Un componente clave para la generación de empleos y el aumento de la competitividad, está relacionada con la tramitología.
No existe evidencia alguna que el trámite de aprobaciones previas mejore el acatamiento de las regulaciones dispuestas, y la experiencia indica que, entre más regulaciones, menor productividad, menos beneficios para los ciudadanos y mayor corrupción.
No veo intentos del Poder Ejecutivo para modernizar la Ley Orgánica del Ambiente, así como transformar la gestión administrativa y reglamentaria de la Secretaría Técnica Ambiental para favorecer la racionalidad a favor de la iniciativa privada, eliminar todo trámite y consulta innecesaria, establecer períodos expeditos de respuesta por parte de la administración y promover, a nivel institucional, una filosofía de atención al cliente.
Tampoco veo en el horizonte transformaciones para acelerar procesos en materia de construcción:
Es necesario modificar la reglamentación relacionada con presentación de planos en el INVU, propiedad en condominio, perforación del subsuelo para la exploración de las aguas subterráneas, modificaciones en planes reguladores municipales para permitir edificaciones más altas en ciertos cantones, y aprovechar así el uso del suelo, hoy día tan encarecido e inalcanzable para la clase media y la de menos ingresos, o para para atraer inversiones de corte tecnológico o industrial.
Es necesario modificar la reglamentación relacionada con presentación de planos en el INVU, propiedad en condominio, perforación del subsuelo para la exploración de las aguas subterráneas, modificaciones en planes reguladores municipales para permitir edificaciones más altas en ciertos cantones, y aprovechar así el uso del suelo, hoy día tan encarecido e inalcanzable para la clase media y la de menos ingresos, o para para atraer inversiones de corte tecnológico o industrial.
En materia de salud, no observo iniciativas para simplificar y uniformar los trámites en las distintas dependencias del Ministerio de Salud, incluyendo eliminar los requisitos para aprobación de etiquetas de productos alimenticios así como su código impreso, como tampoco la imperiosa necesidad de eliminar el registro sanitarios de medicamentos; engorroso e innecesario para la importación de los mismos, que más bien produce desabastecimiento de medicinas tanto en la CCSS como en las farmacias particulares.
En materia de educación, no hay indicios para simplificar los requisitos para la construcción y acreditación de centros educativos privados, en particular eliminado la solicitud de valoración de planos e infraestructura ante la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública.
En materia de turismo tampoco vemos apertura para:
Eliminar las restricciones a los operadores turísticos para el transporte de turistas, incluyendo cualquier limitación sobre el tipo de transporte y simplificar los requisitos para la inscripción de vehículos ante el Consejo de Transporte Público.
Eliminar el trámite para obtener la declaratoria de actividad turítica. Eliminar todo tipo de visado de planos constructivos por parte del Instituto Costarricense de Turismo.
Reformar la ley de licores para facilitar el otorgamiento de patentes a los establecimientos gastronómicos y eliminar la corrupción asociada al negocio de patentes.
Eliminar las restricciones a los operadores turísticos para el transporte de turistas, incluyendo cualquier limitación sobre el tipo de transporte y simplificar los requisitos para la inscripción de vehículos ante el Consejo de Transporte Público.
Eliminar el trámite para obtener la declaratoria de actividad turítica. Eliminar todo tipo de visado de planos constructivos por parte del Instituto Costarricense de Turismo.
Reformar la ley de licores para facilitar el otorgamiento de patentes a los establecimientos gastronómicos y eliminar la corrupción asociada al negocio de patentes.
Quiero finalizar solicitando al Poder Ejecutivo a partir del mes de diciembre que abrimos periodo de sesiones extraordinario, envíe al Plenario el proyecto Ley N. 16956, presentado por los exdiputados libertarios Carlos Gutiérrez y Luis Barrantes, con el propósito de reformar la Ley N.º 8220, “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”, en particular su artículo 10, para introducir sanciones a funcionarios que la incumplan y adicionar un artículo 11 para incluir la figura de “retardo indebido” y su respectiva sanción.
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