PROYECTO CONTRA LA VIOLENCIA EN LOS ESTADIOS

Este  proyecto pretende establecer sanciones no carcelarias para personas que se vean involucradas en actos violentos o vandálicos en los espectáculos deportivos, al margen de las sanciones existentes en el Código Penal para delitos ya tipificados.

SE AUTORIZA LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SEGURIDAD EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS (SISED)

El SISED contendrá la información básica necesaria para proveer la seguridad con ocasión de los eventos deportivos y funcionará bajo la dependencia y organización del Ministerio de Seguridad Pública.
Las sanciones, medidas preventivas y anotaciones proferidas en virtud de la presente Ley deberán remitirse al SISED en los términos que señale el reglamento.

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

El Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, el ICODER, las municipalidades y  los comités cantonales de deportes, así como los demás organismos vinculados al deporte, diseñarán cursos - talleres sobre Educación para la Paz y la No Violencia, podrán programar la capacitación de docentes, habilitando el desarrollo de estas actividades y supervisando su ejecución en ámbitos adecuados y horarios accesibles a los destinatarios a que se refieren los artículos siguientes de la presente  ley.
Igualmente se podrán programar campañas educativas y preventivas, tendientes a evitar la violencia en escenarios deportivos a través de la prensa, radio, televisión, así como en escuelas, colegios, universidades y demás centros de enseñanza.
Los cursos-talleres referidos en los artículos anteriores se organizarán y ejecutarán anualmente, mediante convenios del ICODER con las municipalidades.

SE CREA TAMBIÉN LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS, ÓRGANO ADJUNTO AL MINISTERIO DE SEGURIDAD

 La Comisión estará integrada por:
1) Un representante del Ministerio de Seguridad Pública;
2) Un representante del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes;
3) Un representante del ICODER
4) Un representante del Comité Olímpico Nacional.
5) Tres representantes de las Federaciones deportivas del país.
El Comité será presidido por el representante del Ministerio de Seguridad Pública.
DE LAS SANCIONES
El deportista, jugador profesional, técnico, entrenador, preparador físico, colaborador, dirigente, concesionario o miembro de clubes, asociaciones o comisiones deportivas, que participe en la comisión de hechos de violencia, con motivo o con ocasión de un evento deportivo, antes, durante o después de él, será sancionado con multa de veinte (20) a cuarenta (40) días de prestación de servicios de utilidad pública, o por una prohibición de concurrencia a escenarios deportivos de orden público según la gravedad o reincidencia de la conducta.

Las sanciones  para espectadores asistentes que participen en hechos vandálicos dentro o en la periferia de los recintos van desde 1 a 5 años en “prohibición de concurrencia a los espectáculos” o “de 90 a 300 días de trabajos comunales obligatorios (prestación de servicios de utilidad pública)”, dependiendo de la gravedad de las faltas, las cuales están bien tipificadas en el proyecto.

VISITAS A LOS ALBERGUES DEL PANI

Quiero compartir las experiencias que observé el fin de semana pasado, con motivo de las visitas realizadas por mi despacho a cinco albergues del PANI en Tibás, Moravia, Goicoechea y Coronado.  Vengo muy satisfecha por las calidades humanas del personal y las tías que laboran en estos centros, así como por el cuido, la atención y el cariño que las funcionarias prodigan a estos niños.
 También me ha impresionado favorablemente el aseo y limpieza de los inmuebles y el alto valor nutricional de los alimentos que se ofrecen en esos albergues.  Algunas edificaciones son alquiladas y otras son propiedad del Patronato Nacional de la Infancia, es obvio que las estatales están en mejores condiciones, pues en ellas sí es posible invertir.  Sí me preocupa el hecho de no contar en estos centros con elementales equipos de cómputo ni acceso a las nuevas tecnologías de información, como tampoco fiscalización de asistencia a centros educativos cercanos de estos muchachos, niños y niños niñas, ni programas de capacitación in situ que le den ocupación a las mentes ociosas de los albergados temporal o permanentemente.  Concretamente, pude presenciar en una tapia trasera, en un albergue de Moravia, el orificio comunicante a un parque aledaño donde adolescentes salen por la noche a consumir drogas y regresan luego a sus habitaciones.
 Algunas edificaciones son alquiladas y esto hace imposible que tengan la infraestructura adecuada para albergar a todos estos niños y niñas.  Creo que con veintidós mil millones anuales de presupuesto y escasos doscientos cincuenta profesionales entre trabajadores sociales, abogados y sicólogos para sus múltiples funciones, el Sistema Nacional de Protección Integral, compuesto por el Consejo de la Niñez y la Adolescencia, el PANI, las juntas de protección de la niñez y la adolescencia y los comités tutelares de menores no dan a basto.
 Aprovecho este foro parlamentario para plantear la necesidad de dedicar más recursos para cultivar el espíritu y la mente de los menores; si hay un campo donde no debemos restringir aportes, es en la educación de nuestra niñez y adolescencia.
 A todos los compañeros diputados de la Comisión de Hacendarios,  les hago formal y vehemente petición para que dentro de la escasez de recursos fiscales derivemos un aporte para la inversión en la educación y el bienestar de nuestra niñez.

UN MODELO ASISTENCIAL AGOTADO

Continuamos con el estribillo de siempre en el SECTOR SALUD: “permanecen las listas de espera en la CCSS sin visos de solución, no hay signos de reducción a corto plazo”.

¿Deberán los asegurados de nuestro país acostumbrarse a este crónico panorama sanitario sin que los jerarcas competentes dediquen esfuerzos al respecto?

Cuatro distinguidas profesionales al mando del sector: UNA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA; UNA MINISTRA DE SALUD; UNA PRESIDENTA EJECUTIVA Y UNA GERENTE MEDICA, y NO observamos un ataque frontal al problema. Todo lo contrario, en el HOSPITAL DE LA MUJER, antigua MATERNIDAD CARIT, las diminutas salas de operaciones de 14 metros cuadrados están clausuradas por deficientes condiciones en equipamiento, ausencia de climatización requerida, altos índices de infección postoperatoria, y una sala de recuperación inapropiada; sigue creciendo el número de pacientes en espera de cirugía.

La Sala Constitucional ha ordenado la reanudación de las CIRUGÍAS VESPERTINAS a partir de las 4 PM en todos los QUIROFANOS del país para reducir las presas en operaciones que ya alcanzan meses y años de espera, y la SEÑORA GERENTE responde que no puede porque la JUNTA DIRECTIVA no ha podido tomar el acuerdo: ¿ DESDE CUANDO UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA de índole gerencial debe contar con el aval de una JUNTA?, ¿O es que en la CCSS LA JUNTA DIRECTIVA DECIDIÓ administrar la INSTITUCIÓN en lugar de dictar las POLÍTICAS GENERALES en materia de SEGURIDAD SOCIAL como debe ser su función?

Por otro lado, acabamos de presenciar un paro de médicos en formación de especialistas, molestos por la  lilegalidad de los contratos que firmaron para trabajar en zonas alejadas una vez que finalizan la especialidad. Tengo la impresión que dichos contratos pueden no tener sustento jurídico alguno por la excesiva garantía económica solicitada. ENTONCES; PREGUNTO: ¿CON CUALES ESPECIALISTAS PRETENDE LA CAJA SUPLIR EL DEFICIT PRESENTE Y FUTURO?

¿NO se han percatado las SEÑORAS JERARCAS que el modelo de prestación de servicios en forma ÚNICA Y MONOPOLIZADA está caduco?

Desconocen las SEÑORAS JERARCAS que cuando se fundó la CAJA, ésta nació como una verdadera CAJA RECOLECTORA DE FONDOS aportados por PATRONOS, ESTADO Y TRABAJADORES, la cual, compraba servicios a diferentes HOSPITALES Y CLÍNICAS administrados por las JUNTAS DE PROTECCIÓN SOCIAL y otras ORGANIZACIONES para la atención de los cotizantes , DE AHÍ SU VERDADERO NOMBRE.

Debemos retomar ese modelo de atención inicial de los años 40 y 50 pero comprando servicios a otros protagonistas actuales del sector salud , como COOPERATIVAS; FUNDACIONES , ASOCIACIONES DE MEDICOS Y OTROS PROFESIONALES, SOCIEDADES ANÓNIMAS; MEDICOS PENSIONADOS; realizando LICITACIONES TRANSPARENTES, BIEN PUBLICITADAS y sin suspicacias, para evacuar las listas de espera fuera o dentro de la Institución. Esta es la única forma en que podemos salir del MARASMO ASISTENCIAL en que ha caído la CCSS. Los asegurados urgen de una rápida solución al problema.

LA NECESIDAD DE REFORZAR LAS JUNTAS DE SALUD

Ser miembro de las Juntas de Salud de Hospitales y Clínicas, no desvela ya a los líderes locales ni de organizaciones vinculadas, y más bien se percibe un creciente desinterés por los temas sanitarios y de seguridad social en las diversas comunidades del país.

La comunicación de una buena gestión compartida entre los Directores de los centros de Salud y los ciudadanos viene tomando distancia. Hay un sentir generalizado de frustración por el desdén conque los jerarcas de cada centro se relacionan con los miembros de las Juntas; no se les toma opinión a la hora de elaborar presupuestos, priorizar gastos, ni se les consultan las necesidades sentidas para la confección de los planes operativos anuales de los hospitales y clínicas de su competencia.

Esta situación, ha traído una reducción en el grupo de comunalistas y empresarios con interés en elegir o ser electos en dichas Juntas.

El Proceso de DESCONCENTRACION, paralizado desde hace 8 años por la Alta Dirección de la CCSS, sa ha convertido en letra muerta a pesar del asfixiante aumento en el número de pacientes que esperan una cirugía, un procedimiento diagnóstico o una cita con un especialista.

Es por ello, que estoy promoviendo una reforma en el seno de la Comisión de Asuntos Sociales, para empoderar más a las Juntas de Salud en el sentido de darles mayores atribuciones y responsabilidades, realizar sus escogencias cada cuatro y no cada dos años como se ha venido dando, y crearles un perfil más protagónico, con un rol más dinámico para los miembros de dichas Juntas.

El traslado de acciones del nivel central a la periferia, es requisito indispensable para revitalizar la gestión local compartida en la toma de decisiones en las diversas unidades de la CCSS. Sin embargo, el darle una mayor autonomía a los Directores de Clínicas y Hospitales, debe ir acompañado también con un reforzamiento del control y participación de los costarricenses interesados, para un adecuado contrapeso y equilibrio administrativo en la red de servicios que brinda nuestra querida Institución.

Espero contar, en el momento procesal oportuno, con el apoyo de una gran mayoría de legisladores y legisladoras en mi proyecto de Fortalecimiento de la Desconcentración de la CCSS, presentado hace 3 meses en la corriente legislativa.

LIBERALICEMOS EL TRANSPORTE PÚBLICO

Deseo retomar el análisis de un conflicto que de nuevo adquiere mayor notoriedad por lo delicado de su temática laboral.


En la Comisión Plena Segunda se debate la eliminación del término “personas” del artículo 323 del código de trabajo, mediante un acuerdo entre un grupo de “supuestos taxistas informales” , mal llamados porteadores, el gobierno, y los “transportistas regulados de personas” mal llamados “taxistas formales”, que también son porteadores ante la ley.

No es conveniente, tal como se ha presentado en dicha Comisión, aprobar un acuerdo que elimina el “porteo de personas”; pues como lo han expresado diversos expertos y catedráticos en derecho comercial, sería dejar sin sustento legal a todas las restantes modalidades de tranporte de individuos, obligando a los tribunales a resolver los problemas con base al Código Civil, la costumbre mercantil, y los principios generales del Derecho.

La salida más viable, lógica y justa es liberar la prestación del servicio de transporte de personas mediante una reglamentación básica y participativa que exija calidad en la oferta y asegure protección al usuario.

En las grandes metrópolis del mundo, como Buenos Aires, México D.F, Sao Paolo, es abundante la cantidad de vehículos que ofrecen servicio de traslado de personas en abierta coexistencia pacífica y sana competencia. No existen ahí grupos de privilegio creados al amparo de gobiernos clientelistas, ni feudos proteccionistas producto de gratificaciones electorales por parte de un estado tutorial y paternalista.

El Movimiento Libertario no apadrina ningún elitismo empresarial ni mercantilismo político!!
Creemos en una competencia abierta que beneficie a los costarricenses y que no acepte imposiciones tarifarias de grupos de presión, ni de una Autoridad Reguladora complaciente.

El servicio de traslado de personas con unidades adecuadas, precios razonables en las diversas modalidades de transporte público, permitiría a gran cantidad de ciudadanos usar ese medio antes de usar los propios. Una cantidad suficiente de unidades dedicadas a esta labor debe ser tan grande como sea la demanda de los servicios por parte de los habitantes.

Debemos liberalizar este mercado cautivo que privilegia sectores de nuestra economía.

Nos decía un taxista Mexicano del Distrito Federal, donde abunda la oferta de este servicio a precios cuatro veces inferios al nuestro, que allá cualquier propietario de vehículo puede ingresar al mismo cumpliendo cinco requisitos generales ante la oficina competente:

Pintar el auto del color común a todos, modelo no mayor a 5 años atrás, una maría a tarifas bajas reguladas, licencia de conducir al día y una póliza de seguro especializada. Si no le va bien en el negocio el mismo mercado lo elimina de circulación.

Ejemplos similares de libre competencia hemos vivido en Costa Rica con otras actividades de nuestra economía en años recientes: Se hablaba hace 15 años que la llegada de los bancos privados traería la quiebra de la banca del estado, hoy día vemos el auge y coexistencia de ambas con rentas exitosas tanto para banqueros como para acredores y usuarios. Caso semejante ha sucedido con la llegada de la educación universitaria privada en competencia con las universidades públicas, donde notamos que la saturación de las privadas tocó límite de expansión dentro del mercado educativo.

Nuestra posición política e ideológica será continuar defendiendo al ciudadano para mejores y mayores servicios de calidad, colaborar con todo aquel que quiera buscar el sustento digno de su familia en igualdad de oportunidades y emprendimientos productivos, y nunca estar al servicio de grupos económicos de privilegio en detrimento de todos los ciudadanos.



Muchas gracias.

LEY DE EQUILIBRIO Y PROPORCIONALIDAD ELECTORAL

La colectividad mundial en su gran mayoría, ha elegido la democracia como sistema imperante, y dentro de ella, a los partidos políticos como el instrumento para canalizar la representación cívica en la toma de decisiones.

Nuestro régimen electoral, en materia de elección y adjudicación de las plazas de diputado durante los últimos 60 años, se ha caracterizado por ser poco representativo tanto en lo geopolítico como en lo individual. El sistema de listas cerradas por provincia, donde el elector desconoce a los aspirantes a una curul, ha patrocinado un vicio histórico de voto ciego, no razonado, y poco atractivo para los ciudadanos.

Con la llegada del nuevo procedimiento de elección de alcaldes, regidores y síndicos a medio período, hemos logrado personalizar y enriquecer esta soberana decisión, que confiere un mejor criterio de selección para las autoridades cantonales y distritales.

Por ello, es necesario entonces, enaltecer y privilegiar también la designación del Presidente de la República y de los diputados.

Desde esta perspectiva, es evidente que en la elección del 2014 se encuentra en juego únicamente la elección del presidente y los diputados, posponiéndose la elección de las autoridades locales para el 2016.

Esta coyuntura permitirá ponderar mejor las calidades, idoneidad y atestados de los postulantes, y facultará un mayor tiempo disponible durante el acto mismo de la emisión del sufragio dentro del aula.

He abordado este tema la tarde de hoy, haciendo eco de un creciente clamor popular, que reclama mejores opciones de participación de los electores en la escogencia de sus representantes diputadiles, así como una justa distribución geográfica y poblacional.

Todas las regiones del país, deben garantizarse un representante en el seno del Parlamento, y reitero que digo regiones y no cantones. Estoy convencida que el actual sistema de reparto, así como el hecho de que una misma región pueda ostentar tres, cuatro o cinco representantes y otras zonas ninguno, aunque sean populosas, le está haciendo un flaco favor a la democracia costarricense.

Debemos abocarnos con prontitud a fortalecer la idea de establecer 57 circunscripciones electorales por vecindad geográfica y población similar, distribuidas por provincia de acuerdo al censo periódico de habitantes realizado por el Tribunal Supremo de Elecciones. La adjudicación de plazas será por cocientes y residuos según la norma actual. Si en una provincia de 5 circunscripciones, un partido adquiere dos plazas, éstas serán otorgadas a las dos circunscripciones de mayor votación de dicho partido. Si sólo adquiere una plaza por cociente o subcociente, ésta se otorgará a la circunscripción más votada de dicho partido en esa provincia.

Debemos aprovechar la existencia de una nueva Comisión Especial de Asuntos electorales para intentar reformas de equilibrio y proporcionalidad electoral, que se ajusten a los tiempos modernos de mayor apertura hacia nuestros sufragantes, y darles un estímulo real que incentive a líderes nacionales y regionales a comprometerse más en la toma de decisiones y acceso al poder político.

Presentaré en los próximos días ante la Nueva Comisión, una reforma electoral concreta y de fácil implementación, que reúna soluciones prácticas para las inquietudes expuestas, con miras a los comicios del 2014.

Muchas gracias!

Mejorando la gestión en infraestructura educativa pública

He presentado en la corriente legislativa un proyecto bajo el expediente 17.819, “ Ley de creación del Consejo Nacional de Infraestructura Educativa Pública”.
Pretendo con su aprobación facilitar los procesos de diseño y elaboración de planos, dar celeridad a las contrataciones para la construcción, ampliación y remodelación, así como el mantenimiento preventivo de toda la red pública de escuelas, colegios y jardines infantiles prescolares.
Las obras en mención están hoy en día a cargo del Ministerio de Educación Pública , por medio de la “Dirección de Infraestructura y Equipamiento Escolar” (DIEE), creada por decreto ejecutivo en noviembre de 2007.

Según datos del MEP, a febrero de 2008 existen 3.593 Juntas de Educación y 611 Juntas Administrativas. Sin embargo, durante el quinquenio 2004-2008 las Juntas contaron con un total de 51.704 millones de colones a su disposición por parte de Hacienda, y solo utilizaron 17.278 millones; de hecho, de dejó de invertir dos terceras partes del disponible.
Esta deficiente gestión, que ha impedido invertir en obras a pesar de tantas necesidades, me ha movido a pensar que con un “Consejo Ejecutivo”, bien estructurado, con 7 miembros, de conformación mixta, pública (MEP-HACIENDA-MUNICIPAL) y privada (CAMARA DE LA CONSTRUCCION-JUNTAS DE EDUCACION-COLEGIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS), con máxima desconcentración y personalidad jurídica instrumental, pero adscrito al MEP, con el Ministro del ramo a la cabeza, puede consolidar la autonomía funcional suficiente para administrar los recursos con eficiencia y adecuado control.

Debo enfatizar que esta iniciativa no crea un elefante blanco, pues el costo administrativo, el salario de un Director Ejecutivo y el Auditor, así como del personal de apoyo, deriva de la estructura actualmente inoperante, y deberá sustentarse en una reorganización presupuestaria y logística bien planificada, que no podrá exceder el 5% de los ingresos totales destinados al nuevo Consejo. Su sede operativa estaría en la planta física del MEP para reducir gastos en alquileres y mayor burocracia.

Es evidente el deterioro y la carencia , en muchos casos, de centros educativos a lo largo de la geografía nacional. Vemos como en frecuentes ocasiones se imparten lecciones a la sombra de frondosos árboles o al alero de edificaciones no aptas para la docencia.
Ante este deprimente panorama es que solicito el apoyo sin reparos, tanto de mis compañeros y compañeras del Poder Legislativo, como de la contraparte competente del Poder Ejecutivo para llevar a feliz término esta iniciativa.


Damaris Quintana Porras
Diputada.