El informe de los expertos, conocido como la propuesta final de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad y democracia, en sus páginas 36 y 37, Eje N 6-,“Relación Sociedad-Estado”, ha recomendado la creación de la figura del Consejo Económico y Social, con representación de actores del sector público y de la sociedad en general, como un órgano de consulta y deliberación sobre temas de interés general, en donde Mideplan operaría como una Secretaría Técnica para esta instancia. Sería un órgano asesor ad-honorem que no iría a sustituir los poderes del Estado, y solo podría conocer asuntos que le sean sometidos por los mismos Poderes del Estado. Su conformación se haría garantizando la mejor representación de la sociedad.
La idea es novedosa y debo decir que me produce gran complacencia. Digo esto porque la experiencia nos presenta abundantes evidencias que, cuando un gobierno pierde su norte, o se enreda en los mecates de su propia burocracia, y en todos los procesos que la administración cotidiana requiere, no genera el espacio de reflexión necesario, para retomar las acciones correctivas en sus diversas instancias gerenciales.
En relación con el tema del Ministro de la Presidencia, y su eventual ratificación ante la Asamblea, en un plazo de 10 días hábiles posteriores a su nominación, considero que se introduce un mayor riesgo de roces entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, pues podría suceder que, tras varias propuestas consecutivas, no se logre una ratificación de alguien en particular, produciéndole una parálisis a la relación del legislativo con el Ejecutivo.
En materia de equilibrio entre poderes y censura, resulta muy desatinada la propuesta de que el Presidente pueda solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones, la convocatoria a elecciones legislativas anticipadas. Esta potestad sería equivalente a una disolución del Parlamento, y su sola posibilidad, introduce una especie de chantaje político larvado del Ejecutivo sobre el Legislativo, y le origina una situación de incertidumbre laboral permanente a los señores diputados y diputadas, quienes después de grandes esfuerzos electorales y económicos para alcanzar una curul, correrían el riesgo de ser cesados mediante un decretazo presidencial. Es decir, estarían a merced de un arrebato de furia presidencial. No proponen los señores expertos en su informe, un mecanismo mediante el cual se procediera a convocar a elecciones presidenciales adelantadas, en caso de darse situaciones de inoperencia presidencial; escenarios bastante probables, como lo demuestra la historia política costarricense.
La idea de permitir la reelección presidencial continua por un único período es sana, siempre y cuando se le permita al presidente, participar en defensa de su gestión, y se elimine la prohibición de participar en política electoral. Para ello el presidente deberá ganar la nominación como candidato en el seno de su mismo partido, de forma tal que, el partido en gobierno deba cargar forzosamente con los eventuales desaciertos de su gestión, o con los triunfos de un trabajo exitoso. Si un gobierno resulta bueno, podría optar por los 8 años, lo cual redundaría en beneficio de toda la ciudadanía. Caso contrario, finalizado sus 4 años, vendría un cambio en la conducción del ejecutivo. Esta idea limitaría a un máximo de 8 años el liderazgo individual, y abre la oportunidad de nuevas figuras a lo interno de las diversas agrupaciones políticas. La renovación periódica de los cuadros dirigenciales, impediría que se generen feudos, cuyos tentáculos lleguen hasta los otros poderes del estado y sus instituciones. Un ejemplo histórico de reelecciones alternas sin límite, se vivió en la República Dominicana con el ex presidente Joaquín Balaguer, quien ya muy anciano y casi ciego, ocupó en varias ocasiones la presidencia de ese país, a tal extremo que en el seno de su mismo partido, sus opositores decían en tono jocoso:
“No aspire mientras Balaguer respire”.
Continuando con el análisis del informe, se plantean también en el mismo, una serie de reformas al Reglamento Legislativo que no es del caso desmenuzar en este Plenario, y que más bien deben ser analizadas en el seno de la Comisión de Reglamento, para que una vez dictaminadas, sean traídas al Plenario para su discusión de fondo. Sin embargo, la reducción de los tiempos de control político, o de las participaciones del legislador en la discusión en Plenario, confieso, no son de mi agrado. La única tribuna pública que tenemos las diputadas y diputados para la defensa de nuestras tesis, o de nuestros proyectos de ley, son los pocos minutos asignados en el Plenario en el actual Reglamento Legislativo. Reducir esos espacios de inmunidad para nuestras denuncias, sería socavar las pocas oportunidades de hacer sentir las voces de protesta pública, de control político o de denuncia con que contamos las legisladoras y legisladores.
En cuanto a la integración de la Asamblea y su calidad, no es viable hoy en día, la propuesta de aumentar el número total de diputados entre 81 y 87, con 24 o 30 diputados de lista nacional.
Una reforma constitucional en ese sentido llevaría AÑOS EN SU DISCUSIÓN. El ambiente nacional existente tampoco es propicio, pues de todos es sabido que el hablar mal de los diputados es casi un deporte nacional.
Personalmente creo que debe mantenerse el número actual de 57 legisladores, pero su elección por provincia debería realizarse por circunscripciones electorales. A manera de ejemplo, si la provincia de San José elige 19 diputados, dicha provincia contaría con 19 regiones electorales conformadas por afinidad geográfica y de población. La adjudicación de esas curules siempre se haría por el sistema de cociente y subcociente provincial, para evitar que una sola fuerza política capture todas las circunscripciones electorales. El problema no es de número de diputados, sino de una mejor representatividad geopolítica.
Veamos como un país de 350 millones de personas allá en el Norte, puede manejarse con 100 senadores, y cuatrocientos y resto de representantes territoriales en la Cámara Baja.
Profundizando en el análisis del informe, observo que aún entre los mismos proponentes, hay discrepancias en este controversial tema.
En el tema de la reelección de los diputados, y el establecimiento de la carrera parlamentaria, ayudaría en mucho en la agilidad de los procesos legislativos, pues siempre estaría abierta la posibilidad de que algunos legisladores, conocedores de la temática de los procedimientos, puedan orientar a aquellos que hacen su ingreso por primera ocasión. Sin embargo, considero que hasta no legislar en el tema de las circunscripciones geopolíticas, no conviene establecerse la carrera parlamentaria. Soy de la idea que el diputado, para optar a reelegirse, debe hacerlo ante sus propios electores regionales, mediante una rendición de cuentas a sus bases, y no a las cúpulas dirigentes en una asamblea nacional partidaria, como ocurre en la actualidad. El tema no es nada sencillo y requiere de análisis serio y reposado.
Algunas otras ponencias, como las reformas a la Ley de Jurisdicción Constitucional, el descongestionamiento de la Sala Cuarta estableciendo Tribunales de Amparo y de Hábeas Corpus, debe continuar analizándose en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
La responsabilidad de convocar estas reformas en el período actual de sesiones extraordinarias es potestad del Ejecutivo, si en realidad tiene el deseo de dar celeridad a estos cambios en el funcionamiento de la Sala, y evitar algunos desbordamientos que la misma ha tenido en algunas de sus resoluciones, debiera proponer esas reformas en estos meses del período de sesiones extraordinarias.
En cuanto a la gestión administrativa del Poder Judicial, me parecen muy atinadas las recomendaciones, R33, en cuanto a que las investigaciones del Ministerio Público deben tener plazos razonables para su conclusión, determinados y fijados por por ley, y la R34, donde los fiscales, los defensores públicos, los jerarcas del Ministerio Público, y los funcionarios del OIJ, deban seguir una carrera profesional específica, y no puedan desempeñarse alternando como jueces penales mientras ejerzan el cargo.
Algunos aspectos críticos generales, que también abordan los señores expertos, son las relaciones de la Contraloría General de la República con la administración activa. Los controles previos, se han convertido en un obstáculo para la ejecución de obras, o de acciones imprescindibles para el desarrollo del país. La contraloría en algunos temas se ha metido a co-administrar, y esa no es su función sustantiva. Considero que debe dársele atención a todas las recomendaciones, desde la R46 hasta la R59, tendientes a reorganizar las competencias y funciones administrativas de la Contraloría. En especial la R47 y R48, en cuanto a que el jerarca de la Contraloría deba comparecer ante la Asamblea con un informe semestral de sus actividades, y ese informe ser votado por la Asamblea Legislativa en el mes siguiente a su entrega. Si el informe es votado negativamente debe tener repercusiones en la continuidad del jerarca de turno.
En cuanto a los entes descentralizados y la organización sectorial, considero que son de recibo algunas de sus recomendaciones, tal como la derogación de la Ley del 4-3 de la Juntas Directivas de las Instituciones autónomas, y la Ley de Presidencias Ejecutivas.
Las Juntas Directivas de dichas instituciones son muy onerosas y poco funcionales, y sabemos que en el fondo son entes cuyo fin ha sido el otorgamiento de prebendas partidarias de campaña, y en ocasiones más bien entorpecen las labores de una Gerencia General en las Instituciones.
No es posible abordar todos los temas del informe en 15 minutos de disertación.
Sin embargo, es digno de reconocimiento el esfuerzo realizado por los miembros de este cuerpo de expertos, máxime que fue una labor de 6 meses, realizada ad-honorem, que el país les reconoce y agradece. Son mucho más las recomendaciones positivas, que aquellas de implementación dudosa; pero el aporte, es una síntesis valiosa de temas que se han ventilado a lo largo de varios años, de una forma dispersa y muy vaga; sin una discusión amplia ni propuestas concretas. La oportunidad de plasmar algunas de ellos en proyectos de ley potables, es una labor que debemos emprender.
Hay algunas omisiones en el informe, como es todo lo relacionado con el rezago de la infrastructura vial, portuaria y aeroportuaria del país durante muchos años, así como sus recomendaciones al respecto, se infiere que hizo falta en el equipo de expertos, una persona de experiencia en esta importante temática.
Otro tema que me hubiera gustado leer en el informe, es la discusión sobre la conveniencia de mantener el veto presidencial a las leyes emitidas por el poder legislativo. Es una figura que roza con el equilibrio del ejecutivo con el legislativo, y otorga un excesivo poder al sistema presidencialista. De hecho, la potestad del veto a las leyes aprobadas, ha dado al traste con leyes bien estructuradas, arduamente consensuadas y cuya discusión ha llevado meses y años en el seno del Parlamento. Este es un tema que amerita un mayor debate a futuro.
Pero repito, la intención ha sido buena, y los aportes a la gobernabilidad, en términos generales, son muy positivos.
