Sobre las… ¿futuras pensiones?

En la presente semana, vuelve a surgir la temática sobre la realidad del estado del Régimen de Pensiones de la Caja del Seguro Social.

El semanario El Financiero, en la portada de este lunes 25 de junio, nos alerta sobre nuestras futuras pensiones, que a partir del año 2015, tenderán a bajar en su monto mensual. A partir de esa fecha, 1.2 millones de trabajadores ya no se pensionarán  con un 60% del promedio de sus últimos salarios, que  podría bajar hasta un 40% de dicho promedio.

También se señala que el Régimen Obligatorio de Pensiones, creado en el 2002, con la Ley de Protección al Trabajador, apenas podrá compensar un 10% del promedio de los últimos salarios, a partir del año 2025.

Este problema aún continúa sin resolverse. La Superintendencia de Pensiones, SUPEN, ha manifestado reiteradamente que, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, conocido como Seguro de Pensiones, requerirá de reformas muy pronto, para garantizar una pensión digna para quienes opten por jubilarse a partir del 2030.

El riesgo para quienes planean retirarse a partir del 2030, según afirma el serio reportaje del Semanario, es perder parte de ese 43% prometido por el IVM, en un momento cuando ya no les sea posible tener un horizonte de ahorro-entre 25 y 35 años-, necesario para acumular un plan de pensión por otra vía.

Datos formales revelan que solo un 9% de cotizantes entre 35 y 60 años, tiene un sistema voluntario de pensión complementaria. El escaso interés de la población mencionada, en cotizar en aportes voluntarios, agravará la difícil situación que enfrentaremos todos aquellos mayores de 35 años.

Sabemos que la población nacional está cambiamdo su perfil demográfico. En los años cincuentas, el promedio de hijos por familia era de 5, hoy día es de 1.8 ; los nacimientos han disminuido, la mortalidad infantil por fortuna se ha reducido, y la esperanza de vida al nacer ronda los 80 años. En resumen, cada día habrá más personas mayores de 65 años, y menos niños y adultos jóvenes en Costa Rica. Nuestra población envejece, esto traerá menos cotizantes al sistema y más personas disfrutando del mismo.

Las disputas frecuentes y públicas, entre la Gerencia de Pensiones de la Caja y la SUPEN, continúan. De nuevo el periódico El Financiero trae el tema a la palestra.

El control político que estamos obligados a ejercer en este Parlamento, debe orientarse a buscar la realidad de los hechos. Consideramos que es mandatorio, por parte de la Junta Directiva de la institución, contratar un estudio actuarial externo, serio y de prestigio, para que realice un diagnóstico, y dé una tercera opinión en relación con el estado financiero del seguro de pensiones.

Si es necesario subir el porcentaje de aporte mensual de todos los que cotizamos, debe saberse a tiempo. Si es necesario subir la edad de retiro laboral también debemos conocerlo con transparencia; lo que no es correcto es continuar en tinieblas financieras, para evitar sorpresas desagradables, como las vividas con el seguro de salud que continúa en crisis, o como ha sucedido recientemente, con el estado real de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad.

La excitativa que hacemos esta tarde, a la Junta Directiva de la Caja, para realizar una evaluación externa, imparcial y seria, de la situación del régimen de pensiones no debe caer en el vacío .

Esperamos una pronta y positiva acogida Institucional a nuestras inquietudes, que tanto como cotizantes, y como representantes  populares, nos compete formular.

Una ley muy necesaria…

En fecha reciente, en la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera, se dio segundo debate a un proyecto que, para dicha de todos los costarricenses, hoy es ley de la república. Dicha iniciativa, presentada por esta servidora y el diputado Edgardo Araya, tiene como fin ofrecer una atención psicoterapéutica a las personas que se vean inmersas en procesos y situaciones de violencia, y promover así una atención psicológica especializada para que éstas logren aprender a identificar, controlar y evitar las formas de violencia física, emocional, sexual y patrimonial, causadas intencionalmente o por negligencia. Esta ley se aplicará cuando una autoridad judicial, identifique a personas ofensoras de conductas tipificadas como violencia, en cualquiera de sus manifestaciones; así como de agresiones que se realicen como práctica discriminatoria o de ejercicio de dominio o del poder, por razón de género o cualquier otra, al tenor de las obligaciones contraídas por el Estado en materia de los derechos humanos.  La autoridad, un juez en la mayoría de los casos, de forma inmediata, deberá emitir una medida cautelar y notificarla de manera prioritaria y expedita, por los medios a su alcance, a la sede de área de salud respectiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que dicha instancia asuma lo de su encargo.

Sabemos por experiencia que, algunos meses de tratamiento de psicoterapia, pueden revertir o atenuar conductas agresivas en los pacientes bajo un esquema de apoyo sistemático y adecuado.

El espíritu del legislador, ha tenido como fin primordial, reducir el índice de delitos asociados a este tipo de conducta humana, que pueden ir desde lesiones físicas leves hasta graves, y en grado extremo hasta el homicidio, o secuelas con impedimentos físicos incapacitantes. También en la esfera mental puede dejar huellas severas, o hasta el conocido síndrome de stress post-traumático.

La Corte Suprema de Justica en Pleno, dio su aval a esta nueva ley, por sus implicaciones preventivas ya comentadas.

Recordemos que la conducta violenta no es una cuestión de género, pues se puede dar entre niños y niñas, entre adolescentes, entre adultos y hasta en adultos mayores, sin distingo de condición económica ni social.

Quiero hacer público mi agradecimiento a los compañeros y compañeras diputadas, tanto de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, como de la Plena Tercera, por el voto unánime y sin reparos, que dieron al proyecto. Estoy convencida que lo hicieron pensando en el bien superior de la nación, como debe ser todo acto reflexivo que busque siempre beneficios personales para los ciudadanos del país.