Quiero referirme a un tema muy importante y preguntar ¿qué está pasando en Costa Rica?, ¿qué sucede con nuestros órganos de control y fiscalización del Estado?
La palabra concesión se ha vuelto sinónimo de corrupción. ¿Cómo puede ser que una legislación que tomó años en aprobarse, y que en países afines al nuestro ha sido un instrumento transparente de desarrollo vial y portuario, haya caído en un desprestigio tan vertiginoso y reversible, que el solo nombre de una concesión activa suspicacias, tan lamentable y acertadamente fundamentadas que aterrorizan ¾y con sobrada razón¾ a todos los costarricenses?
El problema de fondo radica, entre otros, que el vigilante, por mandato legal, abandonó la perspectiva de su encargo primario, lo incumple y ya no vigila por dedicarse a pontificar urbe et orbi sobre aspectos que, bien sea, los desconoce o no le corresponden.
La Contraloría General de la República, el órgano auxiliar de esta Asamblea, encargado de ello, ha perdido su norte.
Desde hace varios años, en una renuncia implícita a su facultad de refrendo como requisito de eficacia, se viene refrendando contrataciones y concesiones de dudoso origen e implementación, sin que en esta Asamblea Legislativa nos hayamos tomado la molestia de investigar a la actual contralora, quien también fue subcontralora por ocho años; tampoco lo que está sucediendo al interior de esta institución.
Estamos abdicando del derecho constitucionalmente encomendado de practicar el control político: tomemos a la Contraloría, no obligamos a nuestro órgano auxiliar a rendir cuentas en este plenario. Ejemplos de dudosos procedimientos y adjudicaciones sobran, un único oferente para el proceso del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, se otorgó con fluidez y sin competencias, y aquí paz y en el cielo gloria.
El escándalo de la concesión monopólica de la terminal de contenedores del puerto de Moín a un consorcio, única oferente también en una licitación, probablemente direccionada, pasó de manera expedita y ya nadie lo recuerda.
La prórroga por diez años más al monopolio del contrato con Riteve, firmada por el Ejecutivo y de la cual, ante una petitoria formal de investigación que realizamos los miembros de la fracción parlamentaria del Movimiento Libertario hace más de nueve meses, la Contraloría aún no responde, y cada vez que llamamos nos dicen que la investigación está en proceso, ¾en proceso de archivo, diría yo¾.
Luego vinieron los múltiples escándalos, no aclarados todavía, sobre el desastre del corredor vial San José-Caldera. En esta propia Asamblea, en la comisión investigadora, basta leer las actas, en las cuales el exgerente del proyecto y reconocido profesional, doctor en Economía, Stephan Brunner, dejó establecido ¾con tal claridad que estremece¾ que existen más de cien millones de dólares que el viento se llevó.
En los últimos cinco años, producto de la concesión de la carretera a Caldera y del aumento del monto inicial en más de un trescientos por ciento, todo ello con el visto bueno del Consejo Nacional de Concesiones del Conavi como administrador de los recursos y de la Contraloría, a tal extremo que, tres años después de estar en funcionamiento la carretera, aún no corre el período de veinticinco años de explotación de la obra, porque esta no ha sido entregada oficialmente al Gobierno de Costa Rica, es decir, la obra aún no está terminada, a pesar de los millones que la empresa supervisora encargada Cacisa, cobró por la supuesta supervisión de esa infraestructura vial.
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