La eliminación de los certificados del aporte estatal y el traslado de esa plata, para ser administrada por el Tribunal Supremo de Elecciones, y no por los partidos políticos, ha tocado intereses muy fuertes.
Es evidente que alguien pretende continuar beneficiándose, al comprar bonos depreciados a los partidos políticos, para canjearlos meses después, por su valor nominal y con un interés del 22% anual. Bonos que como bien lo dijo el Magistrado Sobrado, constituyen un mecanismo perverso en la legislación electoral.
Sin embargo, el negocio es demasiado bueno como para dejarlo ir tan fácilmente.
Todos sabemos que las guerras son un negocio muy rentable para los productores de armas y explosivos, por ello siempre habrá quien las provoque, mientras los muertos los pongan otros.
Sabemos que si un sistema de salud no da abasto con sus camas hospitalarias, es porque la medicina preventiva está perdiendo la batalla en razón de la medicina curativa, y los ciudadanos requieren cada vez mayor hospitalización.
También sabemos, que cuando un sistema penitenciario se encuentra sobrepoblado, es debido a dos razones: o está fallando la prevención del delito, o a nuestra justicia penal se le está yendo la mano y estamos encarcelando todo, antes y después de los respectivos juicios.
Si los accidentes en nuestras carreteras vienen en aumento, y las presas cotidianas se han convertido en parte del paisaje urbano, es porque nuestra red vial está rezagada y es insuficiente.
Un proyecto de ley, que pretende trasladar los dineros del aporte estatal electoral al Tribunal Supremo de Elecciones, ha sido torpedeado fuertemente.
Me pregunto, si nuestro sistema electoral reformado en el año 2009, está demostrando que ha conducido a decenas de dirigentes políticos, a enfrentar procesos judiciales que anteriormente no veíamos, estará fallando el sistema, o es que los diversos actores de la política han cambiado su estilo de hacer política?
Me pregunto también, hemos investigado acaso en manos de quiénes, ha quedado la mayor parte de los 17 mil millones de colones, que se gastaron los partidos políticos, con fondos de todos los costarricenses, en la última campaña electoral?
¿ Quiénes han engrosado su patrimonio económico, con los espacios de prensa escrita y televisión mediante los bonos de la deuda política, y a costa de los torpes insultos y bajezas, que las diversas fuerzas políticas nos lanzamos mutuamente en cada campaña?
Mientras los partidos políticos ponemos los muertos, alguien se está quedando con lo grueso del caldo, y no somos precisamente los y las dirigentes políticas?
Nuestro sistema electoral está naufragando, la clase política se desangra en investigaciones sin fin, y tiende a destruirse ella misma, en lugar de promover un cambio y depurar el financiamiento de las campañas.
¿ Qué mejor transparencia que trasladarle al Tribunal Supremo de Elecciones toda la plata de la deuda política, y quitarle a los partidos esa brasa caliente cual es la administración de los fondos públicos?
No queremos quitar controles, queremos pasar la plata al Tribunal Supremo de Elecciones, para que no siga el manoteo de los fondos públicos; y si la plata y las contrataciones equitativas, de los espacios en prensa escrita, radio y televisión, los va a manejar el Tribunal, para qué queremos seguir fiscalizando a los partidos, que ya no tocarían un cinco.
O es que estamos temerosos de que el Tribunal racionalice el gasto, detenga el desperdicio y el derroche de espacios pagados, y se muera la gallinita de los huevos de oro, que llena los bolsillos de unos cuantos grupos económicos de interés, cada cuatro años?