La paradójica ARESEP

Pretendo continuar insistiendo sobre el aumento desproporcionado que se viene dando en los servicios de agua, de electricidad y en el transporte público.

Es paradójico, que estas actividades, reguladas por el estado, sean las culpables directas del repunte de la inflación en los últimos meses, cuya cifra podría llegar al 6.7% a final de año, dato que estaría por encima de las estimaciones iniciales para el año 2013 (5 á 6 por ciento).

Y es que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ha sido muy complaciente con la aceptación de los costos que las instituciones públicas le aportan para sustentar sus gastos de operación. La función sustantiva de la Aresep, no es ser una tramitadora de oficio  a peticiones de aumento, sino  un freno indirecto al crecimiento interno de los costos operativos de tales servicios.

Cuando en el seno mismo de una familia, el presupuesto hogareño comienza a ser insuficiente, porque los gastos sobrepasan los ingresos, no es solicitando un aumento de salario al jefe como resolvemos ese desbalance; es apretándonos la faja, posponiendo algunas actividades para tiempos mejores, es buscando donde comprar más barato, y congelando diversiones y salidas innnecesarias, como vamos nivelando nuestros presupuestos. Las familias no tenemos a quien trasladarle nuestra insolvencia transitoria, sino a las propias decisiones hogareñas de lógica elemental como podemos salir adelante.

La Presidencia de la República ha dado un jalón de orejas en tal sentido con las directrices recién emanadas para controlar esos aumentos, labor que en principio corresponde a la ARESEP. Con solo que esta Institución hubiera rechazado desde hace meses las solicitudes de aumento de tarifas al ICE, Acueductos y Alcantarillados, Recope, y a los autobuseros y taxistas, nos hubiésemos evitado estos golpes tan fuertes en los bosillos de los consumidores, y el peligroso repunte del proceso inflacionario que pareciera inminente.

El rechazo a esos aumentos tarifarios, habría logrado que, al igual que en la economía doméstica, tales instituciones se habrían visto forzadas a reordenar sus procesos internos, a controlar sus gastos, y adaptar sus presupuestos a sus ingresos reales existentes.

Un poco tardío el jalón de orejas, pero también el Regulador General debe recibir una alta dosis de ese jalón, situación que no hemos visto por parte del Ejecutivo.

Es evidente entonces, que los bienes y servicios no regulados, es decir, aquellos que se encuentran al arbitrio de la oferta y la demanda, son los que  menos aumentan de precio. Vemos como, el “mercado sí funciona”, y aún sus mayores detractores deberán convencerse que el mayor estabilizador de precios es la libre competencia. Otro sería el panorama nacional, con una competencia abierta para esos monopolios estatales del combustible y la electricidad. Los electores tienen la palabra para febrero del 2014. Eligiendo a los mismos, nos espera lo mismo.

ANÁLISIS DEL DISCURSO DE LA SEÑORA PRESIDENTA ANTE EL PLENARIO LEGISLATIVO EL 1 DE MAYO DE 2013

Los extensos discursos de los primeros de mayo de cada año, se han convertido en tediosos informes pletóricos de cifras y datos, cuyo objetivo real, no es suministrar con objetividad el estado real de la nación, sino maquillar con eufemismos, la cruda verdad de las necesidades sentidas por la ciudadanía.

Decir por ejemplo, que, abro comillas “se detiene el crecimiento de la pobreza porque en el año 2012, por primera vez en cinco años la pobreza dejó de aumentar”, cierro comillas, en lugar de manifestar con franqueza que, en los últimos 4 años no hemos reducido el índice de ciudadanos pobres a menos del 21 por ciento, es adornar la enorme frustración que nos embarga, al percatarnos que no ha existido una política exitosa, para lo que debiera ser el fin primordial de todo gobierno ambicioso, en materia de logros socioeconómicos.

No puede haber reducción de la pobreza, si no existe una evidencia real de salarios crecientes. Salarios que únicamente compensen el 5 ó 6 por ciento de inflación anual, lo que producen es un estancamiento a mediano plazo en el poder de compra de los costarricenses, pues si no crece la capacidad de consumo ni de ahorro del cuidadano, la mejora en las condiciones de vida se da por la vía del endeudamiento o la contracción del consumo en todos los hogares. No hemos visto, en los últimos 7 años, un aumento salarial por encima de la inflación anual; solo pequeñas limosnas de compensación, para reponer la pérdida adquisitiva del semestre recién terminado, que nunca alcanza ni un 3 por ciento de aumento salarial. Así jamás podremos mejorar el poder de compra ni de ahorro para los costarricenses. Tampoco las ayudas estatales para aquellas personas pobres o de gran vulnerabilidad para caer en la pobreza, están llegando a la población meta; la frondosa burocracia utilizada en la canalización de esos fondos, y la enorme dispersión de los programas dedicados a ello, consumen un alto porcentaje de los recursos asignados. Son abundantes y contundentes, los informes al respecto emanados de la Contraloría General de La República.

Nos vanagloriamos porque somos un país de renta media, pero tenemos 4 años de rondar cerca de los 10 mil dólares anuales de ingreso per cápita. Chile, Panamá, Barbados, Uruguay, entre otros de América Latina, hace rato nos han rebasado en esta cifra.

En 1950, Costa Rica y Corea, tenían un ingreso anual per cápita parecido, y un porcentaje de pobres cercano al 45 por ciento; 63 años después, los coreanos nos triplican en el ingreso per cápita, y han reducido sus índices de pobreza a cifras cercanas al 12 por ciento de su población. Algo venimos haciendo mal desde hace muchos años, incluyendo el empobrecimiento masivo que sufrimos en el cuatrienio 78-82.

El discurso de la Sra. Presidenta destina las páginas 9 y 10, y la mitad de la página 11, para dar una pincelada al tema social. Habla también ahí de la creación de nuevos empleos, pero no refiere que desde hace 3 años la tasa de desempleo ronda el 10 por ciento de la población económicamente activa; más de 200 mil costarricenses en edad y capacidad de trabajar, están desempleados, y con muy pocas opciones de conseguir un empleo en el corto plazo. Los empresarios han sido claros que durante este años no ven cercana la capacidad de crear nuevas fuentes de trabajo, pues la demanda de sus bienes y servicios permanece estancada.

No se menciona en el informe del primero de mayo nada en relación con nuestro sistema de seguridad social. Quedamos notificados todos y todas, que seguiremos sufriendo las esperas de citas de cirugías a dos y 3 años; lo mismo para los exámenes de diagnóstico, y las citas en especialidades médicas críticas a meses y años. Que además, continuaremos con la zozobra del estado real de las finanzas del régimen de Pensiones de la Caja, y que seguiremos presenciando las discrepancias de criterio, entre la Superintendencia de Pensiones y la Gerencia correspondiente de la Caja de Seguro Social. Nos anuncian los medios de prensa, que al fin se realizará un estudio actuarial conjunto, para verificar el estado real del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, o Régimen de Pensiones. Veremos que sucede en el tiempo.

Tampoco se aborda en el informe, el tema de un cambio ambicioso y sustantivo en nuestra educación media y universitaria. No escuchamos nada que pretenda privilegiar la formación de carreras productivas generadoras de empleo, orientadas a la formación y la investigación tecnológicas, al fomento del intelecto creativo, al aprendizaje de nuevos y necesarios idiomas, al correcto manejo de las finanzas personales y del entorno económico, al emprendedurismo empresarial, y a todo aquello que estimule a la nación hacia un cambio de paradigma en su desarrollo. No vemos en nuestra educación pública ni privada tendencias modernas a poner freno a la formación masiva e indiscriminada de profesionales en áreas saturadas como las ciencias sociales y del comportamiento humano, las biológicas, y aquellas de asistencia médica y odontológica, en donde sabemos sobradamente que existe una saturación en el mercado laboral.

No hay una visión clara del país ni del estado que queremos. Preocupa más el sostener un clientelismo electoral que produzca réditos cada 4 años, que emprender con decisión y valentía los cambios necesarios y evidentes en muchos de los campos del saber y del quehacer cotidiano. Parece que la gran mayoría de los gobernantes que la cuidadanía escoge, se perfilan más como admistradores de un sistema en permanente crisis, que no desean complicarse, que se consumen en el día a día, que como bien lo dicen nuestros campesinos, prefieren sostener la yegua que amansarla.

Hemos perdido la capacidad de discernimiento, para escoger los verdaderos estadistas que los nuevos retos demadan.

En el tema de la infraestructura vial, como bien lo dijo don Guillermo Constenla, a raíz de la ponencia de don Otto Guevara, para utilizar los 300 millones de dólares ociosos del Instituto de Seguros en la construcción del corredor San José- San Ramón, preferimos buscar el camino fácil y costoso de una “concesión”, que sudarnos la chaqueta, y hacer las obras con recursos propios, y que son abundantes en el país, pues para ello hay que crear legislación expedita, consensuada, y orientar esos fondos hacia donde generen desarrollo al país, y así esos fondos nacionales, propiedad de todos los costarricenses, produzcan ganancias y aumenten el patrimonio de las instituciones que ponen el dinero.

Habló también la Presidenta, que va a insistir, durante los próximos 12 meses, en llevar adelante las propuestas de gobernabilidad que envió a la corriente legislativa: reformas a la Ley de Jurisdicción Constitucional, reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa, reformas a diversas leyes para agilizar el funcionamiento de la administración pública, y las reformas constitucionales para mejorar la calidad de la representación política.

Algunas de ellas tienen buen ambiente en esta Asamblea, otras definitivamente no, pero será bienvenida la discusión constructiva y de altura de estos temas. Esperamos que sus buenos deseos sean acuerpados por la fracción legislativa de su propio partido.

INFORME DE LABORES 2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porteo y legalidad

Desde hace mucho tiempo, la Fracción del Movimiento Libertario ante la Asamblea Legislativa viene advirtiendo que el tema del porteo no se abordó con la responsabilidad del caso, ni por el actual  ni por los anteriores gobiernos. Nuestro Código de Comercio regulaba la actividad anterior al año 2011, cuando se aprobó la ley 8955 que tantos problemas ha presentado.

La actividad del porteo es legal, y funcionaba de acuerdo a la legislación de este Código, era un instrumento útil para el comercio de nuestro país. Si el gobierno en su momento pretendía controlar alguna irregularidad, no era empeorando la legislación existente como lo iba a lograr. Esto lo advertimos con vehemencia la Diputada Marielos Alfaro y mi persona, en la Comisión Plena Segunda, órgano legislativo que se encargó de dar paso a una ley carente de una correcta técnica legislativa como de una lógica jurídica.

La ley resultante, eliminó la palabra “personas” de la normativa del Código, y en nuestra opinión, violentó artículos constitucionales, aunque lamentablemente la Sala opinó diferente cuando fue consultada al respecto. Sin embargo, parece que el tiempo nos ha dado la razón, cuando vemos las manifestaciones recientes de taxistas, al considerar que quienes están realizando el porteo, lo están haciendo de manera contraria a la legislación.

El problema es que la ley vigente ignoró, de manera equivocada, el hecho de que la actividad del porteo es de carácter privado, y en su lugar, propuso una figura a la que denominó transporte especial estable de taxi, que debía ser otorgada por medio de un permiso. Sin embargo, aún cuando las personas que se dedicaban al porteo antes de la ley, afirman haber presentado los requisitos para que se les otorgue el permiso, este se les denegó, y sus apelaciones están sin resolver aún por parte del Consejo de Transporte. Y es este precisamente otro error que quedó establecido en la ley, es decir, otorgó más responsabilidades al Consejo, cuando sabemos que la eficiencia no es una de sus virtudes.

Una ley confusa, que creó una figura nueva, convirtió una actividad privada en un servicio que no se clasifica como concesión, ya que no es producto de una licitación pública sino de un permiso, desnaturalizando completamente la simplicidad de una actividad valiosa para el comercio. Es la causante del desorden y la inseguridad jurídica que se está presentando.

El desastre en el otorgamiento de placas de taxi, del cual Costa Rica ha sido testigo desde hace mucho tiempo, se repite ahora con los permisos para el transporte especial estable de taxi, y los más perjudicados resultan ser los usuarios de los servicios, que no sólo se quedan sin opciones efectivas de transporte, sino que además, se enfrentan a las protestas callejeras de los sectores involucrados, impidiendo su libre tránsito.

Nuestra Fracción Libertaria lo advirtió en su momento, con argumentos jurídicos y con el detalle de los principios constitucionales lesionados, pero no se nos escuchó. Nuestras palabras quedaron en las actas de aquella Comisión Plena, y las referencias a la jurisprudencia constitucional que mencionamos, y que se refiere a estos principios, puede ser consultada en ellas. Un grave error legislativo al amparo de un 208 bis orquestado desde las oficinas del exministro Jiménez en el MOPT, acuerpado por Liberación Nacional y otras fuerzas políticas que se precipitaron, que pusieron oídos sordos a nuestros argumentos, co-responsables del caos vial que un día sí y otro también, sufrimos todos los costarricenses.

¿Qué podemos hacer ahora? Lo pertinente es corregir el error normativo derogando o reformando esa ley, y, mientras tanto, debemos ser fiscalizadores estrictos en el otorgamiento de los permisos, exigiendo al Consejo de Transporte eficiencia en sus obligaciones, de lo contrario, estaremos alimentando un desorden colectivo que muy pronto se nos va a salir de control.

Concesiones y corrupción (II)

Continuando sobre la controversial historia de las concesiones en Costa Rica, la terminal de contenedores del puerto de Moín, la carretera a Caldera, la prórroga del  monopolio de Riteve por 10 años, entre otras, se viene a cerrar recientemente con “broche de oro”, con el refrendo que otorgó la Contraloría a la concesión del corredor vial San José-San Ramón, a otra empresa extranjera, O.A.S, obra que tiene todo su tramo construido con recursos del estado costarricense desde hace 40 años, y por la cual se pretende que paguemos un peaje de 8 dólares, tan solo con el banderazo de inicio de las mejoras, y no una vez concluida  las mismas, como debe ser lo lógico en toda negociación de este tipo.

Desde el 2005 la concesionaria inicial, Autopistas del Valle, prima de Autopistas del Sol, se había declarado en insolvencia para poder iniciar el contrato, situación que luego de varios años de tolerancia por parte de nuestros gobiernos, permite el traspaso del contrato a la empresa O.A.S, y esta le otorga, por la cesión del mismo, la módica suma de 35 millones de dólares a Autopistas del Valle, empresa que sin haber invertido un cinco en las obras, se gana esa suma de dinero que al  final saldrá del bolsillo de todos nosotros los futuros usuarios.

Pero lo más serio aún, es que el Ministro Pedro Castro, fue consultor pagado por la compañía adjudicataria, es decir, don Pedro realiza “el tiro de esquina” , y él mismo se viene al “área chica y mete el gol”. Pocas veces hemos visto tal desfachatez en el ejercicio de la función pública.

Quisiera saber cual es el contubernio que existe entre las autoridades de gobierno del Partido Liberación Nacional, y la contraloría general de la república.

Considero un imperativo la comparecencia de la Sra. Contralora en este Plenario, así como la instalación de un órgano investigativo para hurgar más profundo en estos temas.

Además, deseo reiterar que es insostenible la permanencia del Ministro de Transportes en el cargo; no es relevándolo solo de participar en las negociaciones de revisión, o de la rescisión de la concesión, como es lo procedente, como se puede tranquilizar al pueblo costarricense o quitar ese barniz de corrupción que recubre toda esta temática.

También don Edwin Rodríguez Aguilera, cercano colaborador del Ministro, y Director Ejecutivo del Programa de Concesiones, corresponsable de lo que acontece, y cuyo título oficial de “SECRETARIO TECNICO”, lo utiliza para que creamos que él es quien toma las actas únicamente.

No olvidemos que por mandato expreso de ley, son miembros del Consejo de Concesiones, con representación indelegable, el Ministro Pedro Castro quien lo preside, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Planificación, y el Presidente

Ejecutivo del Banco Central, y ninguno de estos altos funcionarios tampoco nos explican nada.

Por todo esto, las renuncias o su destitución, es lo menos que podemos esperar; así como la detención inmediata de la cuestionada concesión, sin que ello signifique que no se realice tan necesaria e importante obra de infraestructura vial.

Más transparencia, señores del gobierno, y más supervisión señora Contralora, eso es lo que pide a gritos el pueblo Costa Rica.

Concesiones y Corrupción (I)

Quiero referirme a un tema muy importante y preguntar ¿qué está pasando en Costa Rica?, ¿qué sucede con nuestros órganos de control y fiscalización del Estado?

       La palabra concesión se ha vuelto sinónimo de corrupción.  ¿Cómo puede ser que una legislación que tomó años en aprobarse, y que en países afines al nuestro ha sido un instrumento transparente de desarrollo vial y portuario, haya caído en un desprestigio tan vertiginoso y reversible, que el solo nombre de una concesión activa suspicacias, tan lamentable y acertadamente fundamentadas que aterrorizan ¾y con sobrada razón¾ a todos los costarricenses?

       El problema de fondo radica, entre otros, que el vigilante, por mandato legal, abandonó la perspectiva de su encargo primario, lo incumple y ya no vigila por dedicarse a pontificar urbe et orbi sobre aspectos que, bien sea, los desconoce o no le corresponden.

       La Contraloría General de la República, el órgano auxiliar de esta Asamblea, encargado de ello, ha perdido su norte.

       Desde hace varios años, en una renuncia implícita a su facultad de refrendo como requisito de eficacia, se viene refrendando contrataciones y concesiones de dudoso origen e implementación, sin que en esta Asamblea Legislativa nos hayamos tomado la molestia de investigar a la actual contralora, quien también fue subcontralora por ocho años; tampoco lo que está sucediendo al interior de esta institución.

       Estamos abdicando del derecho constitucionalmente encomendado de practicar el control político: tomemos a la Contraloría, no obligamos a nuestro órgano auxiliar a rendir cuentas en este plenario.  Ejemplos de dudosos procedimientos y adjudicaciones sobran, un único oferente para el proceso del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, se otorgó con fluidez y sin competencias, y aquí paz y en el cielo gloria.

       El escándalo de la concesión monopólica de la terminal de contenedores del puerto de Moín a un consorcio, única oferente también en una licitación, probablemente direccionada, pasó de manera expedita y ya nadie lo recuerda.

       La prórroga por diez años más al monopolio del contrato con Riteve, firmada por el Ejecutivo y de la cual, ante una petitoria formal de investigación que realizamos los miembros de la fracción parlamentaria del Movimiento Libertario hace más de nueve meses, la Contraloría aún no responde, y cada vez que llamamos nos dicen que la investigación está en proceso, ¾en proceso de archivo, diría yo¾.

       Luego vinieron los múltiples escándalos, no aclarados todavía, sobre el desastre del corredor vial San José-Caldera.  En esta propia Asamblea, en la comisión investigadora, basta leer las actas, en las cuales el exgerente del proyecto y reconocido profesional, doctor en Economía, Stephan Brunner, dejó establecido ¾con tal claridad que estremece¾ que existen más de cien millones de dólares que el viento se llevó.

       En los últimos cinco años, producto de la concesión de la carretera a Caldera y del aumento del monto inicial en más de un trescientos por ciento, todo ello con el visto bueno del Consejo Nacional de Concesiones del Conavi como administrador de los recursos y de la Contraloría, a tal extremo que, tres años después de estar en funcionamiento la carretera, aún no corre el período de veinticinco años de explotación de la obra, porque esta no ha sido entregada oficialmente al Gobierno de Costa Rica, es decir, la obra aún no está terminada, a pesar de los millones que la empresa supervisora encargada Cacisa, cobró por la supuesta supervisión de esa infraestructura vial.

Un grave retroceso

Es evidente que la reiterada argumentación de una autonomía, derivada de nuestra Constitución Política para la Caja del Seguro Social, requiere de análisis profundo y de una reorientación por parte de la Asamblea Legislativa.

Todo intento de reforma, toda sugerencia para la mejora de los servicios de salud, que no provenga del seno mismo de dicha Institución, topa con la reiterada cantaleta de la “inconstitucionalidad”, tanto por parte de los jerarcas de turno, como de algunas opiniones legales emanadas de los servicios de apoyo legislativo.

Algo tendremos que hacer las legisladoras y legisladores para que podamos implementar cambios positivos a lo interno de la Caja, sin que se nos acuse de violentar la autonomía propia de la Institución.

El más reciente  error el de la Presidencia Ejecutiva, y de sus compañeros de Junta Directiva en la CCSS, es haber revertido el proceso iniciado con La “Ley de Desconcentración de Hospitales y Clínicas,” promulgada en el cuatrienio 1998-2002. Este ha sido un instrumento de gestión que, nunca gozó del beneplácito de los expertos en salud del PLN; excepción del Dr. Edgar Mohs, quien en un reciente artículo avaló en todos sus extremos la aplicación de esta ley.  Desde el año 2002, el expresidente Abel Pacheco, siguiendo directrices de sus cercanos asesores liberacionistas, suspendió el proceso de desconcentración administrativa iniciado por su antecesor, el expresidente  Rodríguez.

El haber trasladado a los directores de hospitales y clínicas, el manejo de los presupuestos, los recursos humanos y las compras de activos, bienes y servicios, fue un enorme avance, en la gestión moderna y eficiente de la gerencia de los centros de salud en la CCSS.

Echar la culpa de las enormes “listas de espera” en cirugías, de procedimientos diagnósticos, y de las citas a especialista, al sistema de desconcentración, es una cortina de humo para no responsabilizar de esta crisis, así como de la debacle financiera institucional, a quienes son los verdaderos culpables de la quiebra del sistema de seguridad social: los jerarcas del sector salud del PLN nombrados en las 3 últimas administraciones.

Se ha dado un serio golpe a la autonomía de los hospitales y de las clínicas, al retirarles  ese instrumento gerencial que era la desconcentración. Lo que se pretende es volver al vetusto sistema de una poderosa jerarquía burocrática en la Avenida Segunda, para el control absoluto de los recursos humanos, los nombramientos, la contratación administrativa y las compras, en el nivel central. El clientelismo electoral en su máxima expresión.

No ha sido posible que las autoridades de salud del país comprendan que, para salir adelante, se requiere un nuevo sistema de atención sanitaria, donde otros actores como cooperativas, asociaciones, sociedades, fundaciones, universidades públicas y privadas, actuando en conjunto con la CCSS, puedan crear una red de servicios competitiva, que logre mejorar la atención oportuna y de calidad para todos los cotizantes de la seguridad social.