y de la cual, ante una petitoria formal de investigación que realizamos los miembros de la fracción parlamentaria del Movimiento Libertario hace más de nueve meses, la Contraloría aún no responde, y cada vez que llamamos nos dicen que la investigación está en proceso, ¾en proceso de archivo, diría yo¾.

       Luego vinieron los múltiples escándalos, no aclarados todavía, sobre el desastre del corredor vial San José-Caldera.  En esta propia Asamblea, en la comisión investigadora, basta leer las actas, en las cuales el exgerente del proyecto y reconocido profesional, doctor en Economía, Stephan Brunner, dejó establecido ¾con tal claridad que estremece¾ que existen más de cien millones de dólares que el viento se llevó.

       En los últimos cinco años, producto de la concesión de la carretera a Caldera y del aumento del monto inicial en más de un trescientos por ciento, todo ello con el visto bueno del Consejo Nacional de Concesiones del Conavi como administrador de los recursos y de la Contraloría, a tal extremo que, tres años después de estar en funcionamiento la carretera, aún no corre el período de veinticinco años de explotación de la obra, porque esta no ha sido entregada oficialmente al Gobierno de Costa Rica, es decir, la obra aún no está terminada, a pesar de los millones que la empresa supervisora encargada Cacisa, cobró por la supuesta supervisión de esa infraestructura vial.

viernes, 19 de octubre de 2012

Sobre el "fideicomiso educativo"

Las fracciones de oposición hemos sido generosas con el poder ejecutivo, en la aprobación de empréstitos para infraestructura y otros proyectos de desarrollo.
En los casi 30 meses de gestión parlamentaria, más de 1.500 millones de dólares, provenientes de varias instituciones  financieras internacionales, se han otorgado al gobierno central; además de autorizaciones en emisión de bonos para colocar en el extranjero, por un total de 4 mil millones de dólares que se aprobó recientemente, conocido en el mundo financiero como los eurobonos.
A pesar del evidente endeudamiento público, tanto interno como externo,  que según entendidos en la materia, ya llega al límite de deuda aceptable para el gobierno de Costa Rica, se discutirá pronto en el plenario otro nuevo endeudamiento por 167 millones de dólares, llamado de manera suave y muy decorosa “el Fideicomiso Educativo”.
Esta nueva deuda pública, es un préstamo que un banco público, en este caso el Banco Nacional, le da al Ministerio de Educación. La figura de pago sería un contrato de arrendamiento que el MEP haría con el Banco seleccionado, a largo plazo, 20 años, y una vez que se haya cancelado el valor del inmueble este pasaría a ser propiedad del MEP.
Se establece como objetivo, construir al menos 79 centros educativos –plataforma física- que no cuentan con infraestructura propia y/o adecuada (primaria, secundaria urbana, y de telesecundaria y liceos rurales), equipándolos por una única vez-plataforma tecnológica- Además, se construirían 24 canchas multiuso, que permiten el desarrollo de la formación ética, estética y cívica de los estudiantes.
Hasta aquí el marco teórico es loable, pero al establecerse que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, (DIEE), del MEP, creará una estructura llamada unidad ejecutora y supervisora del proyecto, quien sería la responsable de dar seguimiento a la ejecución del fideicomiso, es donde el proyecto se torna muy riesgoso.
Lo afirmo con evidencias contundentes, en los últimos 4 años esta dependencia del Ministerio de Educación, la DIIE, ha sub-ejecutado casi 56 mil millones de colones, destinados y presupuestados para remozar la deteriorada infraestructura educativa en todo el territorio nacional,
Se dice que el mantenimiento de la infraestructura durante el tiempo que dure el fideicomiso (máximo 20 años) correría por cuenta del Banco.
Las fuentes eventuales de financiamiento del fideicomiso, que el Gobierno tiene previstas son tres:
1. Un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
2. Un préstamo del BCIE  (Banco Centroamericano de Integración Económica).
3. Emisión de títulos valores: Dos emisiones de bonos (títulos valores) para captar fondos a plazos de 9.5 años y 9 años.
En resumen los dos aspectos negativos del proyecto son: Primero, el Fideicomiso requiere aprobación Legislativa y es más  “Endeudamiento Público”, y segundo, el órgano encargado de su ejecución – la DIEE- ha demostrado una deficiente capacidad de gestión administrativa  de los recursos asignados para infraestructura educativa durante estos 6 años de existencia, tal como lo demuestra en forma clara el último informe de la Contraloría General de La República.
El Movimiento Libertario ha presentado a la corriente legislativa, desde hace dos años, la solución práctica, sin endeudamiento, a través de la transformación de la DIIE en un órgano desconcentrado, el Consejo Nacional de la Infraestructura Educativa Pública, al cual me he referido en diversas oportunidades, recibiendo el silencio y la total indiferencia del Ministerio de Educación como respuesta.
El Fideicomiso Educativo tal y como está planteado, no es la solución al serio problema del deterioro progresivo de nuestras escuelas, colegios y jardines infantiles.