Porteo y legalidad

Desde hace mucho tiempo, la Fracción del Movimiento Libertario ante la Asamblea Legislativa viene advirtiendo que el tema del porteo no se abordó con la responsabilidad del caso, ni por el actual  ni por los anteriores gobiernos. Nuestro Código de Comercio regulaba la actividad anterior al año 2011, cuando se aprobó la ley 8955 que tantos problemas ha presentado.

La actividad del porteo es legal, y funcionaba de acuerdo a la legislación de este Código, era un instrumento útil para el comercio de nuestro país. Si el gobierno en su momento pretendía controlar alguna irregularidad, no era empeorando la legislación existente como lo iba a lograr. Esto lo advertimos con vehemencia la Diputada Marielos Alfaro y mi persona, en la Comisión Plena Segunda, órgano legislativo que se encargó de dar paso a una ley carente de una correcta técnica legislativa como de una lógica jurídica.

La ley resultante, eliminó la palabra “personas” de la normativa del Código, y en nuestra opinión, violentó artículos constitucionales, aunque lamentablemente la Sala opinó diferente cuando fue consultada al respecto. Sin embargo, parece que el tiempo nos ha dado la razón, cuando vemos las manifestaciones recientes de taxistas, al considerar que quienes están realizando el porteo, lo están haciendo de manera contraria a la legislación.

El problema es que la ley vigente ignoró, de manera equivocada, el hecho de que la actividad del porteo es de carácter privado, y en su lugar, propuso una figura a la que denominó transporte especial estable de taxi, que debía ser otorgada por medio de un permiso. Sin embargo, aún cuando las personas que se dedicaban al porteo antes de la ley, afirman haber presentado los requisitos para que se les otorgue el permiso, este se les denegó, y sus apelaciones están sin resolver aún por parte del Consejo de Transporte. Y es este precisamente otro error que quedó establecido en la ley, es decir, otorgó más responsabilidades al Consejo, cuando sabemos que la eficiencia no es una de sus virtudes.

Una ley confusa, que creó una figura nueva, convirtió una actividad privada en un servicio que no se clasifica como concesión, ya que no es producto de una licitación pública sino de un permiso, desnaturalizando completamente la simplicidad de una actividad valiosa para el comercio. Es la causante del desorden y la inseguridad jurídica que se está presentando.

El desastre en el otorgamiento de placas de taxi, del cual Costa Rica ha sido testigo desde hace mucho tiempo, se repite ahora con los permisos para el transporte especial estable de taxi, y los más perjudicados resultan ser los usuarios de los servicios, que no sólo se quedan sin opciones efectivas de transporte, sino que además, se enfrentan a las protestas callejeras de los sectores involucrados, impidiendo su libre tránsito.

Nuestra Fracción Libertaria lo advirtió en su momento, con argumentos jurídicos y con el detalle de los principios constitucionales lesionados, pero no se nos escuchó. Nuestras palabras quedaron en las actas de aquella Comisión Plena, y las referencias a la jurisprudencia constitucional que mencionamos, y que se refiere a estos principios, puede ser consultada en ellas. Un grave error legislativo al amparo de un 208 bis orquestado desde las oficinas del exministro Jiménez en el MOPT, acuerpado por Liberación Nacional y otras fuerzas políticas que se precipitaron, que pusieron oídos sordos a nuestros argumentos, co-responsables del caos vial que un día sí y otro también, sufrimos todos los costarricenses.

¿Qué podemos hacer ahora? Lo pertinente es corregir el error normativo derogando o reformando esa ley, y, mientras tanto, debemos ser fiscalizadores estrictos en el otorgamiento de los permisos, exigiendo al Consejo de Transporte eficiencia en sus obligaciones, de lo contrario, estaremos alimentando un desorden colectivo que muy pronto se nos va a salir de control.

Concesiones y corrupción (II)

Continuando sobre la controversial historia de las concesiones en Costa Rica, la terminal de contenedores del puerto de Moín, la carretera a Caldera, la prórroga del  monopolio de Riteve por 10 años, entre otras, se viene a cerrar recientemente con “broche de oro”, con el refrendo que otorgó la Contraloría a la concesión del corredor vial San José-San Ramón, a otra empresa extranjera, O.A.S, obra que tiene todo su tramo construido con recursos del estado costarricense desde hace 40 años, y por la cual se pretende que paguemos un peaje de 8 dólares, tan solo con el banderazo de inicio de las mejoras, y no una vez concluida  las mismas, como debe ser lo lógico en toda negociación de este tipo.

Desde el 2005 la concesionaria inicial, Autopistas del Valle, prima de Autopistas del Sol, se había declarado en insolvencia para poder iniciar el contrato, situación que luego de varios años de tolerancia por parte de nuestros gobiernos, permite el traspaso del contrato a la empresa O.A.S, y esta le otorga, por la cesión del mismo, la módica suma de 35 millones de dólares a Autopistas del Valle, empresa que sin haber invertido un cinco en las obras, se gana esa suma de dinero que al  final saldrá del bolsillo de todos nosotros los futuros usuarios.

Pero lo más serio aún, es que el Ministro Pedro Castro, fue consultor pagado por la compañía adjudicataria, es decir, don Pedro realiza “el tiro de esquina” , y él mismo se viene al “área chica y mete el gol”. Pocas veces hemos visto tal desfachatez en el ejercicio de la función pública.

Quisiera saber cual es el contubernio que existe entre las autoridades de gobierno del Partido Liberación Nacional, y la contraloría general de la república.

Considero un imperativo la comparecencia de la Sra. Contralora en este Plenario, así como la instalación de un órgano investigativo para hurgar más profundo en estos temas.

Además, deseo reiterar que es insostenible la permanencia del Ministro de Transportes en el cargo; no es relevándolo solo de participar en las negociaciones de revisión, o de la rescisión de la concesión, como es lo procedente, como se puede tranquilizar al pueblo costarricense o quitar ese barniz de corrupción que recubre toda esta temática.

También don Edwin Rodríguez Aguilera, cercano colaborador del Ministro, y Director Ejecutivo del Programa de Concesiones, corresponsable de lo que acontece, y cuyo título oficial de “SECRETARIO TECNICO”, lo utiliza para que creamos que él es quien toma las actas únicamente.

No olvidemos que por mandato expreso de ley, son miembros del Consejo de Concesiones, con representación indelegable, el Ministro Pedro Castro quien lo preside, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Planificación, y el Presidente

Ejecutivo del Banco Central, y ninguno de estos altos funcionarios tampoco nos explican nada.

Por todo esto, las renuncias o su destitución, es lo menos que podemos esperar; así como la detención inmediata de la cuestionada concesión, sin que ello signifique que no se realice tan necesaria e importante obra de infraestructura vial.

Más transparencia, señores del gobierno, y más supervisión señora Contralora, eso es lo que pide a gritos el pueblo Costa Rica.

Concesiones y Corrupción (I)

Quiero referirme a un tema muy importante y preguntar ¿qué está pasando en Costa Rica?, ¿qué sucede con nuestros órganos de control y fiscalización del Estado?

       La palabra concesión se ha vuelto sinónimo de corrupción.  ¿Cómo puede ser que una legislación que tomó años en aprobarse, y que en países afines al nuestro ha sido un instrumento transparente de desarrollo vial y portuario, haya caído en un desprestigio tan vertiginoso y reversible, que el solo nombre de una concesión activa suspicacias, tan lamentable y acertadamente fundamentadas que aterrorizan ¾y con sobrada razón¾ a todos los costarricenses?

       El problema de fondo radica, entre otros, que el vigilante, por mandato legal, abandonó la perspectiva de su encargo primario, lo incumple y ya no vigila por dedicarse a pontificar urbe et orbi sobre aspectos que, bien sea, los desconoce o no le corresponden.

       La Contraloría General de la República, el órgano auxiliar de esta Asamblea, encargado de ello, ha perdido su norte.

       Desde hace varios años, en una renuncia implícita a su facultad de refrendo como requisito de eficacia, se viene refrendando contrataciones y concesiones de dudoso origen e implementación, sin que en esta Asamblea Legislativa nos hayamos tomado la molestia de investigar a la actual contralora, quien también fue subcontralora por ocho años; tampoco lo que está sucediendo al interior de esta institución.

       Estamos abdicando del derecho constitucionalmente encomendado de practicar el control político: tomemos a la Contraloría, no obligamos a nuestro órgano auxiliar a rendir cuentas en este plenario.  Ejemplos de dudosos procedimientos y adjudicaciones sobran, un único oferente para el proceso del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, se otorgó con fluidez y sin competencias, y aquí paz y en el cielo gloria.

       El escándalo de la concesión monopólica de la terminal de contenedores del puerto de Moín a un consorcio, única oferente también en una licitación, probablemente direccionada, pasó de manera expedita y ya nadie lo recuerda.

       La prórroga por diez años más al monopolio del contrato con Riteve, firmada por el Ejecutivo y de la cual, ante una petitoria formal de investigación que realizamos los miembros de la fracción parlamentaria del Movimiento Libertario hace más de nueve meses, la Contraloría aún no responde, y cada vez que llamamos nos dicen que la investigación está en proceso, ¾en proceso de archivo, diría yo¾.

       Luego vinieron los múltiples escándalos, no aclarados todavía, sobre el desastre del corredor vial San José-Caldera.  En esta propia Asamblea, en la comisión investigadora, basta leer las actas, en las cuales el exgerente del proyecto y reconocido profesional, doctor en Economía, Stephan Brunner, dejó establecido ¾con tal claridad que estremece¾ que existen más de cien millones de dólares que el viento se llevó.

       En los últimos cinco años, producto de la concesión de la carretera a Caldera y del aumento del monto inicial en más de un trescientos por ciento, todo ello con el visto bueno del Consejo Nacional de Concesiones del Conavi como administrador de los recursos y de la Contraloría, a tal extremo que, tres años después de estar en funcionamiento la carretera, aún no corre el período de veinticinco años de explotación de la obra, porque esta no ha sido entregada oficialmente al Gobierno de Costa Rica, es decir, la obra aún no está terminada, a pesar de los millones que la empresa supervisora encargada Cacisa, cobró por la supuesta supervisión de esa infraestructura vial.

Un grave retroceso

Es evidente que la reiterada argumentación de una autonomía, derivada de nuestra Constitución Política para la Caja del Seguro Social, requiere de análisis profundo y de una reorientación por parte de la Asamblea Legislativa.

Todo intento de reforma, toda sugerencia para la mejora de los servicios de salud, que no provenga del seno mismo de dicha Institución, topa con la reiterada cantaleta de la “inconstitucionalidad”, tanto por parte de los jerarcas de turno, como de algunas opiniones legales emanadas de los servicios de apoyo legislativo.

Algo tendremos que hacer las legisladoras y legisladores para que podamos implementar cambios positivos a lo interno de la Caja, sin que se nos acuse de violentar la autonomía propia de la Institución.

El más reciente  error el de la Presidencia Ejecutiva, y de sus compañeros de Junta Directiva en la CCSS, es haber revertido el proceso iniciado con La “Ley de Desconcentración de Hospitales y Clínicas,” promulgada en el cuatrienio 1998-2002. Este ha sido un instrumento de gestión que, nunca gozó del beneplácito de los expertos en salud del PLN; excepción del Dr. Edgar Mohs, quien en un reciente artículo avaló en todos sus extremos la aplicación de esta ley.  Desde el año 2002, el expresidente Abel Pacheco, siguiendo directrices de sus cercanos asesores liberacionistas, suspendió el proceso de desconcentración administrativa iniciado por su antecesor, el expresidente  Rodríguez.

El haber trasladado a los directores de hospitales y clínicas, el manejo de los presupuestos, los recursos humanos y las compras de activos, bienes y servicios, fue un enorme avance, en la gestión moderna y eficiente de la gerencia de los centros de salud en la CCSS.

Echar la culpa de las enormes “listas de espera” en cirugías, de procedimientos diagnósticos, y de las citas a especialista, al sistema de desconcentración, es una cortina de humo para no responsabilizar de esta crisis, así como de la debacle financiera institucional, a quienes son los verdaderos culpables de la quiebra del sistema de seguridad social: los jerarcas del sector salud del PLN nombrados en las 3 últimas administraciones.

Se ha dado un serio golpe a la autonomía de los hospitales y de las clínicas, al retirarles  ese instrumento gerencial que era la desconcentración. Lo que se pretende es volver al vetusto sistema de una poderosa jerarquía burocrática en la Avenida Segunda, para el control absoluto de los recursos humanos, los nombramientos, la contratación administrativa y las compras, en el nivel central. El clientelismo electoral en su máxima expresión.

No ha sido posible que las autoridades de salud del país comprendan que, para salir adelante, se requiere un nuevo sistema de atención sanitaria, donde otros actores como cooperativas, asociaciones, sociedades, fundaciones, universidades públicas y privadas, actuando en conjunto con la CCSS, puedan crear una red de servicios competitiva, que logre mejorar la atención oportuna y de calidad para todos los cotizantes de la seguridad social.

El principal impulsor de la inflación

Quiero  referirme en esta ocasión, a la situación de alarma que, tanto el Instituto de Estadística y Censo- INEC-, como los diferentes medios de comunicación, lo vienen expresando. Hay un repunte inminente de la inflación, es decir en el índice mensual del crecimiento de precios de los bienes y servicios para los consumidores.

Un recibo de agua, por el cual una familia promedio pagaba hace un año 12 mil colones mensuales, hoy día paga 26 mil colones al mes por el mismo consumo de metros cúbicos del preciado líquido.

También el costo  de la energía eléctrica ha experimentado un alza desmedida en los últimos 12 meses. Un recibo que era de 22 mil colones por 250 watts de consumo eléctrico hace 1 año, hoy alcanza la suma de 38 mil colones mensuales como promedio.

Y es que este tipo de servicios básicos, están regulados, es decir, sus aumentos tarifarios son aprobados por la ARESEP- Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos-, diz que a través de un estudio de costos bien sustentado. Deduzco entonces que, es el mismo estado el responsable de una aceleración inflacionaria, y no son aquellos bienes y servicios de libre fijación y competencia de precios, los que atizan el crecimiento de los mismos. Volvemos al viejo y controversial tema de que son los mismos monopolios estatales, los disparadores de las tarifas, y no la libre competencia en el mercado.

Es decir, los precios regulados y tarifas se incrementaron un 16% (promedio) en los últimos 12 meses, mientras que los no regulados crecieron solamente un 4%.

Con claridad  lo ha dicho el diario La Nación  en su editorial del 18 de mayo, abro comillas: “Sabemos que se han realizado varios estudios, algunos muy complejos, para introducir eficiencia, calidad y productividad en la prestación de servicios públicos, pero, a estas alturas, no se han puesto en ejecución y todavía prevalecen en muchos de ellos, criterios jurídico-contables para establecer las tarifas con base en todos los costos de operación de las entidades, incluyendo las burocracias, como la del ICE. Y aunque las nuevas metodologías deban ser amparadas por leyes y normas aún por promulgar, el país debe avanzar para subsanar el rezago que por años se ha venido acumulando.

Dicho lo anterior, tampoco debe ignorarse el papel de la Contraloría General de la República en la fiscalización y control del gasto de las entidades, ni la evaluación de las erogaciones por sueldos y salarios, o las prebendas en los sobresueldos públicos, como tantas veces hemos señalado desde esta sección editorial. Las negociaciones con los sindicatos están atascadas y no se vislumbra un esfuerzo por reformar el sistema. Todo eso influye en los precios de los servicios prestados y, desde luego, en la inflación que recae sobre los bolsillos de los costarricenses”.  Cierro comillas.

Sr Regulador General, usted tiene la palabra.

Asambleas cantonales libertarias

Sobrada razón tuvo la Sala Constitucional cuando declaró que el obsoleto sistema de asambleas distritales, utilizado para renovar las estructuras de los partidos políticos, era un proceso inconstitucional, pues otorgaba a distritos pequeños el mismo valor numérico que a distritos populosos. Ejemplo claro era la desproporción entre el distrito de Hatillo en cantón central de San José con 45 mil electores, y el distrito de San Jerónimo en Moravia con 3 mil electores, ambos elegían 5 delegados a sus asambleas cantonales.

Algunos partidos no entendieron el mensaje de la Sala, y continuaron con el viejo sistema de distritales, no adecuaron sus estatutos a los cambios que los tiempos modernos imponen, y están teniendo serios problemas en la renovación legal de sus cuerpos directivos, y han puesto en peligro la conformación de sus nuevas asambleas nacionales, y por ende, la personería jurídica propia de sus Comités Ejecutivos Nacionales.

Nuestro partido, el Movimiento Libertario, un Partido dinámico, inclusivo, y en crecimiento constante, comprendió que los tiempos cambian, y que en vez de realizar 500 y resto de confrontaciones internas en cada uno de los distritos, era conveniente reducir las luchas internas a 81 asambleas electivas en cada uno de los cantones del país.

La experiencia ha sido exitosa y muy gratificante a lo ancho y largo de la geografía nacional. Las asambleas cantonales de nuestro partido, iniciadas hace 7 semanas, han sido vibrantes de entusiasmo y pletóricas en asistencia. Competencia desde 4 y 5 papeletas en cantones populosos, hasta papeletas únicas de consenso de dirigentes en algunos pocos cantones.

Filas de inscripción de hasta 75 metros en algunos centros de votación, para acreditarse ante los delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, han obligado a dicho Tribunal a enviar 3 y 4 delegados supervisores, que han certificado la masiva concurrencia de nuestros militantes. Ahí están las actas para los incrédulos: Naranjo, Turrialba, El Guarco, Goicoechea, Escazú, Tibás, Coronado, Parrita, Aguirre, Limón centro, Heredia centro, entre otros, donde ha habido que improvisar sillas y cajas para sentar la gente. Quienes acudieron el domingo 17 de  marzo a Desamparados, pudieron observar la  gigantesca afluencia de votantes en la Escuela Joaquín García Monge. Hemos realizado casi 55 asambleas, restando apenas 26 para concluir esta etapa en las próximas 3 semanas.  Luego pasaremos, a inicios de  mayo, a nuestras asambleas provinciales y a fines de ese mismo mes, realizaremos nuestra primera Asamblea Nacional 2013-2017.

Humildes y sin grandes manifestaciones de ostentación partidaria, nos encaminamos a nuestra quinta consulta electoral. Tenemos Partido y muy pronto tendremos Candidato.

Parodiando al desaparecido dirigente deportivo, don Jorge Guillén, les recuerdo a los amigos líderes de otros partidos políticos: “NO SE REPARTAN NADA MIENTRAS EL MOVIMIENTO LIBERTARIO ESTÉ VIVO”.

Informe de los expertos y las propuestas de la Presidenta

En relación  al conocido Informe de los Expertos, la Presidenta Chinchilla propone cuatro grupos de proyectos de ley, relacionados con reformas constitucionales, reformas al reglamento legislativo, a la jurisdicción constitucional y a varias leyes, como las leyes orgánicas de la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, entre otras.

Estas propuestas, recogen en parte las observaciones del mencionado informe. Sin embargo, me pregunto si son estas, las propuestas que el país requiere para salir de la parálisis actual en que se encuentra.

El análisis de estas propuestas no se agota en cinco minutos, pero puedo mencionar algunos de los muchos puntos que me preocupan, y que pueden rozar con la estabilidad de nuestro sistema democrático y de representación. Se pretende realizar reformas a la Constitución Política y al Reglamento de la Asamblea, encausadas principalmente a limitar la función de las y los diputados. Entre ellas, se disminuyen los tiempos de discusión de proyectos de ley en el Plenario, ignorando completamente que la esencia del análisis de los proyectos se da precisamente en este debate general. Es en el tiempo del uso de la palabra, en donde en muchas ocasiones, se logran acuerdos a partir del convencimiento y el intercambio de opiniones entre las diversas fracciones.

Otro punto a discutir, es el intento de acortar los tiempos para dictaminar los proyectos de ley. Es sorprendente esta reforma, ya que una de las principales críticas que ha tenido la Asamblea Legislativa, es la de aprobar leyes de una forma apresurada y sin mayor análisis. Considero que en muchas ocasiones esta acusación es injusta, pues en mi caso y en el de muchas compañeras y compañeros diputados, ha imperado el estudio y la responsabilidad a la hora de emitir el voto a los proyectos. Reconozco que existe presión de algunas fracciones para sacar aprobados, proyectos que están muy jóvenes en la corriente legislativa, y que tocan temas sumamente delicados, como es el caso de varios de los préstamos que se han tramitado, y que las presiones del oficialismo han promovido que se concreten sin el tiempo de meditación necesario.

En lo que se refiere al tema de reforma de la jurisdicción constitucional, se propone la creación de tribunales que resuelvan en primera instancia los recursos de amparo y de hábeas corpus. Esta modificación nace con la intención de desconcentrar la cantidad de asuntos que atiende la Sala Constitucional, pero debe analizarse si esta propuesta, es la solución adecuada para la población. Recordemos que de estos recursos depende el respeto de los derechos de los habitantes de este país, y es precisamente por la relevancia del tema, que el legislador destinó el estudio de tales recursos directamente a la Sala Constitucional. Además, debemos recordar que la jurisprudencia debe guardar armonía en sí misma. También, en esta reforma se propone que la presentación de tales recursos no suspenda los efectos del acto, lo que en algunas ocasiones podría provocar que un daño que esté realizando la Administración Pública, no cese, mientras el asunto no sea resuelto.

Son mucho más las observaciones a estos proyectos, que no es posible enumerarlas en cinco minutos, pero deseo que consideremos con sumo cuidado lo que nos han hecho llegar.  Estoy consciente que Costa Rica urge de una solución integral, para atender sectores tan importantes como el económico y el social, pero no es produciendo leyes y más leyes como vamos a solucionar los problemas. El Poder Legislativo indudablemente tiene que mejorar su función, pero también lo debe hacer el Poder Ejecutivo, que pobre favor le hace al país desviando la atención hacia los otros Poderes de la Estado.

Como ejemplo, la creación de distritos electorales para elegir diputados es buena, pero será improductiva si no se acompaña de la distribución provincial por cocientes y residuos, para evitar que una sola fuerza política obtenga el triunfo en todas las circunscripciones electorales.

Los temas son variados, muy delicados, por lo que un análisis apresurado, o en paquete de reformas vía referéndum, no sería el camino prudente para la tramitación de las mismas.