Continuando sobre la controversial historia de las concesiones en Costa Rica, la terminal de contenedores del puerto de Moín, la carretera a Caldera, la prórroga del monopolio de Riteve por 10 años, entre otras, se viene a cerrar recientemente con “broche de oro”, con el refrendo que otorgó la Contraloría a la concesión del corredor vial San José-San Ramón, a otra empresa extranjera, O.A.S, obra que tiene todo su tramo construido con recursos del estado costarricense desde hace 40 años, y por la cual se pretende que paguemos un peaje de 8 dólares, tan solo con el banderazo de inicio de las mejoras, y no una vez concluida las mismas, como debe ser lo lógico en toda negociación de este tipo.
Desde el 2005 la concesionaria inicial, Autopistas del Valle, prima de Autopistas del Sol, se había declarado en insolvencia para poder iniciar el contrato, situación que luego de varios años de tolerancia por parte de nuestros gobiernos, permite el traspaso del contrato a la empresa O.A.S, y esta le otorga, por la cesión del mismo, la módica suma de 35 millones de dólares a Autopistas del Valle, empresa que sin haber invertido un cinco en las obras, se gana esa suma de dinero que al final saldrá del bolsillo de todos nosotros los futuros usuarios.
Pero lo más serio aún, es que el Ministro Pedro Castro, fue consultor pagado por la compañía adjudicataria, es decir, don Pedro realiza “el tiro de esquina” , y él mismo se viene al “área chica y mete el gol”. Pocas veces hemos visto tal desfachatez en el ejercicio de la función pública.
Quisiera saber cual es el contubernio que existe entre las autoridades de gobierno del Partido Liberación Nacional, y la contraloría general de la república.
Considero un imperativo la comparecencia de la Sra. Contralora en este Plenario, así como la instalación de un órgano investigativo para hurgar más profundo en estos temas.
Además, deseo reiterar que es insostenible la permanencia del Ministro de Transportes en el cargo; no es relevándolo solo de participar en las negociaciones de revisión, o de la rescisión de la concesión, como es lo procedente, como se puede tranquilizar al pueblo costarricense o quitar ese barniz de corrupción que recubre toda esta temática.
También don Edwin Rodríguez Aguilera, cercano colaborador del Ministro, y Director Ejecutivo del Programa de Concesiones, corresponsable de lo que acontece, y cuyo título oficial de “SECRETARIO TECNICO”, lo utiliza para que creamos que él es quien toma las actas únicamente.
No olvidemos que por mandato expreso de ley, son miembros del Consejo de Concesiones, con representación indelegable, el Ministro Pedro Castro quien lo preside, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Planificación, y el Presidente
Ejecutivo del Banco Central, y ninguno de estos altos funcionarios tampoco nos explican nada.
Por todo esto, las renuncias o su destitución, es lo menos que podemos esperar; así como la detención inmediata de la cuestionada concesión, sin que ello signifique que no se realice tan necesaria e importante obra de infraestructura vial.
Más transparencia, señores del gobierno, y más supervisión señora Contralora, eso es lo que pide a gritos el pueblo Costa Rica.
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