Combustibles mejores y más baratos para Costa Rica

Todos los costarricenses hemos sufrido de alguna u otra forma el aumento del costo de la vida. En muchas ocasiones, los alimentos, el costo del transporte público, de los servicios públicos como  electricidad y agua, encarecen significativamente su precio, y la justificación de quienes toman esas decisiones, casi siempre es el aumento de los combustibles.

Esto aparenta ser lógico cuando la generación depende en alto grado de los combustibles; lo que no tiene una explicación razonable es que, cuando el precio del dólar sube, los combustibles también suben y cuando el precio del dólar baja, los combustibles no descienden, sino que, en muchas ocasiones, suben sin explicación técnica que sustente. Peor aún, el precio internacional del petróleo  no sufre cambios, pero la gasolina que consumimos las y los costarricenses va para arriba y, cuando viene  una rebaja, esta resulta risible, y no significa alivio alguno para los consumidores.

Este fenómeno tiene una raíz profunda, que las Fracciones del Movimiento Libertario 1998 – 2002, 2002 – 2006 y la nuestra, han venido denunciando, el nocivo monopolio de RECOPE. En las anteriores legislaturas se presentaron proyectos de ley hoy archivados. En esta oportunidad, por medio de la iniciativa de nuestro compañero Diputado Danilo Cubero, hemos puesto sobre la mesa una solución viable y práctica al incremento del precio de los combustibles, por medio del proyecto de ley 18598, Apertura del Monopolio Estatal de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

El objetivo de este proyecto es que, bajo el principio de libre competencia, los sujetos de derecho público o derecho privado puedan realizar la actividad comercial de refinación, importación, transportación y distribución al mayoreo, del petróleo crudo y sus derivados, comprendidos en combustibles, asfaltos y naftas. Asimismo, esto aplicaría a los combustibles y sus derivados, desarrollados con fuentes alternativas al petróleo, con el objetivo de satisfacer las necesidades a nivel nacional. No sería entonces una actividad comercial exclusiva en favor del Estado costarricense.

Además de las consecuencias descritas en el precio de los combustibles por tener este monopolio, los medios de comunicación han sido insistentes en el costo que significa para los costarricenses, mantener esta institución. Los salarios más caros y convenciones colectivas abusivas, hacen caer en desigualdad a los empleados públicos de otras instituciones que no gozan de privilegios. Por demás, las quejas constantes de la cuestionada calidad de los combustibles que nos llegan, son algunos de los muchos inconvenientes que presenta mantener este sistema.

Todas las Fracciones Libertarias anteriores y la nuestra, han enfatizado en los grandes inconvenientes que tienen los monopolios tanto públicos como privados. Con sólo analizar la historia de los mismos, podemos llegar a la conclusión de que hemos tenido razón en nuestras advertencias. Ejemplo de ésto es el retraso que tuvimos con el monopolio de las telecomunicaciones antes de la apertura, pero después de esta, no sólo empezamos a contar con la opción de más operadores para escoger, sino que el mismo ICE se actualizó significativamente con las últimas tecnologías para mejorar su servicio a los usuarios. De igual manera sucedió con el Instituto Nacional de Seguros, cuya cobertura mejoró a partir de encontrarse en competencia con otras aseguradoras.

Sigamos este mismo camino en lo que se refiere al monopolio de RECOPE, estudiemos mejor el dudoso negocio con la nueva refinadora de China, y aprobemos lo antes posible el proyecto 18598. Recordemos que toda nuestra producción económica, todavía es muy dependiente de los combustibles, y de no tomar medidas pronto, la perjudicada principal será nuestra economía.

El Movimiento Libertario tenía razón

Una buena noticia entre tanto desprestigio que viene cubriendo a la clase política de nuestro país.

La Sala Constitucional ha decido frenar los procesos judiciales contra los partidos políticos por los supuestos delitos electorales. Acogió una acción de inconstitucionalidad contra cuatro artículos del Código Electoral que establecen sanciones por delitos electorales, y suspendió cualquier sentencia del Poder Judicial en ese sentido, hasta que no se resuelva el expediente por el fondo.

Siempre lo he venido sosteniendo en mis intervenciones de control político , que el Código Electoral aprobado en el año 2009, es un instrumento draconiano, ultra regulatorio, que pretende encarcelar dirigentes políticos que en su gran mayoría actuaron sin dolo, durante sus actividades proselitistas de la última campaña electoral.

Dije entonces que la judicialización de la política, sería una fuerza poderosa que alejaría aún más a los ciudadanos de participar activamente en los procesos electorales.

El extesorero del Partido Liberación nacional, Jorge Walter Bolaños, a través de su abogado, licenciado German Mora, argumentó que esos artículos supuestamente son inconstitucionales, porque lesionan los principios de libertad jurídica, razonabilidad, proporcionalidad e igualdad.

Cuando se tramitaba dicho código electoral en el año 2009, los diputados del Movimiento Libertario sostuvieron una fuerte lucha contra los diputados del PAC y de Liberación Nacional, para que no se aprobaran gran cantidad de artículos punitivos y de alto riesgo para el sano ejercicio de la democracia participativa. No fue posible, en aquel momento, hacer entender a diputados de esas fracciones, lo peligroso de la reforma que se tramitaba, y así consta en el expediente de esa ley para quienes deseen consultarlo.

 Aunque el resultado final del recurso todavía es incierto, el solo hecho de ser acogido por la Sala Cuarta, da pie para pensar que hay algunos vicios notorios de inconstitucionalidad en dicho Código.

De momento, hay un espacio de tranquilidad y un respiro para la clase política dirigente , para que al iniciarse un nuevo proceso con miras al 2014, permita meditar y estudiar la decisión definitiva de los señores magistrados, y deroguen paulatinamente, artículo desproporcionados, tal y como se hizo con la antigua ley de tránsito, aprobada en forma también irreflexiva por el mismo grupo de legisladores, que tanto dolor causaron a decenas de ciudadanos honestos con sus ocurrencias legislativas.

Hace más de un año propusimos reformas al código en varios sentidos, muchas de ellas idénticas a las que meses después presentó el Tribunal Supremos de Elecciones, y hoy día duermen el sueño de los justos en la Comisión de Asuntos Electorales. Fuimos objeto de una dura crítica por parte de un sector de la prensa y de la opinión pública, y hoy día el máximo Tribunal Constitucional empieza, en principio, a darnos la razón.

Otra vez tengo que reiterar en este Plenario, compañeros y compañeras diputadas que, PARA VERDADES, EL TIEMPO……

De mentiras del gobierno y verdades del Movimiento Libertario sobre la carretera a San Ramón

Hace unos cuantos días, Canal Siete dio reportaje informando que desde finales de los años 90, la comunidad de Monteverde en Puntarenas, celebró a lo grande la promesa de los políticos de turno, de una carretera asfaltada, desde la Interamericana norte hasta Santa Elena. Señalaba la información que “en esa oportunidad, la administración hizo los primeros 12 kilómetros entre Sardinal y Los Ángeles de Guacimal, así como otras obras en Monteverde, las cuales quedaron inconclusas.

Esta página en la historia de ese paradisíaco lugar, al igual que otras, todos la recuerdan. Cuando escucharon de los gobiernos promesas sobre la construcción de una carretera, que aún no llega. Los meses siguen pasando y la carretera no se construye, en una zona turística visitada por unos 300 mil turistas al año, los cuales transitan por un camino malo, pedregoso entre Guacimal y Monteverde. Los vecinos de la zona aseguran que es un mito que unos quieren la carretera y otros no. Ahora están unidos y han retomado una lucha para que las promesas se hagan realidad. Según los empresarios hoteleros y operadores, registran una disminución importante de turistas, tanto nacionales como extranjeros.”

Traigo a colación esta nota, para que, tanto los vecinos de San Ramón como todos nosotros como Diputados y diputadas, no olvidemos que continúa pendiente la construcción de una carretera de suma importancia para esta zona de Occidente. Recordemos el ejemplo de Monteverde, para no enterrar la lucha que se ha dado por los vecinos, y que podrìa correr la misma suerte si no solucionamos pronto el problema.

Hace quince días, recordé en este Plenario que existe en la corriente legislativa, un proyecto iniciativa de la Fracción del Movimiento Libertario, viable y práctico,  que le daría solución inmediata al tema de los recursos para la carretera.

Este, es el número 18763, Creación de fideicomiso de obra pública, para la construcción y mantenimiento de la carretera San José-San Ramón, autorizando al Instituto Nacional de Seguros para que traslade a título gratuito, el monto de ciento cincuenta mil millones de colones, a un fideicomiso, para la construcción y mantenimiento de la carretera, Al igual mencioné en aquella oportunidad, no ha sido posible su publicación, para darle inicio a su discusión por el fondo.

El evidente desinterés por parte del Poder Ejecutivo por darle una solución pronta a los vecinos de la zona, se contrapone a un derecho de respuesta por parte del Sr. Guillermo Constenla, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, publicada en el diario Extra el pasado 24 de mayo de los corrientes, en donde rebate el argumento de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), que ve con temor el uso de los recursos provenientes del Institutos para la carretera. Ante esta preocupación de la SUGESE, el Señor Constenla responde enfáticamente, abro comillas:

“En relación con la nota, “Sugese cautelosa en que el INS financie ruta”, publicada el día 21 de mayo, solicitamos publicar el siguiente derecho de respuesta: “El INS tiene sobrada liquidez. El INS mantiene inversiones totales por más de un $2.182 millones de dólares.  Invertir (no regalar), en obra pública un 7,5% de esa suma es totalmente factible. Invertir implica cobrar intereses y recibir la amortización del capital. ¿A dónde está el problema? Cuando en el INS decimos algo lo hacemos con fundamento: en los próximos meses el INS recuperará efectivo de inversiones por US$427 millones, para direccionar distintas inversiones según sea su decisión. Podría ser en el fideicomiso de obra pública. Es una inversión más rentable y más segura que la que se puede hacer en muchos de los instrumentos financieros disponibles en el mercado, tales como algunos fondos inmobiliarios para construir grandes torres de apartamentos, en los que se invierten recursos públicos, sin que nadie objete”.  Guillermo Constenla, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros.”

Ante esta respuesta, no queda más que dar trámite rápido a este proyecto que traerá un beneficio invaluable a la zona. No permitamos que los vecinos de San Ramón esperen veinte años, como los de Monteverde, por una carretera más que necesaria para su desarrollo, como les ha sucedido a tantos habitantes del país.

Una nueva y eficaz ley en contra de la violencia

Un afectuoso saludo. Deseo compartir con todos ustedes el discurso que pronuncié el pasado 30 de mayo ante el Plenario Legislativo, con motivo de la votación en segundo debate del "EXPEDIENTE LEGISLATIVO Nº 17870. LEY PARA LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EVENTOS DEPORTIVOS  (ORIGINALMENTE DENOMINADO): LEY PARA SANCIONAR LA VIOLENCIA EN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS". Proyecto que fué presentado por esta servidora y que ya hoy es Ley de la República.

“El día de hoy deseo  solicitar a este Plenario, su voto positivo a este proyecto de ley en su segundo debate y a la vez, agradecerles todas las sugerencias constructivas, dando como resultado una futura ley que viene a contrarrestar la ola de violencia en los eventos deportivos, culpable del alejamiento de las familias en el disfrute sano de los mismos.

El tema de la violencia en eventos deportivos, ha venido creciendo, no sólo en Costa Rica sino a nivel mundial; el aumento en la agresividad de las formas de violencia en este tipo de espectáculos, por parte de quienes asisten como espectadores, y por la ausencia de normativa legal, no penal, que prevenga y sancione las conductas violentas en tales circunstancias.

En países como España, Argentina y principalmente en Colombia, otrora expuestos a barras violentas, este tipo de medidas disciplinarias han resultado exitosas en el control y reducción de manifestaciones colectivas hostiles. Sin embargo, en Costa Rica el tema nunca se ha discutido de manera rigurosa, y mucho menos se han tomado medidas tendientes a corregir esta situación.

Reiteramos  hasta la saciedad, que el deporte es uno de los medios para alejar a nuestros jóvenes de los vicios y del ocio, y que es una forma de enseñarles de manera positiva, lo que es la disciplina, pero no hacemos nada para devolverles a ellos el disfrute pacífico del mismo.

Son innumerables, las oportunidades en las que, medios de comunicación notifican actos de violencia en nuestros estadios. En el periódico La Nación del 6 de noviembre del año 2012 se indicaba a propósito de un disturbio en un estadio:

“El tema no es nuevo. Los disturbios que producen las barras bravas en el futbol tico son conocidos por todos. El domingo previo al clásico volvieron a presentarse, con el saldo de siete personas detenidas.”

El 1 de abril del 2012 titulaba el medio digital CRHOY “Clásico con violencia” e indicaba:

“Desafortunadamente, la violencia no faltó en el clásico que se celebró hoy entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

Horas antes de que el juego iniciara, un nutrido grupo de la barra del Saprissa, la Ultra Morada, llenó el Paseo Colón, y fueron en busca de sus contrarios, los miembros de la barra de la Liga, conocida como La 12. Piedras, botellas y golpes inundaron la calle, pero tras una acertada y efectiva intervención de la Fuerza Pública, la zona retornó a la calma. Las barras fueron separadas y enviadas por distintas zonas hacia el reducto morado.

Juan José Andrade, Director de la Fuerza Pública, reportó en su cuenta de Twitter la detención de al menos 6 personas como parte de los operativos del Clásico.”

La Nación del 7 de mayo del presente año nos informaba:

“La Fuerza Pública reportó anoche que detuvo a ocho personas por los disturbios que se dieron el domingo luego del partido que Cartaginés le ganó 1-0 a Alajuelense en el estadio José Rafael Fello Meza.

Mediante un comunicado de la oficina de Relaciones Públicas y Prensa del Ministerio de Seguridad, se explica que las autoridades detuvieron a ocho sospechosos de alterar el orden público y asaltar a una señora, entre otros hechos.”

Lamentablemente, las referencias a ejemplos son interminables, por lo que es evidente la necesidad de una legislación sobre el tema.

Ante esta inquietud, el proyecto en discusión fue presentado por esta servidora, a nombre del Partido Movimiento Libertario, en sus pricipios de rescatar la seguridad ciudadana, el 28 de setiembre del año 2010. Es también producto  de la preocupación que me embargó al observar que en nuestro país, los eventos deportivos, se transformaron en pretexto para el desahogo de la violencia, de todos aquellos que no desean convivir en paz en ninguno de los ámbitos de la vida cotidiana.

El proyecto permaneció algún tiempo en el orden del día en Asuntos Sociales esperando la respuesta de todos los sectores consultados. Nos preocupamos para que todos los actores involucrados en los eventos masivos sobre deporte participaran. Se les consultó, entres otros, a todas las municipalidades, algunos Ministerios y entidades privadas como asociaciones y federaciones deportivas, la Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFUTBOL) y la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT), quienes mostraron un gran interés en el tema, y contribuyeron positivamente en las mejoras al mismo, con sus observaciones, quizá por ser testigos recurrentes de los desastres que provoca este tipo de violencia.

Se tomó en consideración sus respuestas, y se trabajó arduamente en la elaboración de un texto adecuado para nuestro medio, complementario de las normas de seguridad existentes. En este punto, agradezco la labor de las y los Diputados Elibeth Venegas, Jorge Rojas, Marielos Alfaro, Gloria Bejarano, Rita Chaves y Luis Antonio Aiza, así como de las y los asesores que realizaron un trabajo serio y determinante en el éxito de este proyecto.

Asimismo, agradezco la participación del Diputado Víctor Hernández en el texto dictaminado, por sus importantes aportes al mismo, y su ayuda en darle celeridad en el trámite.

Con respecto al texto mismo, el proyecto pretende, por una parte, que la ciudadanía tome conciencia por medio de la educación, para lograr prevenir estos actos de violencia y, por otra, proponemos sanciones para quienes no desean que el deporte en nuestro país, sea un motivo de reunión familiar y desarrollo integral de las personas, sino que han utilizado esa noble actividad, para deteriorar la convivencia pacífica de nuestros ciudadanos.

Hemos propuesto la creación de un sistema de información para respaldar al Ministerio de Seguridad en la labor de prevención y sanción de la violencia en eventos deportivos. Se crea para estos efectos el Sistema de Información para la Seguridad en Eventos Deportivos (SISED).

De igual forma, se crea la Comisión Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, que será dependencia del Ministerio de Seguridad Pública. Entre sus funciones estará el asesoramiento a las autoridades nacionales sobre temas de seguridad y prevención en el deporte, y la promoción de la adopción de medidas mínimas de seguridad, en los lugares en donde se desarrollen eventos deportivos,

La Comisión estará conformada por representantes del Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Cultura y Juventud, Ministerio de Salud, Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), Comité Olímpico Nacional,  Viceministerio de Justicia y Paz, Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) y de las federaciones deportivas del país.

Esta Comisión, tendrá como funciones: asesorar a las autoridades nacionales, que así lo requieran, en todo lo relativo a la seguridad y la prevención de la violencia en el deporte; recopilar y publicar anualmente los datos sobre la violencia en los recintos deportivos, así como realizar encuestas y estadísticas sobre la materia, conforme a lo establecido en la presente ley; elaborar orientaciones y recomendaciones generales para la organización de los eventos deportivos; promover e impulsar acciones de prevención y previsión de la violencia en eventos deportivos; realizar anualmente informes y estudios sobre las causas y los efectos de la violencia en los eventos deportivos oficiales y de competición.

En su parte sancionatoria, en el proyecto de ley se establece como sanción la prohibición de concurrencia a los estadios. Ya existe toda una legislación que regula conductas agresivas, pero lo que pretendemos es decirles a los causantes de la violencia, que no serán bienvenidos en los estadios por algún tiempo, si su asistencia a los mismos tiene como fin agredir y no disfrutar de los eventos.

Las sanciones de prohibición van de seis meses a cuatro años. Además, se deja abierta la posibilidad de realizar trabajo comunal, en algunos casos si el órgano director que aplica las sanciones lo considera necesario.

Lo que se pretende es regular la conducta de personas individuales y no de grupos, como lo son las barras, ya que en muchas ocasiones es difícil determinar quiénes son miembros de las mismas. Sabemos también que hay personas que no forman parte de las barras, pero que crean disturbios.

Otro de los grandes temas que toca el proyecto, es el de la prevención y la educación. Creemos firmemente que la violencia se debe reprimir, pero esto debe ir de la mano necesariamente de formación y educación para la ciudadanía, desde sus edades tempranas. Se establece por ello, la implementación de “cursos y talleres sobre educación para la paz y la no violencia en eventos deportivos”.

Igualmente, se podrán programar campañas educativas y preventivas  tendientes a evitar la violencia en recintos deportivos a través de la prensa, radio, televisión, así como en escuelas, colegios, centros educativos y demás centros de enseñanza.

En nuestros estadios y lugares para eventos deportivos, no serán bienvenidos los disturbios, las agresiones masivas, ni los insultos racistas. Costa Rica debe tomar las riendas de la paz, pero ya no en un discurso romántico ante las demás naciones, sino como una realidad para los que vivimos en este país.

Como bien lo indicó la Municipalidad de Heredia en su respuesta sobre el proyecto a la Comisión:

Es “oportuno el proyecto en cuestión, toda vez que en una sociedad como la nuestra en donde al calor de actividades deportivas se desatan hechos de violencia entre los participantes, aficionados, responsables, se hace necesario contar con un instrumento legal que de alguna manera mitigue y prevenga a la vez este tipo de comportamiento.”

Solicito a todos ustedes el voto afirmativo para este proyecto país. Gracias por su atención”.