lunes, 20 de diciembre de 2010

LECCIONES DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Es lamentable palpar un deseo ilimitado  de concentración de poder de unos pocos tanto en los nombramientos de los  magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como de la Procuraduría General de La República, de las Juntas Directivas de Instituciones Autónomas, de la Defensoría de los Habitantes asi como en el uso y destino del presupuesto nacional con miras a influir en la elección de los gobiernos locales, mediante la presión y apoyo del gobierno central y de los entes descentralizados.
 Pretendo utilizar esta Tribuna para enviar una señal de alerta a todas las fuerzas políticas de la Oposición y a la ciudadanía, tan apática e indiferente ante lo que estamos observando, con el fin de poder iniciar y consolidar un frente común de reflexión y acercamiento, que le depare al país una opción real para frenar al continuismo; que nos permita construir una vasta fuerza electoral enérgica e innovadora, para el sano ejercicio de los  pesos y contrapesos tan necesarios dentro de en un sistema político participativo, alternante y pluralista.
 Mientras mantengamos en nuestra Constitución Política vigente, el requisito de un mínimo del 40% de los votos válidos para ser electo Presidente de la República, visualizo cada cuatro años los partidos de oposición desunidos, unos más, otros menos, diluyendo inútilmente el voto opositor, tanto para el poder ejecutivo como para el poder legislativo.
Ha sido lamentable ver como en distintos cantones de nuestro país, no han ganado las mejores propuestas, sino las que a través de entidades tales como la Comisión de Emergencias y otros órganos del estado, se han montado en el tranvía de la repartición de prebendas, la compra de conciencias y de las promesas que nunca se cumplen. “Tristemente puedo afirmar que, “Nuestro pueblo siempre agradece lo que le van a dar, no lo que le han dado”; el ciudadano costarricense se especializa en que le tomen el pelo de manera reiterada, y eso lo saben muy bien los maestros del engaño.
 El artículo 138 de la Constitución ha permitido elegir Presidente de la República con relativo apoyo electoral, al no establecer como mínimo al menos un 50% de los votos válidos  para tener una legitimación real, como es la práctica en todas las democracias presidencialistas a lo largo y ancho del planeta.
Francia, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, todas estas naciones, y decenas más, contemplan el balotaje o segunda ronda para quienes no obtengan al menos la mitad más uno de los sufragios en primera ronda.
 Por eso hago un llamado desde esta curul a la ciudadanía y las diversas fuerzas políticas, para que conversemos y nos pongamos a trabajar unidos, y construyamos en conjunto una alternativa vigorosa con miras a la campaña electoral del 2013.
Ese debe ser nuestro reto prioritario en el corto y mediano plazo.

lunes, 22 de noviembre de 2010

LA TRAMITOLOGÍA Y LA FALTA DE COMPETITIVIDAD

Un componente clave  para la generación de empleos y el aumento de la competitividad, está relacionada con la tramitología.
No existe evidencia alguna que el trámite de aprobaciones previas mejore el acatamiento de las regulaciones dispuestas, y la experiencia indica que, entre más regulaciones, menor productividad, menos beneficios para los ciudadanos y mayor corrupción.

No veo intentos del Poder Ejecutivo para modernizar la Ley Orgánica del Ambiente, así como transformar la gestión administrativa y reglamentaria de la Secretaría Técnica Ambiental para favorecer la racionalidad a favor de la iniciativa privada, eliminar todo trámite y consulta innecesaria,  establecer períodos expeditos de respuesta por parte de la administración y promover, a nivel institucional, una filosofía de atención al cliente.

Tampoco veo en el horizonte  transformaciones para acelerar procesos en materia de construcción:
Es necesario modificar la reglamentación relacionada con presentación de planos en el INVU, propiedad en condominio, perforación del subsuelo para la exploración de las aguas subterráneas, modificaciones en planes reguladores municipales para permitir edificaciones más altas en ciertos cantones, y aprovechar así el uso del suelo, hoy día tan encarecido e inalcanzable para la clase media y la de menos ingresos, o para para atraer inversiones de corte tecnológico o industrial. 

 En materia de salud, no observo iniciativas para simplificar y uniformar los trámites en las distintas dependencias del Ministerio de Salud, incluyendo eliminar los requisitos para aprobación de etiquetas de productos alimenticios así como su código impreso, como tampoco la imperiosa necesidad de eliminar el registro sanitarios de medicamentos; engorroso e innecesario para la importación de los mismos,  que más bien produce desabastecimiento de medicinas tanto en la CCSS como en las farmacias particulares.

 En materia de educación, no hay indicios para simplificar los requisitos para la construcción y acreditación de centros educativos privados, en particular eliminado la solicitud de valoración de planos e infraestructura ante la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública.

En materia de turismo tampoco vemos apertura para:
 Eliminar las restricciones a los operadores turísticos para el transporte de turistas, incluyendo cualquier limitación sobre el tipo de transporte y simplificar los requisitos para la inscripción de vehículos ante el Consejo de Transporte Público. 
 Eliminar el trámite para obtener la declaratoria de actividad turítica. Eliminar todo tipo de visado de planos constructivos por parte del Instituto Costarricense de Turismo.
 Reformar la ley de licores para facilitar el otorgamiento de patentes a los establecimientos gastronómicos y eliminar la corrupción asociada al negocio de patentes.
 
Quiero finalizar solicitando al Poder Ejecutivo a partir del mes de diciembre que abrimos periodo de sesiones extraordinario, envíe al Plenario el  proyecto Ley N. 16956, presentado por los exdiputados libertarios Carlos Gutiérrez y Luis Barrantes, con el propósito de reformar la Ley N.º 8220, “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”, en particular su artículo 10, para introducir sanciones  a funcionarios que la incumplan y adicionar un artículo 11 para incluir la figura de “retardo indebido” y su respectiva sanción.


 

martes, 26 de octubre de 2010

El Financiamiento de los Partidos Políticos


Una vez más los bonos de la deuda política vuelven a ser objeto de tendenciosas y suspicaces noticias, en uno de los diarios catalogado entre los más serios y objetivos del país.
Es una verdadera lástima, o talvez una omisión adrede,  que el Código Electoral no hubiere contemplado la obligación del Estado en otorgar equidad y accesibilidad a los recursos económicos para TODAS LAS FUERZAS POLITICAS que compiten en los procesos electorales.
Resulta grotesco como, la Banca Estatal, controlada por el GOBIERNO DE TURNO, que nombra a placer los miembros de sus juntas directivas, decidió otorgar en exclusiva la compra de bonos de la deuda política al PARTIDO GOBERNANTE de turno, dejando en absoluta indefensión y desigualdad de trato a los partidos políticos que no son afines al grupo en el poder.

EL Movimiento Libertario, El PAC,  EL PASE. EL FRENTE AMPLIO; RENOVACION COSTARRICENSE y RESTAURACION NACIONAL, se vieron, se ven, y se verán en la incómoda situación de buscar las fuentes no estatales para poder conseguir el financiamiento adelantado de la deuda a que tienen derecho, y poder así hacerle frente a un poderoso gigante que manipula el poder económico y electoral , cerrando el crédito a las fuerzas e ideologías que les son adversas.

Tengo aún fresco en mi memoria  las penurias que vivió el Partido Acción Ciudadana, cuando el Banco de Costa Rica le negaba los fondos garantizados con bonos, y se los liberó a escasas 3 semanas del final de la contienda, cuando la apuesta electoral era difícil de cambiar y el recuento final era la crónica de un resultado  anunciado.

Nosotros en el Movimiento Libertario, debimos recurrir a ofertas de depreciación de nuestros bonos hasta en un 15%  menos de su valor, y colocarlos así en otras fuentes no estatales, para poder hacerle frente a los gastos que una campaña política  competitiva demanda en la actualidad.

Si estos chantajes económicos continúan,  si solo el Partido Gobernante tiene acceso a los fondos de todos los costarricenses,
¿De qué le sirva a nuestra democracia, la mal llamada deuda política estatal....?

Estoy convencida que la actual Comisión de Asuntos Electorales, deberá tomar cartas en el asunto, para introducir las reformas al Código Electoral, que permitan un justo acceso de TODOS LOS PARTIDOS POLITICOS al financiamiento aportado por el SISTEMA BANCARIO NACIONAL del ESTADO, respetando siempre el porcentaje de acuerdo a los votos recibidos, y no con   base en eventuales encuestas de intención de voto, subjetivas, manoseadas y alteradas, con el morboso fin de negar los recursos que son de todos nosotros, los co-propietarios de los bancos públicos; falseando así la estabilidad emocional y fidelidad de los seguidores que no comulgan con los jerarcas de turno.

Esta tarea es de urgente necesidad para la consolidación real de una democracia, ejemplo del mundo, que presume de ser igualitaria, transparente, incorruptible y ampliamente participativa.

Nuevos derroteros del Cooperativismo

La Educacion especial y las personas de la tercera edad

Indudable es el papel protagónico que el cooperativismo ha jugado en el desarrollo socio económico del país.
Reconocible, a todas luces, es el trabajo de la dirigencia cooperativista, quienes, en conjunto con la enorme masa de trabajadores afiliados a cooperativas de distinta esencia productiva, favorecen el ascenso social, el desarrollo de comunidades y sectores, e impulsan decisivamente el progreso de Costa Rica.
Como Diputada de la República, miro, sin embargo con preocupación, dos segmentos de población que requieren de un apoyo inmediato y sostenible por parte del cooperativismo: la Educación Especial y la Tercera Edad.
La población estudiantil que requiere un proceso más focalizado de atención, no siempre puede satisfacer sus necesidades por la falta de personal especializado, la limitación de los recursos que maneja el centro educativo, y la estrechez de visión integral educativa que muestran muchos de nuestros programas de enseñanza, dirigidos a los alumnos (as)  que requieren educación especial.
La constitución de cooperativas conformadas por profesionales en la materia citada, vendría a suponer una apuesta por ofrecer este servicio a miles de estudiantes, impidiendo así se queden rezagados en su proceso de aprendizaje.
Cooperativas de Educación Especial, unidas estratégicamente con el Ministerio de Educación Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, Instituciones Privadas de enseñanza, la Caja Costarricense del Seguro Social, y demás organizaciones que velen por la salud y educación de nuestros jóvenes, serìa una fórmula exitosa para esta necesidad.
Otro segmento de población que el país, en su fase productiva, y que de manera increíble no toma en cuenta es el de la tercera edad.
Miles de ciudadanos (as) mayores de 60 años, mantienen positivas sus capacidades y ánimo de lucha por la vida. Están deseosos de producir, de sentirse útiles,  ganar su sustento y mantener independencia.
Pero, el sistema económico nacional los ignora, los convierte en “seres inservibles”, y los relega a un lado de la sociedad.
Esto tiene que cambiar, y solo el cooperativismo lo puede hacer. Constituir cooperativas de adultos mayores, en diversas facetas de la producción nacional, aprovechando ese tesoro que es la experiencia de estas personas, volviendo a ponerlas al servicio de la sociedad, es algo que no se puede despreciar.
Las cooperativas de adultos mayores vendrían a reformular el derecho humano que tienen estas personas, de sentirse útiles y ganar dignamente el sustento.
Es hora que las autoridades del cooperativismo analicen y propongan acción sobre estos dos temas: educación especial y adultos mayores.
Diversificar la actividad cooperativa, explorando áreas en las que no ha incursionado, solamente ofrece beneficios para fortalecer el espíritu cooperativo.
Integrar a màs miembros de la sociedad en esta rica experiencia de progreso social, bajo la cobertura hacia educandos especiales y adultos mayores, cimenta decisivamente el carácter social que en el cooperativismo, ha sido bandera permanente de lucha.

jueves, 30 de septiembre de 2010

PROYECTO CONTRA LA VIOLENCIA EN LOS ESTADIOS

Este  proyecto pretende establecer sanciones no carcelarias para personas que se vean involucradas en actos violentos o vandálicos en los espectáculos deportivos, al margen de las sanciones existentes en el Código Penal para delitos ya tipificados.

SE AUTORIZA LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA SEGURIDAD EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS (SISED)

El SISED contendrá la información básica necesaria para proveer la seguridad con ocasión de los eventos deportivos y funcionará bajo la dependencia y organización del Ministerio de Seguridad Pública.
Las sanciones, medidas preventivas y anotaciones proferidas en virtud de la presente Ley deberán remitirse al SISED en los términos que señale el reglamento.

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

El Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, el ICODER, las municipalidades y  los comités cantonales de deportes, así como los demás organismos vinculados al deporte, diseñarán cursos - talleres sobre Educación para la Paz y la No Violencia, podrán programar la capacitación de docentes, habilitando el desarrollo de estas actividades y supervisando su ejecución en ámbitos adecuados y horarios accesibles a los destinatarios a que se refieren los artículos siguientes de la presente  ley.
Igualmente se podrán programar campañas educativas y preventivas, tendientes a evitar la violencia en escenarios deportivos a través de la prensa, radio, televisión, así como en escuelas, colegios, universidades y demás centros de enseñanza.
Los cursos-talleres referidos en los artículos anteriores se organizarán y ejecutarán anualmente, mediante convenios del ICODER con las municipalidades.

SE CREA TAMBIÉN LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS, ÓRGANO ADJUNTO AL MINISTERIO DE SEGURIDAD

 La Comisión estará integrada por:
1) Un representante del Ministerio de Seguridad Pública;
2) Un representante del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes;
3) Un representante del ICODER
4) Un representante del Comité Olímpico Nacional.
5) Tres representantes de las Federaciones deportivas del país.
El Comité será presidido por el representante del Ministerio de Seguridad Pública.
DE LAS SANCIONES
El deportista, jugador profesional, técnico, entrenador, preparador físico, colaborador, dirigente, concesionario o miembro de clubes, asociaciones o comisiones deportivas, que participe en la comisión de hechos de violencia, con motivo o con ocasión de un evento deportivo, antes, durante o después de él, será sancionado con multa de veinte (20) a cuarenta (40) días de prestación de servicios de utilidad pública, o por una prohibición de concurrencia a escenarios deportivos de orden público según la gravedad o reincidencia de la conducta.







Las sanciones  para espectadores asistentes que participen en hechos vandálicos dentro o en la periferia de los recintos van desde 1 a 5 años en “prohibición de concurrencia a los espectáculos” o “de 90 a 300 días de trabajos comunales obligatorios (prestación de servicios de utilidad pública)”, dependiendo de la gravedad de las faltas, las cuales están bien tipificadas en el proyecto.

miércoles, 29 de septiembre de 2010

VISITAS A LOS ALBERGUES DEL PANI

Quiero compartir las experiencias que observé el fin de semana pasado, con motivo de las visitas realizadas por mi despacho a cinco albergues del PANI en Tibás, Moravia, Goicoechea y Coronado.  Vengo muy satisfecha por las calidades humanas del personal y las tías que laboran en estos centros, así como por el cuido, la atención y el cariño que las funcionarias prodigan a estos niños.
 También me ha impresionado favorablemente el aseo y limpieza de los inmuebles y el alto valor nutricional de los alimentos que se ofrecen en esos albergues.  Algunas edificaciones son alquiladas y otras son propiedad del Patronato Nacional de la Infancia, es obvio que las estatales están en mejores condiciones, pues en ellas sí es posible invertir.  Sí me preocupa el hecho de no contar en estos centros con elementales equipos de cómputo ni acceso a las nuevas tecnologías de información, como tampoco fiscalización de asistencia a centros educativos cercanos de estos muchachos, niños y niños niñas, ni programas de capacitación in situ que le den ocupación a las mentes ociosas de los albergados temporal o permanentemente.  Concretamente, pude presenciar en una tapia trasera, en un albergue de Moravia, el orificio comunicante a un parque aledaño donde adolescentes salen por la noche a consumir drogas y regresan luego a sus habitaciones.
 Algunas edificaciones son alquiladas y esto hace imposible que tengan la infraestructura adecuada para albergar a todos estos niños y niñas.  Creo que con veintidós mil millones anuales de presupuesto y escasos doscientos cincuenta profesionales entre trabajadores sociales, abogados y sicólogos para sus múltiples funciones, el Sistema Nacional de Protección Integral, compuesto por el Consejo de la Niñez y la Adolescencia, el PANI, las juntas de protección de la niñez y la adolescencia y los comités tutelares de menores no dan a basto.
 Aprovecho este foro parlamentario para plantear la necesidad de dedicar más recursos para cultivar el espíritu y la mente de los menores; si hay un campo donde no debemos restringir aportes, es en la educación de nuestra niñez y adolescencia.
 A todos los compañeros diputados de la Comisión de Hacendarios,  les hago formal y vehemente petición para que dentro de la escasez de recursos fiscales derivemos un aporte para la inversión en la educación y el bienestar de nuestra niñez.

lunes, 13 de septiembre de 2010

UN MODELO ASISTENCIAL AGOTADO

Continuamos con el estribillo de siempre en el SECTOR SALUD: “permanecen las listas de espera en la CCSS sin visos de solución, no hay signos de reducción a corto plazo”.

¿Deberán los asegurados de nuestro país acostumbrarse a este crónico panorama sanitario sin que los jerarcas competentes dediquen esfuerzos al respecto?

Cuatro distinguidas profesionales al mando del sector: UNA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA; UNA MINISTRA DE SALUD; UNA PRESIDENTA EJECUTIVA Y UNA GERENTE MEDICA, y NO observamos un ataque frontal al problema. Todo lo contrario, en el HOSPITAL DE LA MUJER, antigua MATERNIDAD CARIT, las diminutas salas de operaciones de 14 metros cuadrados están clausuradas por deficientes condiciones en equipamiento, ausencia de climatización requerida, altos índices de infección postoperatoria, y una sala de recuperación inapropiada; sigue creciendo el número de pacientes en espera de cirugía.

La Sala Constitucional ha ordenado la reanudación de las CIRUGÍAS VESPERTINAS a partir de las 4 PM en todos los QUIROFANOS del país para reducir las presas en operaciones que ya alcanzan meses y años de espera, y la SEÑORA GERENTE responde que no puede porque la JUNTA DIRECTIVA no ha podido tomar el acuerdo: ¿ DESDE CUANDO UNA DECISIÓN ADMINISTRATIVA de índole gerencial debe contar con el aval de una JUNTA?, ¿O es que en la CCSS LA JUNTA DIRECTIVA DECIDIÓ administrar la INSTITUCIÓN en lugar de dictar las POLÍTICAS GENERALES en materia de SEGURIDAD SOCIAL como debe ser su función?

Por otro lado, acabamos de presenciar un paro de médicos en formación de especialistas, molestos por la  lilegalidad de los contratos que firmaron para trabajar en zonas alejadas una vez que finalizan la especialidad. Tengo la impresión que dichos contratos pueden no tener sustento jurídico alguno por la excesiva garantía económica solicitada. ENTONCES; PREGUNTO: ¿CON CUALES ESPECIALISTAS PRETENDE LA CAJA SUPLIR EL DEFICIT PRESENTE Y FUTURO?

¿NO se han percatado las SEÑORAS JERARCAS que el modelo de prestación de servicios en forma ÚNICA Y MONOPOLIZADA está caduco?

Desconocen las SEÑORAS JERARCAS que cuando se fundó la CAJA, ésta nació como una verdadera CAJA RECOLECTORA DE FONDOS aportados por PATRONOS, ESTADO Y TRABAJADORES, la cual, compraba servicios a diferentes HOSPITALES Y CLÍNICAS administrados por las JUNTAS DE PROTECCIÓN SOCIAL y otras ORGANIZACIONES para la atención de los cotizantes , DE AHÍ SU VERDADERO NOMBRE.

Debemos retomar ese modelo de atención inicial de los años 40 y 50 pero comprando servicios a otros protagonistas actuales del sector salud , como COOPERATIVAS; FUNDACIONES , ASOCIACIONES DE MEDICOS Y OTROS PROFESIONALES, SOCIEDADES ANÓNIMAS; MEDICOS PENSIONADOS; realizando LICITACIONES TRANSPARENTES, BIEN PUBLICITADAS y sin suspicacias, para evacuar las listas de espera fuera o dentro de la Institución. Esta es la única forma en que podemos salir del MARASMO ASISTENCIAL en que ha caído la CCSS. Los asegurados urgen de una rápida solución al problema.