CONTRA LA CORRUPCIÓN

Cuando la corrupción y el abuso del poder marcan el ritmo para algunas de las autoridades de una nación, las consecuencias en el pueblo no se hacen esperar, los recursos se desvían, y se le exige entonces más contribución a los ciudadanos, la calidad de los servicios públicos va en detrimento y la frustración de la gente es general. El costarricense se resiste cada vez más a participar de manera activa en la sociedad, y pierde hasta el deseo de elegir o ser electo. El desaliento popular satura el ambiente. Sólo con una tesis de cero tolerancia contra la corrupción, creíble y fundamentada, podemos motivar algún acercamiento a las urnas. Las entidades, públicas y privadas deberán desarrollar e implementar sistemas de gestión íntegra. Si esta política se implementa, la identificación de focos de posibles actos corruptos será posible. Algunos de estos focos son la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos, la ejecución de contratos sin la adecuada supervisión; y carteles de licitación hechos a la medida de potenciales oferentes y que desestimulan la participación, así como contrataciones de bienes y servicios innecesarios. Un Estado metido en áreas que no le corresponden, y lleno de tramitomanía innecesaria para la obtención de autorizaciones y aprobaciones gubernamentales, es territorio ideal para que se den actos ilícitos. El Movimiento Libertario, hace años, desde que su fracción unipersonal impulsó la Ley de Protección del Ciudadano Frente al Exceso de Trámites, ha demostrado que no sólo ha denunciado la corrupción, sino que también aprobó soluciones concretas para corregirla. Esto es importante mencionarlo, ahora que está de moda aseverar que los partidos políticos ofrecen promesas sin decir cómo alcanzarlas. Otra política propuesta para luchar contra la corrupción y el abuso del poder es la rendición de cuentas, pues también exigiremos que quienes detenten el poder político actúen congruente con una cultura de responsabilidad en cada uno de sus actos. No debe haber impunidad para quien transgrede la normativa sobre probidad en la función pública. Nunca hemos sido gobierno, y eso lo saben todos los costarricenses, pero a partir de mayo del 2014 impulsaremos de manera real y efectiva la participación ciudadana como mecanismo de control. Lo haremos a través de organizaciones que velen por la transparencia en la gestión pública y sus nexos con la privada. Exigiremos que toda información relevante relacionada con el manejo de fondos públicos, sea publicada en internet, por lo que cualquier persona con acceso a este medio, podrá ejercer su rol de fiscalización. Tendremos como objetivo fundamental, la eliminación de regulaciones innecesarias, pues ellas son fuente para que los funcionarios “cobren peaje”, para gestionar las cosas más rápido, o para que obstruir los permisos o autorizaciones para alguien. Apoyaremos la transformación del control en la administración pública hacia un modelo sustentado en el control posterior, en lugar de los controles previos. Asimismo, apoyaremos a todas las contralorías de servicios, tema en la que nuestra Fracción Libertaria, ya demostró que de las ideas vamos a los hechos, a través de la recién aprobada Ley de Contralorías. Su objetivo es crear un sistema nacional bien articulado, para garantizar el respeto de los usuarios y promover las políticas de calidad en la prestación de los servicios. Costarricenses, contra la corrupción hay mucho qué hacer, pero no podemos seguir postergando las acciones para combatirla. Meditemos bien el voto el próximo 2 de febrero.