El pasado 5 marzo de 2013,
la prensa reveló que 336 mil personas en el país viven en condiciones de
pobreza extrema, y que el Gobierno está lejos de cumplir la meta de dar
atención a esta población, tal como fue propuesto en el Plan Nacional de
Desarrollo.
El último dato disponible
revela que este flagelo afecta al 21, 6%
de los costarricenses. En total 1 millón
ciento cuarenta mil personas son pobres, cifra máxima en la historia del
país. Los costarricenses no ven
esperanza en el acceso a vivienda y más bien perciben que la pobreza aumentará.
Lamentablemente, este escenario parece ser cada vez más real si observamos las cifras
de los programas sociales dirigidos a los más necesitados. En muchos casos se
argumenta falta de recursos para atender a esta población, pero si hacemos un
seguimiento a la eficiencia de los programas, nos damos cuenta que los recursos
existen, pero la falta de planificación y de seguimiento, hace que estos no
lleguen a quienes lo requieren.
Estas afirmaciones las
sustento en la labor de fiscalización que la Contraloría General de la
República viene haciendo a los Programas Sociales Selectivos del Sector de
Bienestar Social y Familia, que cobija acciones tan importantes como lo son
Avancemos, los bonos para la vivienda, becas para estudiar, entre otros
altamente sensibles para la población en extrema pobreza.
Un ejemplo claro del
problema de planificación, de la incapacidad de detectar a la población
objetivo, y de la ausencia de seguimiento de los recursos que se destinan para
estos programas, es precisamente el caso del Fondo Nacional de Becas. Según el
informe de la Contraloría
DFOE-SOC-IF-15-2012, durante el 2011, FONABE concedió 216.821 becas
entre los diferentes subprogramas, lo que implicó una erogación de 32 mil
millones de colones, orientados principalmente a los estudiantes de educación
primaria, población que en el 2011 recibió un 77,5% del total de becas
otorgadas en ese periodo.
Al 31 de diciembre de 2011,
FONABE cerró el periodo presupuestario con 3 mil 400 millones de superávit
específico, subejecución que se originó entre otras situaciones, por las
limitaciones, a partir de julio de 2011, en la apertura de las cuentas bancarias
para los beneficiarios.
La suspensión de 36 mil
becas, y otra parte no asignada a nuevos beneficiarios; además de que, las
condiciones que regulan el uso de las diferentes fuentes de financiamiento,
estableció restricciones que impidieron aplicar parte de los recursos para beneficiar
a la población meta según criterio de
vulnerabilidad educativa.
Debo señalar que al 8 de
octubre de 2012, la Junta Directiva de FONABE había aprobado 196.745 becas por
la suma de 30 mil millones (81% del total programado para la concesión de
becas), así como la suspensión de 1.521 becas, equivalente a ¢284 millones.
Además, reportó montos sin ejecutar por casi 7 mil millones, que representan un
19% de los recursos presupuestados, y potencialmente 17.810 becas que se
pudieron haber asignado; todo un problema serio de gestión.
Estos datos se repiten en
muchos de los programas sociales, dirigidos como indiqué a las familias más
pobres de nuestro país y de los cuales la Contraloría viene alertando desde
hace tiempo. Estas afirmaciones las digo con el sinsabor de prever que, las
cifras de pobreza podrían aumentar, y las condiciones de esta población serían
cada vez más precarias, si
persistimos en otorgar el poder a las
mismos de siempre, quienes han sido muy activos fijándo metas, pero han quedado
debiendo en demasía el alcance, la
concresión y el seguimiento de las mismas.
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