Con gran placer voy a dar mi voto afirmativo en este
segundo debate a La Ley Reguladora de Investigación Biomédica, pues considero
prioritario que el desarrollo científico vaya de la mano con el respeto al
libre deseo de todos los seres humanos involucrados en procesos de
experimentación clínica.
El marco jurídico contempla reglas esenciales para el
accionar de los temas investigativos, en apego estricto a los conceptos de la
salud pública y a la integridad física de los participantes. Tiene como objeto
regular la investigación en seres humanos en materia de salud tanto en el
sector público como en el privado.
Sabemos que es necesario que la ciencia avance, y solo
investigando nuevos esquemas terapéuticos, es como encontraremos soluciones a
enfermedades cada vez más complejas y en algunos casos letales.
El fin primario siempre debe ser el logro de mejores
condiciones de vida para el individuo, y la consecusión de una mayor esperanza
de vida al nacer, todo dentro del mayor respeto a la dignidad de aquellos que voluntariamente
se comprometen con la experimentación clínica. Sin ella, no puede haber avance
tecnológico, ni aparición de nuevos fármacos para el combate de los diversos
tipos de enfermedades.
Este proyecto ha sufrido un largo trámite legislativo,
numerosas consultas y comparecencias personales de diversos actores expertos en
estos temas fueron realizadas. El criterio de expertos, y de connotados
asesores de todas las fracciones políticas siempre fue escuchado.
Como diputada miembro de la Comisión de Asuntos
Sociales, estoy convencida de las bondades de esta ley. Como todo producto del
intelecto humano, puede tener carencias y falencias susceptibles de ser
corregidas a futuro, pero considero que es un instrumento idóneo, bien
intencionado, que servirá como punto de partida para que de nuevo las
investigaciones clínicas se realicen en nuestro país, y que decenas de
compatriotas nos beneficiemos del alcance de esta ley.
El oscurantismo científico que hemos vivido durante
estos años, y la fuga de cerebros que ha debido migrar por la ausencia de una
normativa tan importante, tienen sus días contados. Un país con altos índices
educativos y prestigiosos indicadores en materia de salud pública, no podía
continuar por la senda de la inacción y de la postración científica que estas
prohibiciones absurdas nos han traído.
La Caja del Seguro Social, la Universidad de Costa
Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos. Las Universidades Privadas, la
Asociación Costarricense de Investigadores, y varios científicos con experiencia
internacional en el tema, vertieron sus opiniones y reiteraron que el proyecto
se ajusta a la legislación y a los estándares mundiales, y tutela adecuadamente
los derechos fundamentales y la protección de las personas que participan en
las investigaciones biomédicas.
En resumen, el derecho a la vida, a la salud, a la
integridad física y a la dignidad humana, se han conjugado de forma exitosa en
esta iniciativa de ley. Por estas razones, y por la urgente necesidad de contar
con un marco legal al respecto en nuestro país, mi voto será afirmativo para
esta futura Ley de la República.
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