Encuestas recientes revelan que, un 45% de los ciudadanos dispuestos a votar en el 2014, no saben todavía por quien lo harán. Es decir, la mitad de los votantes no tiene aún ni un nombre, ni un partido afín, por el cual acercarse a las urnas.
Es innegable, que la judicialización de la política nacional ha contribuido a impulsar ese alejamiento. Un código electoral que se estrenó a finales del año 2009, donde erróneamente se incorporó como nuevos delitos, a hechos que en anteriores campañas eran aceptados como la costumbre usual, ha dañado peligrosamente la imagen de todos y todas las ciudadanas que participan en la política partidista.
Conseguir personas para ocupar posiciones en los Comités Ejecutivos, sobre todo en puestos de Tesorería, va a ser una labor titánica para los asambleístas de las diversas fuerzas políticas. Ser tesorero o tesorera de un partido, es tener un pie casi en la cárcel; el riesgo de ser esposado, exhibido y humillado en cualquier momento, es una amenaza latente, aún mayor, si pertenecen a las agrupaciones emergentes, que no tienen el amparo de un Ministerio Público o del Poder Ejecutivo de turno.
El haber penalizado conductas otrora consideradas propias del quehacer electoral, han hecho del nuevo código electoral, un arma intimidatoria y represiva muy peligrosa.
Se reafirma así, la famosa frase de Sebastián Bastiat, cuando afirmaba en el parlamento francés, que, cada vez que aprobamos una nueva ley, cercenamos una libertad.
El pueblo también es sabio, cuando ha manifestado a manera de chota, que cuantas menos leyes se aprueben en un parlamento, mejor es para todos los ciudadanos.
Tampoco es con la creación de nuevos partidos como se resuelven la apatía y el desencanto de los costarricenses.
Aquellos que piensan que, fundar nuevas fuerzas políticas, se puede hacer en conversaciones de pequeños grupos, tomando café o té, desconocen que los partidos hoy día, no se pueden fundar sin líderes; que lo primero que se debe buscar es el candidato, el cual debe tener liderazgo, reunir y conseguir recursos, tener un gran poder de convencimiento y persuasión, y enorme disposición anímica y de tiempo para recorrer todo el país de manera persistente.
He querido con este comentario, concientizar a los diputados sobre la necesidad de entrarle a una revisión del Código Electoral actual, para que el manejo del financiamiento del aporte estatal para la campaña próxima, pase a ser administrado por el Tribunal Supremo de Elecciones, y sea esta Institución, la que racionalice los espacios radiales, televisivos y de prensa escrita, de forma equitativa para todos los partidos, así como también el control de todo lo relacionado con el transporte gratuito y libre de signos partidarios para todos los votantes el día de las elecciones.
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