Las fracciones de oposición hemos sido generosas con el poder ejecutivo, en la aprobación de empréstitos para infraestructura y otros proyectos de desarrollo.
En los casi 30 meses de gestión parlamentaria, más de 1.500 millones de dólares, provenientes de varias instituciones financieras internacionales, se han otorgado al gobierno central; además de autorizaciones en emisión de bonos para colocar en el extranjero, por un total de 4 mil millones de dólares que se aprobó recientemente, conocido en el mundo financiero como los eurobonos.
A pesar del evidente endeudamiento público, tanto interno como externo, que según entendidos en la materia, ya llega al límite de deuda aceptable para el gobierno de Costa Rica, se discutirá pronto en el plenario otro nuevo endeudamiento por 167 millones de dólares, llamado de manera suave y muy decorosa “el Fideicomiso Educativo”.
Esta nueva deuda pública, es un préstamo que un banco público, en este caso el Banco Nacional, le da al Ministerio de Educación. La figura de pago sería un contrato de arrendamiento que el MEP haría con el Banco seleccionado, a largo plazo, 20 años, y una vez que se haya cancelado el valor del inmueble este pasaría a ser propiedad del MEP.
Se establece como objetivo, construir al menos 79 centros educativos –plataforma física- que no cuentan con infraestructura propia y/o adecuada (primaria, secundaria urbana, y de telesecundaria y liceos rurales), equipándolos por una única vez-plataforma tecnológica- Además, se construirían 24 canchas multiuso, que permiten el desarrollo de la formación ética, estética y cívica de los estudiantes.
Hasta aquí el marco teórico es loable, pero al establecerse que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, (DIEE), del MEP, creará una estructura llamada unidad ejecutora y supervisora del proyecto, quien sería la responsable de dar seguimiento a la ejecución del fideicomiso, es donde el proyecto se torna muy riesgoso.
Lo afirmo con evidencias contundentes, en los últimos 4 años esta dependencia del Ministerio de Educación, la DIIE, ha sub-ejecutado casi 56 mil millones de colones, destinados y presupuestados para remozar la deteriorada infraestructura educativa en todo el territorio nacional,
Se dice que el mantenimiento de la infraestructura durante el tiempo que dure el fideicomiso (máximo 20 años) correría por cuenta del Banco.
Las fuentes eventuales de financiamiento del fideicomiso, que el Gobierno tiene previstas son tres:
1. Un préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).
2. Un préstamo del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica).
3. Emisión de títulos valores: Dos emisiones de bonos (títulos valores) para captar fondos a plazos de 9.5 años y 9 años.
En resumen los dos aspectos negativos del proyecto son: Primero, el Fideicomiso requiere aprobación Legislativa y es más “Endeudamiento Público”, y segundo, el órgano encargado de su ejecución – la DIEE- ha demostrado una deficiente capacidad de gestión administrativa de los recursos asignados para infraestructura educativa durante estos 6 años de existencia, tal como lo demuestra en forma clara el último informe de la Contraloría General de La República.
El Movimiento Libertario ha presentado a la corriente legislativa, desde hace dos años, la solución práctica, sin endeudamiento, a través de la transformación de la DIIE en un órgano desconcentrado, el Consejo Nacional de la Infraestructura Educativa Pública, al cual me he referido en diversas oportunidades, recibiendo el silencio y la total indiferencia del Ministerio de Educación como respuesta.
El Fideicomiso Educativo tal y como está planteado, no es la solución al serio problema del deterioro progresivo de nuestras escuelas, colegios y jardines infantiles.
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