La experiencia nos dice que, siempre que hay proyectos de ley sorpresivos, de trámite apresurado a golpe de tambor, producto de situaciones casuísticas y coyunturales, es cuando mayor cuidado debemos tener en la tramitación de los mismos.
Cuando se dio la situación del crédito Finlandés con la Caja, y el caso del ICE-Alcatel, que a fin de cuentas no fue lo que se nos dijo por parte de la Fiscalía, nació la famosa Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, toda una escabrosa sucesión de trabas y penalizaciones absurdas, que junto a la Ley de Control Interno, han complicado la Administración Publica, y han ahuyentado a muchos ciudadanos para colaborar en el sector gubernamental.
Los funcionarios públicos han quedado en la línea fronteriza entre las instituciones del estado y la Fiscalía, y en el peor de los casos, en la “Reforma” de Alajuela, o en San Sebastián. Se hace difícil hoy en día, conseguir gente idónea con vocación de servicio para las diversas posiciones de gobierno.
Y ni hablar del adefesio de Código Electoral aprobado en el 2009, en donde se le dio la potestad de fiscalizar los fondos de la deuda política a un Departamento del Tribunal Supremo de Elecciones. Un Tribunal Electoral que primero autorizó los pagos, y luego denunció a los políticos ante el Ministerio Público. Hoy, las potestades constitucionales de fiscalización de los fondos públicos que por ley corresponden a la Contraloría, fueron cedidas al Tribunal Supremo de Elecciones; es decir, hay un nuevo Contralor General de la República en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Razón lleva Federico Malavassi en su tesis de plantear esa inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta. O le trasladamos todo al Tribunal, o lo sacamos de las atribuciones financieras.
El pasado lunes se nos presentó un proyecto de ley, para que el Banco Central pueda cargar de impuestos a discreción, los ingresos de dólares al país, provenientes de inversionistas no domiciliados aquí, y que alguien ha decidido tildar de capitales especulativos, porque se aprovechan de las leyes propias del mercado mundial de capitales, ansiosos de ganar altos intereses, que al cabo, es su negocio.
Si no queremos que vengan esos dineros, entonces bajemos las tasas de interés para que se vayan a buscar mejores rendimientos en otros países. Tan fácil como eso !!!
Hay gran preocupación en el gobierno porque el dólar puede bajar de 500 colones. Nosotros los consumidores hemos salido beneficiados con un dólar barato, porque los alimentos, las medicinas, las materias primas y los bienes para la producción son más accesibles; sin embargo, en el Poder Ejecutivo, veo un solapado interés en subir el precio del dólar y propiciar su escasez para encarecerlo.
Recuerdo todavía cuando hace unos 20 años, al salir del país, teníamos que ir a los bancos estatales, únicos en ese momento, con el pasaporte y tiquete de avión en mano, a mendigar 800 dólares cada 6 meses, o a buscar los dólares en el mercado negro de los “coyotes”, en los bajos de radio Monumental.
Sinceramente no quisiera volver a esos tiempos.
Este proyecto, que pretende otorgar poderes impositivos y tributarios al Gobierno, porque no nos engañemos, el Banco Central no es autónomo, es del Gobierno, desde el mismo momento que su Presidente lo nombra el Poder Ejecutivo; sinceramente no me gusta para nada.
Con estas carreras del Ministerio de Hacienda, para frenar la abundancia temporal de dólares vía intromisión y manipulación estatal, sospecho que alguien se beneficiará, probablemente algunos pocos. Pero está claro que sí habremos perdedores, y seremos todos los consumidores costarricenses, cuando se nos empiece a disparar el precio del dólar.
Pensemos bien y maduremos mejor estos “proyectos golondrinos”.
