La opinión emitida por el Ing. Abundio Gutiérrez Matarrita, Presidente de la Junta de Protección Social, en contra de la ruptura del monopolio de la lotería popular denominada “tiempos”, carece de un sustento objetivo pues la misma Junta es parte interesada en la controversia.
Lo mismo habría ocurrido si les hubiésemos tomado opinión a los vendedores de tiempos, pues también son parte interesada.
La venta de tiempos es un hecho real, evidente y manifiesto, actualmente bajo el espectro de la clandestinidad.
El proyecto de marras lo que pretende es darle un sustento legal a una situación que ya existe de hecho, lo que impulsaría a estos ciudadanos ponerse a derecho en sus compromisos tributarios y también con la obligatoriedad de cotizar ante la CCSS como trabajadores independientes, situación que los trasladaría de la economía informal a la economía formal.
El Movimiento Libertario es el único partido político que ha tratado de eliminar este monopolio y despenalizar la actividad. Estamos convencidos que esa exclusividad viola el principio de autonomía de la libertad (artículo 28 constitucional), el de la libertad de comercio y empresa (art.46 constitucional) y el derecho al trabajo (art. 56 constitucional).
La Junta de Protección, al igual que la Fábrica Nacional de Licores sí puede promover los juegos de azar la primera, y envenenar con bebidas alcohólicas la segunda, por el solo hecho de ser el Estado quien las patrocina.
Es difícil de creer que el empresario que vende lotería ilegal es dañino, y que la Junta por tener el monopolio de la venta, es sacrosanta y buena.
Creo que no debemos deglutirnos el argumento que la solidaridad y generosidad de la Junta es muy altruista, pues como toda organización burocrática, gasta la mayor parte de los fondos en autosatisfacerse, de modo que los gastos administrativos, operativos y salarios, consumen gran cantidad de los recursos, y apenas un pequeño porcentaje va a operar donde se suponía.
Estamos ante otro ejemplo de que la moral predominante en Costa Rica, supone el culto a lo estatal y público, y la satanización de lo privado.