La desigualdad en el
acceso a la educación pública ocupa de nuevo nuestra atención, así como también
la reiterada inequidad en la calidad de oportunidades básicas, para que los
jóvenes se preparen para el trabajo y el emprendimiento.
La prensa escrita
nos alerta sobre las precarias condiciones en que reciben lecciones más de
TREINTA Y CINCO MIL ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA en nuestro país.
SETENTA Y NUEVE
ESCUELAS Y COLEGIOS funcionan bajo toldos, sombras de frondosos árboles,
redondeles para festejos taurinos, edificaciones de asociaciones de desarrollo,
salones parroquiales y hasta galerones abandonados.
La portada de un
diario de circulación nacional nos muestra una fotografía de los alumnos del
Liceo de Quebrada Ganado, cantón de Garabito, donde doscientos veintisiete alumnos de Tárcoles,
Jacó, Orotina y Herradura, reciben clases en el redondel de toros de esa comunidad, bajo
temperaturas hasta de treinta y cinco grados, ráfagas de polvorienta brisa y materias
fecales en sus alrededores.
A quince kilómetros de
ahí, se ubica el Liceo Rural de Tárcoles con cientro ocho alumnos, en un antiguo
hospicio de huérfanos tomado por invasión de su Junta Directiva ante la
necesidad apremiante de tener al menos un remedo de centro educativo.
Hace diez meses
aprobamos en esta Asamblea el cacareado Fideicomiso Educativo por ciento sesenta y siete millones
de dólares, para que el Ministerio de
Educación y el Banco Nacional, priorizaran las obras de mayor urgencia en la
reparación y creación de nueva infraestructura educativa, proceso que todavía
no ha despegado.
Y lo dije en varias
oportunidades, y lo reitero, mientras la Dirección de
Infraestructura Educativa, adscrita al Ministerio de Educación, continúe
gerenciando, en asocio con las Juntas de Educación y las Juntas
Administrativas, estos procesos de compras y licitaciones, seguiremos con la ineficiencia y lentitud en la
adjudicación de obras y de todo tipo de contrataciones de la infraestructura
requerida.
Personalmente no voté
dicho fideicomiso, pues hace más de tres años presentamos un proyecto de ley para
reformar el ente encargado de este tipo de obras, con personería jurídica y
autonomía propia, adscrito al MEP, y no ha sido posible lograr su aprobación en
la corriente legislativa, pues desde la alta jerarquía del Ministerio de
Educación se ordenó su paralización.
Pero no solo es
importante equiparar las condiciones de calidad en los centros urbanos y
rurales públicos en cuanto a edificaciones, sino que la inclusión de materias
como la informática y el aprendizaje de un segundo idioma, son también necesarias
para la equidad de la formación estudiantil, de tal manera que todos los educandos salgan a competir al
mercado laboral en igualdad de condiciones, aunque después, considerando las
diferencias entre los seres humanos, cada cual tenga metas y niveles de
prosperidad distintos.
He querido de nuevo hacer
este recordatorio, con la esperanza que el nuevo grupo de legisladores electos,
y los nuevos gobernantes que escogeremos el próximo domingo, se sensibilicen
ante esta situación tan deplorable, que pareciera no haber sido una prioridad
para quienes muy pronto entregarán la rectoría de la educación pública en
nuestro país.
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