Los grandes movimientos sociales son los únicos que han generado cambios de trascendencia, cuando el poder político pone oídos sordos al clamor popular.
La toma de la Bastilla por las bases populares francesas, que acabó con la monarquía de los Luises, sentó las bases de la Francia contemporánea.
La misma revolución rusa de inicios del siglo 20, que destronó a la dinastía de los zares, produjo uno de los más grandes movimientos de cambio social en la historia.
Estos dos ejemplos que he citado, fueron cruentos y violentos, dejaron muerte y gran convulsión a su alrededor.
Sin embargo, la historia nos dice que solo a través de la presión popular es como se producen las transformaciones sociales y políticas.
Pero la protesta pacífica y bien llevada da sus frutos también, ejemplo reciente, lo vivimos con las justas demandas de los agricultores y finqueros, que culminaron con la aprobación en primer debate, el lunes 20 de agosto, del proyecto de ley para reducir el impuesto de bienes inmuebles al agro.
Por ello, no es de extrañar, que el proceso ciudadano de recolección de 150 mil firmas, para convocar a un referéndum, a fin de despolitizar la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, y abolir la figura de la Presidencia Ejecutiva, para trocarla por una Gerencia General con criterios técnicos, pueda ser un proceso exitoso.
No ha sido posible que los gobiernos de turno, atiendan las demandas de todos los costarricenses, que claman por un cambio, en el modelo de gestión de los servicios de salud de nuestra máxima institución de seguridad social.
Bajo el manto de una cacareada autonomía constitucional, se viene protegiendo un sistema ineficiente, caduco, burocratizado, poco retributivo y en extremo politizado, botín de plazas asignadas con criterios partidistas, dentro del esquema de la seguridad social costarricense.
La democracia de las calles, de los grupos de presión, a veces es necesaria cuando las altas jerarquías institucionales se resisten al cambio necesario, y no quieren comprender, que todo sistema, llámese político, llámese económico, o de índole sanitario asistencial, tiene un inicio, pero también tiene procesos de revisión habitual, que promueven cambios urgentes y necesarios.
Si las autoridades del gobierno y sector salud, no establecen cambios en el rumbo de la Caja, casi invariablemente se verán obligadas, vía referéndum, a respetar la voluntad popular expresada en las urnas.
Cuando en los inicios de los años setenta, se creó la Ley de Presidencias Ejecutivas, el espíritu de la misma fue establecer mayor coordinación entre el Poder Ejecutivo y las instituciones autónomas. Con los años, el poder central fue metiendo sus tentáculos cada día con mayor fuerza, y hoy, dichas instituciones son casi ministerios, con dependencia directa del Ejecutivo.
La política partidista se ha entronizado de manera irreversible, y para aspirar a posiciones de mandos medios y superiores, solo puede hacerse a través de las estructuras partidarias del gobierno central.
La misma Caja del Seguro, revela un triste panorama de rencillas y persecuciones internas, desde funcionarios de alto rango, hasta miles de funcionarios de menor nivel, envueltos en procesos administrativos de tipo disciplinario, con el único fin de ser despedidos sin responsabilidad patronal. En resumen, son despidos camuflados bajo el viso de legalidad de procedimiento, Tengo el presentimiento que la convocatoria a ese referéndum se va a dar, pues es tarea posible la recolección de las firmas, dado el alto descontento ciudadano con la atención sanitaria existente, su obsoleto esquema de prestación de servicios médicos, los cuestionados manejos financieros de las reservas de los fondos de pensiones que salen constantemente a la luz pública.
Veremos que sorpresa nos depara esta futura y pacífica movilización ciudadana en materia de seguridad social.
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