Una ley muy necesaria…

En fecha reciente, en la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera, se dio segundo debate a un proyecto que, para dicha de todos los costarricenses, hoy es ley de la república. Dicha iniciativa, presentada por esta servidora y el diputado Edgardo Araya, tiene como fin ofrecer una atención psicoterapéutica a las personas que se vean inmersas en procesos y situaciones de violencia, y promover así una atención psicológica especializada para que éstas logren aprender a identificar, controlar y evitar las formas de violencia física, emocional, sexual y patrimonial, causadas intencionalmente o por negligencia. Esta ley se aplicará cuando una autoridad judicial, identifique a personas ofensoras de conductas tipificadas como violencia, en cualquiera de sus manifestaciones; así como de agresiones que se realicen como práctica discriminatoria o de ejercicio de dominio o del poder, por razón de género o cualquier otra, al tenor de las obligaciones contraídas por el Estado en materia de los derechos humanos.  La autoridad, un juez en la mayoría de los casos, de forma inmediata, deberá emitir una medida cautelar y notificarla de manera prioritaria y expedita, por los medios a su alcance, a la sede de área de salud respectiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que dicha instancia asuma lo de su encargo.

Sabemos por experiencia que, algunos meses de tratamiento de psicoterapia, pueden revertir o atenuar conductas agresivas en los pacientes bajo un esquema de apoyo sistemático y adecuado.

El espíritu del legislador, ha tenido como fin primordial, reducir el índice de delitos asociados a este tipo de conducta humana, que pueden ir desde lesiones físicas leves hasta graves, y en grado extremo hasta el homicidio, o secuelas con impedimentos físicos incapacitantes. También en la esfera mental puede dejar huellas severas, o hasta el conocido síndrome de stress post-traumático.

La Corte Suprema de Justica en Pleno, dio su aval a esta nueva ley, por sus implicaciones preventivas ya comentadas.

Recordemos que la conducta violenta no es una cuestión de género, pues se puede dar entre niños y niñas, entre adolescentes, entre adultos y hasta en adultos mayores, sin distingo de condición económica ni social.

Quiero hacer público mi agradecimiento a los compañeros y compañeras diputadas, tanto de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, como de la Plena Tercera, por el voto unánime y sin reparos, que dieron al proyecto. Estoy convencida que lo hicieron pensando en el bien superior de la nación, como debe ser todo acto reflexivo que busque siempre beneficios personales para los ciudadanos del país.