Debe otorgarse la desconcentración administrativa a todos los hospitales y clínicas de la institución, para que tengan autonomía presupuestaria y resuelvan las listas de espera según sus propias necesidades.
Durante un periodo de contingencia de 3 años, no se crearán nuevas plazas y sólo se repondrán aquellas cuyos funcionarios se acojan a la jubilación.
Es imperativo propiciar el cambio en forma paulatina y mediante planes piloto del modelo actual, donde la misma institución es la única que da la prestación del servicio, hacia un nuevo paradigma que involucre a otros actores del sector salud, como cooperativas, fundaciones, asociaciones médicas, sociedades anónimas, entre otros.
Las citas a especialista, procedimientos diagnósticos, y cirugías programadas a más de 3 meses , se resolverán con participación de los otros actores del sistema ya mencionados, declarando de SUMA URGENCIA NACIONAL la crisis actual, y poder realizar así los respectivos contratos de manera expedita, mediante carteles de participación mínima de dos o tres oferentes, a precios de economía de escala, promediados con el costo institucional y el costo de mercado.
Se realizarán convenios con todas las Universidades que imparten la carrera de Medicina, para promover la formación de más médicos especialistas.
Las disponibilidades y guardias médicas nocturnas y en fin de semana, deberán reorganizarse, unificando servicios por especialidad, alternando los diferentes hospitales de la institución.
Los gerentes, requieren escogerse con perfiles adecuados según cada gerencia; no es posible que el actual Gerente Administrativo se haya desempeñado como Gerente Financiero tiempo atrás, y luego, durante varios años como Gerente de Pensiones sin tener conocimientos actuariales.
Prima la obligación de conformar un equipo mixto, de actuarios externos e internos, para realizar un estudio confiable y reciente del verdadero estado del Seguro de Pensiones.
Las nuevas obras de infraestructura programadas, serán pospuestas por 2 años, y la creación de nuevos EBAIS, postergarse durante un periodo prudencial.
Finalmente, deben sentarse las responsabilidades a los jerarcas, tanto de la anterior como de la actual administración, por haber aumentado la planilla de 41.000 empleados en el 2005, a 49.000 en el 2011, sin un criterio técnico adecuado (el gasto en salarios se duplicó en 5 años) y con el único fin de maquillar los índices de desempleo y de sostener un clientelismo político-electoral irresponsable.
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