En su extenso informe, la Defensoría de los Habitantes, resalta, entre otros, en la página 78, de manera específica en el cuadro N° 6, las solicitudes de intervención por Dirección de Defensa, y Hecho Violatorio, ocurridos durante el año 2011. Sobresalen ahí, la denegación, deficiencia o maltrato en los servicios de salud con 246 denuncias tramitadas, la dilación o negativa injustificada en trámites administrativos con 269 casos, y el hostigamiento sexual y abuso en el sector público, con 311 denuncias.
Otros aspectos sensibles que denota el presente informe, página 165, son el estado de avance de la Red Oncológica Nacional con los fondos del antiguo Instituto del Cáncer, así como el estado de las listas de espera en cirugías y citas a especialista en la Caja del Seguro Social. Aunque es notorio el intento por dar celeridad a la compra de los equipos tecnológicos necesarios, tanto para el tratamiento del cáncer como para su detección precoz, existe una brecha enorme en relación a la formación, capacitación, especialización de personal médico y paramédico, en los diferentes ámbitos de la Oncología Clínica, Quirúrgica, Quimio y Radioterapia en la Caja. Sentimos que la compra de implementos y equipo de tecnología de punta, no lleva una proporción con el recurso humano necesario para el adecuado y oportuno uso de los mismos. De nada sirve una inversión grande en equipamiento, sin una programación paralela de los médicos y técnicos encargados de su funcionamiento y mantenimiento a futuro.
En relación con este tema, hemos visto una denuncia reciente, documentada, que la Unión de Empleados de la Caja interpuso ante la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Salud y el INAMU para que se investigue a la Caja por la presa de mamografías en todos los centros de salud, que asciende a 53.792 exámenes radiológicos.
La investigación efectuada por Undeca, concluye que el control del cáncer de mama, cuenta con graves deficiencias y dificultades que deben de investigarse a mayor profundidad.
“Con este sano propósito procedimos a entregar la documentación respectiva, prueba de lo denunciado”, anunció Undeca.
Solicitó también se proceda a indagar para que en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), deje de prevalecer la impunidad y se sienten las responsabilidades del caso.
Además, de igual manera debe hacerse con el asunto de las citologías, donde se encubre a los responsables, principalmente cuando estos ocupan cargos importantes como en ambos casos.
Revela también que en la zona sur, se evidencia la situación más grave, pues según la documentación, existen mujeres a la espera de un examen o diagnóstico desde el año 2007, en el Hospital de Golfito, que fueron trasladadas al Hospital de Neilly o al de Pérez Zeledón.
Citó también casos como el Hospital de Ciudad Neilly, Tomás Casas en Ciudad Cortés, en Pérez Zeledón y en Liberia, en los cuales hay referencias para realizar exámenes de mama, pero se devuelven las pacientes sin ningún control estadístico, convirtiéndose esto en una lista oculta.
No menos preocupante son las miles de mamografías en el Hospital de Heredia, Cartago, San Carlos, San Juan de Dios, Alajuela, Calderón Guardia, entre otros., donde en algunos casos la espera es de hasta 2 años o más.
Aunque las autoridades de la Caja pretenden minimizar la denuncia, la verdad es que las pruebas existen y bajo ninguna circunstancia se debe soslayar la responsabilidad cometida, ratificó Undeca.
“Es importante aclarar que en esta denuncia no están los datos de todo el país y no es lo mismo esconder, obviar la responsabilidad, tal y como las autoridades de la Caja lo pretenden, que estar en el zapato de miles de mujeres que, muy seguramente viven en zozobra, temor o desesperación, de cuando le harán la mamografía y le entregarán el resultado”, afirmó Luis Chavarría, secretario general de Undeca.
La investigación efectuada por Undeca, concluye que el control del cáncer de mama, cuenta con graves deficiencias y dificultades que deben de investigarse a mayor profundidad.
“Con este sano propósito procedimos a entregar la documentación respectiva, prueba de lo denunciado”, anunció Undeca.
Solicitó también se proceda a indagar para que en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), deje de prevalecer la impunidad y se sienten las responsabilidades del caso.
Además, de igual manera debe hacerse con el asunto de las citologías, donde se encubre a los responsables, principalmente cuando estos ocupan cargos importantes como en ambos casos.
Revela también que en la zona sur, se evidencia la situación más grave, pues según la documentación, existen mujeres a la espera de un examen o diagnóstico desde el año 2007, en el Hospital de Golfito, que fueron trasladadas al Hospital de Neilly o al de Pérez Zeledón.
Citó también casos como el Hospital de Ciudad Neilly, Tomás Casas en Ciudad Cortés, en Pérez Zeledón y en Liberia, en los cuales hay referencias para realizar exámenes de mama, pero se devuelven las pacientes sin ningún control estadístico, convirtiéndose esto en una lista oculta.
No menos preocupante son las miles de mamografías en el Hospital de Heredia, Cartago, San Carlos, San Juan de Dios, Alajuela, Calderón Guardia, entre otros., donde en algunos casos la espera es de hasta 2 años o más.
Aunque las autoridades de la Caja pretenden minimizar la denuncia, la verdad es que las pruebas existen y bajo ninguna circunstancia se debe soslayar la responsabilidad cometida, ratificó Undeca.
“Es importante aclarar que en esta denuncia no están los datos de todo el país y no es lo mismo esconder, obviar la responsabilidad, tal y como las autoridades de la Caja lo pretenden, que estar en el zapato de miles de mujeres que, muy seguramente viven en zozobra, temor o desesperación, de cuando le harán la mamografía y le entregarán el resultado”, afirmó Luis Chavarría, secretario general de Undeca.
Esta diputada está convencida, que de continuarse con el modelo de único prestatario de la seguridad social, y con la centralización de los procesos directivos, desde el piso trece en la avenida segunda por parte de la Caja, nunca podrá resolverse el problema de la oportunidad en la atención médica. Creo que la Defensoría debe asumir un rol más protagónico, no de simple denuncia o investigación, ante la plétora de pacientes en lista de espera, y presionar a la Institución, para que incorpore a otros sectores del sector salud, dentro de un sistema nacional que promueva mayor incorporación de nuevos actores, como lo han sido las cooperativas, las sociedades anónimas, nuevas fundaciones y asociaciones afines al sector. Solo con un nuevo modelo asistencial, con un cambio de paradigma en la seguridad social, podremos resolver la crisis del sistema que hace agua en los últimos años.
En el mismo sentido, también es necesario, ahora que se reformó la ley 8220, “Simplificación de Trámites en la Administración Pública”, darle un seguimiento a aquellos funcionarios que dilaten, obstruyan, o nieguen información a los ciudadanos en toda la tramitomanía burocrática existente; pues ya existen sanciones específicas para todos aquellos funcionarios que incumplan con esta normativa. A pesar de la vigencia de dicha ley, aún continúan llegando cantidad de denuncias sobre trabas burocráticas administrativas, como lo revelan los 269 casos que se logró documentar durante el año 2011.
También requiere la Defensoría, al igual que la Contraloría General de la República, de un mayor protagonismo, en la defensa de los fondos públicos, que al amparo de un Decreto de Emergencia, se dilapidaron en la construcción de la carretera rústica fronteriza, situación que conocemos como el mayor escándalo de corrupción gubernamental en los últimos 40 años, y cuyos pormenores apenas están viendo la luz en la opinión pública nacional.
El informe de la Señora Defensora es muy completo, abunda en información valiosa y de fuentes fidedignas; sé que es difícil recabar información confiable en el Sector Público nacional, pero aprovecho para reiterarle a la señora Defensora de los Habitantes que, el poder de persuasión, y el acceso a los medios de prensa que su oficina tiene, son una poderosa arma, para tratar de crear conciencia de mayores cambios estructurales, en algunas instituciones gubernamentales, que se han rezagado y atascado, y que no han comprendido todavía que la atención oportuna y de calidad hacia todos los costarricenses, debe ser el fin primordial de su razón de existir.
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