En relación al conocido Informe de los Expertos, la Presidenta Chinchilla propone cuatro grupos de proyectos de ley, relacionados con reformas constitucionales, reformas al reglamento legislativo, a la jurisdicción constitucional y a varias leyes, como las leyes orgánicas de la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, entre otras.
Estas propuestas, recogen en parte las observaciones del mencionado informe. Sin embargo, me pregunto si son estas, las propuestas que el país requiere para salir de la parálisis actual en que se encuentra.
El análisis de estas propuestas no se agota en cinco minutos, pero puedo mencionar algunos de los muchos puntos que me preocupan, y que pueden rozar con la estabilidad de nuestro sistema democrático y de representación. Se pretende realizar reformas a la Constitución Política y al Reglamento de la Asamblea, encausadas principalmente a limitar la función de las y los diputados. Entre ellas, se disminuyen los tiempos de discusión de proyectos de ley en el Plenario, ignorando completamente que la esencia del análisis de los proyectos se da precisamente en este debate general. Es en el tiempo del uso de la palabra, en donde en muchas ocasiones, se logran acuerdos a partir del convencimiento y el intercambio de opiniones entre las diversas fracciones.
Otro punto a discutir, es el intento de acortar los tiempos para dictaminar los proyectos de ley. Es sorprendente esta reforma, ya que una de las principales críticas que ha tenido la Asamblea Legislativa, es la de aprobar leyes de una forma apresurada y sin mayor análisis. Considero que en muchas ocasiones esta acusación es injusta, pues en mi caso y en el de muchas compañeras y compañeros diputados, ha imperado el estudio y la responsabilidad a la hora de emitir el voto a los proyectos. Reconozco que existe presión de algunas fracciones para sacar aprobados, proyectos que están muy jóvenes en la corriente legislativa, y que tocan temas sumamente delicados, como es el caso de varios de los préstamos que se han tramitado, y que las presiones del oficialismo han promovido que se concreten sin el tiempo de meditación necesario.
En lo que se refiere al tema de reforma de la jurisdicción constitucional, se propone la creación de tribunales que resuelvan en primera instancia los recursos de amparo y de hábeas corpus. Esta modificación nace con la intención de desconcentrar la cantidad de asuntos que atiende la Sala Constitucional, pero debe analizarse si esta propuesta, es la solución adecuada para la población. Recordemos que de estos recursos depende el respeto de los derechos de los habitantes de este país, y es precisamente por la relevancia del tema, que el legislador destinó el estudio de tales recursos directamente a la Sala Constitucional. Además, debemos recordar que la jurisprudencia debe guardar armonía en sí misma. También, en esta reforma se propone que la presentación de tales recursos no suspenda los efectos del acto, lo que en algunas ocasiones podría provocar que un daño que esté realizando la Administración Pública, no cese, mientras el asunto no sea resuelto.
Son mucho más las observaciones a estos proyectos, que no es posible enumerarlas en cinco minutos, pero deseo que consideremos con sumo cuidado lo que nos han hecho llegar. Estoy consciente que Costa Rica urge de una solución integral, para atender sectores tan importantes como el económico y el social, pero no es produciendo leyes y más leyes como vamos a solucionar los problemas. El Poder Legislativo indudablemente tiene que mejorar su función, pero también lo debe hacer el Poder Ejecutivo, que pobre favor le hace al país desviando la atención hacia los otros Poderes de la Estado.
Como ejemplo, la creación de distritos electorales para elegir diputados es buena, pero será improductiva si no se acompaña de la distribución provincial por cocientes y residuos, para evitar que una sola fuerza política obtenga el triunfo en todas las circunscripciones electorales.
Los temas son variados, muy delicados, por lo que un análisis apresurado, o en paquete de reformas vía referéndum, no sería el camino prudente para la tramitación de las mismas.
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