El principal impulsor de la inflación

Quiero  referirme en esta ocasión, a la situación de alarma que, tanto el Instituto de Estadística y Censo- INEC-, como los diferentes medios de comunicación, lo vienen expresando. Hay un repunte inminente de la inflación, es decir en el índice mensual del crecimiento de precios de los bienes y servicios para los consumidores.

Un recibo de agua, por el cual una familia promedio pagaba hace un año 12 mil colones mensuales, hoy día paga 26 mil colones al mes por el mismo consumo de metros cúbicos del preciado líquido.

También el costo  de la energía eléctrica ha experimentado un alza desmedida en los últimos 12 meses. Un recibo que era de 22 mil colones por 250 watts de consumo eléctrico hace 1 año, hoy alcanza la suma de 38 mil colones mensuales como promedio.

Y es que este tipo de servicios básicos, están regulados, es decir, sus aumentos tarifarios son aprobados por la ARESEP- Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos-, diz que a través de un estudio de costos bien sustentado. Deduzco entonces que, es el mismo estado el responsable de una aceleración inflacionaria, y no son aquellos bienes y servicios de libre fijación y competencia de precios, los que atizan el crecimiento de los mismos. Volvemos al viejo y controversial tema de que son los mismos monopolios estatales, los disparadores de las tarifas, y no la libre competencia en el mercado.

Es decir, los precios regulados y tarifas se incrementaron un 16% (promedio) en los últimos 12 meses, mientras que los no regulados crecieron solamente un 4%.

Con claridad  lo ha dicho el diario La Nación  en su editorial del 18 de mayo, abro comillas: “Sabemos que se han realizado varios estudios, algunos muy complejos, para introducir eficiencia, calidad y productividad en la prestación de servicios públicos, pero, a estas alturas, no se han puesto en ejecución y todavía prevalecen en muchos de ellos, criterios jurídico-contables para establecer las tarifas con base en todos los costos de operación de las entidades, incluyendo las burocracias, como la del ICE. Y aunque las nuevas metodologías deban ser amparadas por leyes y normas aún por promulgar, el país debe avanzar para subsanar el rezago que por años se ha venido acumulando.

Dicho lo anterior, tampoco debe ignorarse el papel de la Contraloría General de la República en la fiscalización y control del gasto de las entidades, ni la evaluación de las erogaciones por sueldos y salarios, o las prebendas en los sobresueldos públicos, como tantas veces hemos señalado desde esta sección editorial. Las negociaciones con los sindicatos están atascadas y no se vislumbra un esfuerzo por reformar el sistema. Todo eso influye en los precios de los servicios prestados y, desde luego, en la inflación que recae sobre los bolsillos de los costarricenses”.  Cierro comillas.

Sr Regulador General, usted tiene la palabra.

Asambleas cantonales libertarias

Sobrada razón tuvo la Sala Constitucional cuando declaró que el obsoleto sistema de asambleas distritales, utilizado para renovar las estructuras de los partidos políticos, era un proceso inconstitucional, pues otorgaba a distritos pequeños el mismo valor numérico que a distritos populosos. Ejemplo claro era la desproporción entre el distrito de Hatillo en cantón central de San José con 45 mil electores, y el distrito de San Jerónimo en Moravia con 3 mil electores, ambos elegían 5 delegados a sus asambleas cantonales.

Algunos partidos no entendieron el mensaje de la Sala, y continuaron con el viejo sistema de distritales, no adecuaron sus estatutos a los cambios que los tiempos modernos imponen, y están teniendo serios problemas en la renovación legal de sus cuerpos directivos, y han puesto en peligro la conformación de sus nuevas asambleas nacionales, y por ende, la personería jurídica propia de sus Comités Ejecutivos Nacionales.

Nuestro partido, el Movimiento Libertario, un Partido dinámico, inclusivo, y en crecimiento constante, comprendió que los tiempos cambian, y que en vez de realizar 500 y resto de confrontaciones internas en cada uno de los distritos, era conveniente reducir las luchas internas a 81 asambleas electivas en cada uno de los cantones del país.

La experiencia ha sido exitosa y muy gratificante a lo ancho y largo de la geografía nacional. Las asambleas cantonales de nuestro partido, iniciadas hace 7 semanas, han sido vibrantes de entusiasmo y pletóricas en asistencia. Competencia desde 4 y 5 papeletas en cantones populosos, hasta papeletas únicas de consenso de dirigentes en algunos pocos cantones.

Filas de inscripción de hasta 75 metros en algunos centros de votación, para acreditarse ante los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, han obligado a dicho Tribunal a enviar 3 y 4 delegados supervisores, que han certificado la masiva concurrencia de nuestros militantes. Ahí están las actas para los incrédulos: Naranjo, Turrialba, El Guarco, Goicoechea, Escazú, Tibás, Coronado, Parrita, Aguirre, Limón centro, Heredia centro, entre otros, donde ha habido que improvisar sillas y cajas para sentar la gente. Quienes acudieron el domingo 17 de  marzo a Desamparados, pudieron observar la  gigantesca afluencia de votantes en la Escuela Joaquín García Monge. Hemos realizado casi 55 asambleas, restando apenas 26 para concluir esta etapa en las próximas 3 semanas.  Luego pasaremos, a inicios de  mayo, a nuestras asambleas provinciales y a fines de ese mismo mes, realizaremos nuestra primera Asamblea Nacional 2013-2017.

Humildes y sin grandes manifestaciones de ostentación partidaria, nos encaminamos a nuestra quinta consulta electoral. Tenemos Partido y muy pronto tendremos Candidato.

Parodiando al desaparecido dirigente deportivo, don Jorge Guillén, les recuerdo a los amigos líderes de otros partidos políticos: “NO SE REPARTAN NADA MIENTRAS EL MOVIMIENTO LIBERTARIO ESTÉ VIVO”.

Informe de los expertos y las propuestas de la Presidenta

En relación  al conocido Informe de los Expertos, la Presidenta Chinchilla propone cuatro grupos de proyectos de ley, relacionados con reformas constitucionales, reformas al reglamento legislativo, a la jurisdicción constitucional y a varias leyes, como las leyes orgánicas de la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, entre otras.

Estas propuestas, recogen en parte las observaciones del mencionado informe. Sin embargo, me pregunto si son estas, las propuestas que el país requiere para salir de la parálisis actual en que se encuentra.

El análisis de estas propuestas no se agota en cinco minutos, pero puedo mencionar algunos de los muchos puntos que me preocupan, y que pueden rozar con la estabilidad de nuestro sistema democrático y de representación. Se pretende realizar reformas a la Constitución Política y al Reglamento de la Asamblea, encausadas principalmente a limitar la función de las y los diputados. Entre ellas, se disminuyen los tiempos de discusión de proyectos de ley en el Plenario, ignorando completamente que la esencia del análisis de los proyectos se da precisamente en este debate general. Es en el tiempo del uso de la palabra, en donde en muchas ocasiones, se logran acuerdos a partir del convencimiento y el intercambio de opiniones entre las diversas fracciones.

Otro punto a discutir, es el intento de acortar los tiempos para dictaminar los proyectos de ley. Es sorprendente esta reforma, ya que una de las principales críticas que ha tenido la Asamblea Legislativa, es la de aprobar leyes de una forma apresurada y sin mayor análisis. Considero que en muchas ocasiones esta acusación es injusta, pues en mi caso y en el de muchas compañeras y compañeros diputados, ha imperado el estudio y la responsabilidad a la hora de emitir el voto a los proyectos. Reconozco que existe presión de algunas fracciones para sacar aprobados, proyectos que están muy jóvenes en la corriente legislativa, y que tocan temas sumamente delicados, como es el caso de varios de los préstamos que se han tramitado, y que las presiones del oficialismo han promovido que se concreten sin el tiempo de meditación necesario.

En lo que se refiere al tema de reforma de la jurisdicción constitucional, se propone la creación de tribunales que resuelvan en primera instancia los recursos de amparo y de hábeas corpus. Esta modificación nace con la intención de desconcentrar la cantidad de asuntos que atiende la Sala Constitucional, pero debe analizarse si esta propuesta, es la solución adecuada para la población. Recordemos que de estos recursos depende el respeto de los derechos de los habitantes de este país, y es precisamente por la relevancia del tema, que el legislador destinó el estudio de tales recursos directamente a la Sala Constitucional. Además, debemos recordar que la jurisprudencia debe guardar armonía en sí misma. También, en esta reforma se propone que la presentación de tales recursos no suspenda los efectos del acto, lo que en algunas ocasiones podría provocar que un daño que esté realizando la Administración Pública, no cese, mientras el asunto no sea resuelto.

Son mucho más las observaciones a estos proyectos, que no es posible enumerarlas en cinco minutos, pero deseo que consideremos con sumo cuidado lo que nos han hecho llegar.  Estoy consciente que Costa Rica urge de una solución integral, para atender sectores tan importantes como el económico y el social, pero no es produciendo leyes y más leyes como vamos a solucionar los problemas. El Poder Legislativo indudablemente tiene que mejorar su función, pero también lo debe hacer el Poder Ejecutivo, que pobre favor le hace al país desviando la atención hacia los otros Poderes de la Estado.

Como ejemplo, la creación de distritos electorales para elegir diputados es buena, pero será improductiva si no se acompaña de la distribución provincial por cocientes y residuos, para evitar que una sola fuerza política obtenga el triunfo en todas las circunscripciones electorales.

Los temas son variados, muy delicados, por lo que un análisis apresurado, o en paquete de reformas vía referéndum, no sería el camino prudente para la tramitación de las mismas.

Por una eficaz lucha contra la pobreza

El pasado 5 marzo de 2013, la prensa reveló que 336 mil personas en el país viven en condiciones de pobreza extrema, y que el Gobierno está lejos de cumplir la meta de dar atención a esta población, tal como fue propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.

El último dato disponible revela que este flagelo afecta  al 21, 6% de los costarricenses.  En total 1 millón ciento cuarenta mil personas son pobres, cifra máxima en la historia del país.   Los costarricenses no ven esperanza en el acceso a vivienda y más bien perciben que la pobreza aumentará. Lamentablemente, este escenario parece ser cada vez más real si observamos las cifras de los programas sociales dirigidos a los más necesitados. En muchos casos se argumenta falta de recursos para atender a esta población, pero si hacemos un seguimiento a la eficiencia de los programas, nos damos cuenta que los recursos existen, pero la falta de planificación y de seguimiento, hace que estos no lleguen a quienes lo requieren.

Estas afirmaciones las sustento en la labor de fiscalización que la Contraloría General de la República viene haciendo a los Programas Sociales Selectivos del Sector de Bienestar Social y Familia, que cobija acciones tan importantes como lo son Avancemos, los bonos para la vivienda, becas para estudiar, entre otros altamente sensibles para la población en extrema pobreza.

Un ejemplo claro del problema de planificación, de la incapacidad de detectar a la población objetivo, y de la ausencia de seguimiento de los recursos que se destinan para estos programas, es precisamente el caso del Fondo Nacional de Becas. Según el informe de la Contraloría  DFOE-SOC-IF-15-2012, durante el 2011, FONABE concedió 216.821 becas entre los diferentes subprogramas, lo que implicó una erogación de 32 mil millones de colones, orientados principalmente a los estudiantes de educación primaria, población que en el 2011 recibió un 77,5% del total de becas otorgadas en ese periodo.

Al 31 de diciembre de 2011, FONABE cerró el periodo presupuestario con 3 mil 400 millones de superávit específico, subejecución que se originó entre otras situaciones, por las limitaciones, a partir de julio de 2011, en la apertura de las cuentas bancarias para los beneficiarios.

La suspensión de 36 mil becas, y otra parte no asignada a nuevos beneficiarios; además de que, las condiciones que regulan el uso de las diferentes fuentes de financiamiento, estableció restricciones que impidieron aplicar parte de los recursos para beneficiar a la población meta según  criterio de vulnerabilidad educativa.

Debo señalar que al 8 de octubre de 2012, la Junta Directiva de FONABE había aprobado 196.745 becas por la suma de 30 mil millones (81% del total programado para la concesión de becas), así como la suspensión de 1.521 becas, equivalente a ¢284 millones. Además, reportó montos sin ejecutar por casi 7 mil millones, que representan un 19% de los recursos presupuestados, y potencialmente 17.810 becas que se pudieron haber asignado; todo un problema serio de gestión.

Estos datos se repiten en muchos de los programas sociales, dirigidos como indiqué a las familias más pobres de nuestro país y de los cuales la Contraloría viene alertando desde hace tiempo. Estas afirmaciones las digo con el sinsabor de prever que, las cifras de pobreza podrían aumentar, y las condiciones de esta población serían cada vez más precarias,   si persistimos  en otorgar el poder a las mismos de siempre, quienes han sido muy activos fijándo metas, pero han quedado debiendo en demasía  el alcance, la concresión y el seguimiento de las mismas.