Sobre el Informe del 1º de mayo de la Presidenta Chinchilla (1)

En su discurso del 1º de mayo, la Presidenta nos ha hecho un relato de supuestos logros de tipo social, que realmente me ha hecho sentir como habitante  de otro país que no es precisamente Costa Rica.

Se dijo con propiedad que la Red Nacional de Cuido se viene expandiendo por todo el país, y que 25 mil niños y niñas reciben atención integral; sin embargo, en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, en audiencia del 05 de octubre del año anterior, se le externó todo el respaldo al Sr. Fernando Marín, Ministro de Bienestar Social, por parte de los miembros de la Comisión, para la elaboración de un proyecto de ley, que otorgara el marco legal a un tema de tanta relevancia como lo es la Red.

Según el Señor Ministro hay proyectos que debieran convertirse en una política de Estado, y este es uno de ellos. Sin embargo, fue hasta inicios  de este año 2012, que la representación de la Secretaría Técnica de la Red, se reunió con nuestros asesores, sin presentar una sola propuesta de ley. Aún cuando medió la promesa de una futura reunión para trabajar de manera coordinada, no tenemos todavía un proyecto para su discusión.

Lejos de aprovechar la disposición de las distintas bancadas representadas en la Comisión, se le ha dado largas a la presentación del proyecto de ley, argumentando que se están realizando estudios legales sobre el tema. Esto me sorprende de manera negativa, pues un tema bandera de campaña de esta administración, a medio periodo, no tiene las bases para un borrador de proyecto para la Red Nacional de Cuido. La necesidad de esta Red es imperante, pues de ella depende que muchas madres puedan trabajar, y llevar sustento a sus hogares, además de ayudar con su producción laboral al desarrollo de nuestro país.

La Red no puede seguir operando a partir de simples órdenes de Casa Presidencial, sino en base en una ley, que la haga permanente en el tiempo, y no volátil, como son casi todas las promesas de campaña.

Por otro lado, la anunciada propuesta de convocar a un grupo de ciudadanos “ilustres expertos”, para que dicten directrices al Ejecutivo, puede correr la misma suerte que la Comisión de Notables de la Caja, cuyas sugerencias no se han aplicado ni siquiera en un 15 por ciento, casi 10 meses después de su informe.

En la Educación Pública, por ejemplo, para eliminar el deterioro en que se encuentran casi todas las instalaciones, nuestro Partido Movimiento Libertario, presentó el Proyecto de Ley de Creación del Consejo Nacional de Infraestructura Educativa Pública- (CONIEP)-. expediente 17.819, órgano con autonomía y desconcentración máxima, pero adscrito al Ministerio de Educación, y  sustituir así la ineficiente Dirección de Infraestructura

Y Equipamiento del MEP, y disponer todo el diseño, elaboración de obras, proyectos de infraestructura pública en educación, así como la ampliación, remodelación, y el mantenimiento de los bienes ya existentes. Sin embargo a casi 20 meses de haber sido presentado, no ha sido posible que el proyecto avance, y el Ministro Garnier ha escogido el camino errado, a través de un Fideicomiso de difícil implementación y escaso avance.

Prometió la Sra. Presidenta que, los próximos 2 años de su administración, los dedicará a obras de infraestructura general, y por otro lado refiere que el Gobierno no tiene recursos, entonces, puedo intuir claramente que, esto es un ofrecimiento más, que no podrá cumplir.

En lo concerniente a salud pública, no vemos ninguna propuesta innovadora en la prestación de los servicios que brinda la seguridad social. Deduzco que continuaremos por mucho tiempo más, bajo el mismo esquema centralista, burocratizado, sin resolución de tiempos de espera para citas a especialista, ni  para dar atención oportuna a las cirugías electivas de programación tan prolongada.

Resumen del Proyecto Nº 18.428 “Ley de Traslado del Financiamiento Estatal Electoral al TSE”

Estimados amigos y amigas:

Un grupo de diputados de diversas fuerzas políticas, y esta servidora, hemos presentado a la corriente legislativa el proyecto de ley N° 18.428, “Traslado del Financiamiento Estatal Electoral al TSE”.

Coincidimos los firmantes, que es de urgente aprobación, trasladar todo el aporte estatal para el financiamiento permanente, tanto de los partidos políticos, como de los procesos propios de las elecciones presidenciales y diputados, regidores, síndicos, concejales y alcaldes, para que sea administrado por el Tribunal.

Proponemos que el aporte total del estado, se divida en 2 “fondos”: El “Fondo  Partidario Permanente” y el “Fondo de Campañas Electorales”.

El 25% (veinticinco por ciento) del total del aporte estatal, constituirá el denominado “Fondo Partidario Permanente”, el cual será repartido en 4 tractos anuales, durante los cuatro años de vigencia de las estructuras partidarias, por parte del TSE, en proporción a los votos recibidos por cada partido en la última elección nacional (presidencial y diputadil), de acuerdo a la normativa vigente.

El restante 75% (setenta y cinco por ciento) será el denominado “Fondo de Campañas Electorales”.

Con el aporte del “Fondo Partidario Permanente” los partidos políticos podrán realizar las siguientes actividades:

a) desenvolvimiento institucional;

b) capacitación y formación política;

Se define como desenvolvimiento institucional a todas aquellas actividades políticas, institucionales, administrativas,  de recursos humanos y materiales, derivadas del cumplimiento de los estatutos de cada partido, para su acción permanente y funcionamiento adecuado.

Se entiende como formación y capacitación política: la actualización, sistematización y divulgación doctrinaria a nivel nacional, así como el adiestramiento a miembros de mesa, fiscales de mesa y fiscales generales del partido.

EL Fondo de Campañas Electorales, esto es,

- un 75% del aporte total asignado por ley- se utilizará estrictamente en período electoral, y deberá hacerse efectivo en el presupuesto del TSE, dentro de los diez (10) días hábiles previos a la fecha límite de oficialización definitiva de inicio de la campaña política cada 4 años.

Este fondo será administrado por el TSE para lo siguiente:

1. Espacios en medios de  comunicación:

En elección presidencial y de diputados; no menos de 800 horas para la Televisión, y no menos de 1000  horas para radiodifusión sonora. En prensa escrita nacional y regional, 2 páginas diarias de manera proporcional en todos los medios acreditados ante el TSE.

En elección de alcaldes, regidores, síndicos y concejales de distrito, no menos de 400 horas para la Televisión y de 600 horas para radiodifusión sonora. En prensa escrita nacional o regional, 1 página tres veces por semana de manera proporcional en todos los medio acreditados ante el TSE.

Para los espacios televisivos y radiodifusión sonora, se distribuirán franjas horarias equitativas entre todos los partidos, de acuerdo al rating de audiencia, y en la prensa escrita, de acuerdo a los niveles de ventas de los medios acreditados.

La cantidad y duración de los espacios será distribuida de la siguiente forma:

Treinta por ciento (30%) por igual entre todos los partidos o alianzas que oficialicen candidaturas.

Setenta por ciento (70%) restante, entre los partidos o alianzas que también oficialicen candidaturas, pero en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido o alianza, hubiera obtenido en la última elección de diputados, y que hayan obtenido al menos un número de sufragios equivalente al cuatro por ciento (4%) de los votos válidos emitidos.

2. Transporte:

El día de las elecciones, tanto de presidente, vicepresidentes y diputados, como de alcaldes, regidores, síndicos y concejales de distrito, el transporte de los electores lo proporcionará el TSE de forma gratuita para todas las fuerzas políticas, y los vehículos, buses, busetas y otros medios utilizados llevarán el logo del TSE de manera visible y bien publicitada; esto sin detrimento que los partidos políticos también puedan acarrear sus partidarios de manera complementaria, y bajo su propio costo económico.

Segunda ronda electoral:

Los partidos o alianzas que participen en la segunda vuelta en la elección presidencial, recibirán como aporte para la campaña una suma equivalente al treinta por ciento (30%) a los que adquiere derecho aquél de ellos que más fondos hubiese acumulado, como aporte público para la campaña para la primera vuelta. Este monto deberá ser acreditado al Tribunal Supremo de Elecciones, cinco días hábiles después de la declaratoria definitiva del resultado de las elecciones de primera vuelta.

Quedan expresamente prohibidos los gastos de publicidad de campaña en medios de comunicación por cuenta de terceros. Excepción a esta regla son los gastos de afiches, banderas, banners, vallas, panfletos, stickers, toldos, camisetas, alimentación, perifoneo, alquileres de sedes partidarias cantonales y distritales, y otros signos externos partidarios, pues su financiamiento será competencia de la recolección propia de fondos privados por parte de los partidos o alianzas en contienda.

El manejo de estos rubros, serán del resorte exclusivo de las tesorerías y contabilidad de los respectivos partidos políticos, que deberán llevar un control detallado del ingreso de esos fondos privados, con indicación clara de las personas físicas contribuyentes. Se mantiene la prohibición de recibir aportes de personas jurídicas ni de extranjeros. Los libros contables estarán a disposición y sujetos a examen, cuando así lo requiera el Tribunal Supremo de elecciones.

Eliminamos de esta forma los “certificados de contribución estatal” conocidos como “bonos” de la deuda política, sistema que ha introducido una tremenda inequidad en las campañas, pues sabemos que los partidos grandes pueden colocar estos títulos en el mercado, y los partidos pequeños o emergentes en cambio lo que tienen en sus manos son papeles sin ningún valor.

Además, como bien la ha expuesto el magistrado Luis Antonio Sobrado, muchos costarricenses que adquirieron certificaciones clase “A”,  “B” o “C”, albergaron una sensación de ser estafados, porque se les presentó como una inversión de retorno seguro, lo cual evidentemente no era.

Por ello hemos presentado esta propuesta seria e innovadora, que recupera la confianza y credibilidad de los costarricenses sobre el uso adecuado de los fondos estatales.

Solicitamos el apoyo de las diversas fracciones de este Parlamento para el proyecto de ley, también en aras de fortalecer la cultura democrática, y promover así un verdadero sistema político representativo y más justo.

Espero sus comentarios. Gracias

Cruzada nacional en pro de la democracia

La alianza opositora para el 2014 no será un acuerdo formal de fuerzas políticas, sustentadas en un algún documento protocolar debidamente rubricado.

Esta alianza será una cruzada heroica, gestada en el sentimiento nacional del ser costarricense, que nunca ha comulgado con regímenes de partido único, ni con la concentración excesiva del poder político.

No es al amparo de declaraciones inoportunas y excluyentes, emitidas por dirigentes emergentes o decadentes, como se puede decretar el devenir futuro de la historia política de Costa Rica.

La conocida frase de: “No hay nada más poderoso que una idea a la cual le ha llegado su momento”, cobra hoy día cada vez mayor actualidad.

Un pueblo a la deriva, convencido de una sensación de falta de un norte definido, frustrado y cansado de déficits fiscales, de más cargas impositivas, de gasto público desmedido, tendrá la forzosa disyuntiva de unirse para un golpe de timón, o de continuar al garete con 4 años más de lo mismo. Por ello, la “idea fuerza” de una alternativa de cambio para el 2014, será una poderosa y espontánea realidad en el espectro político nacional.

El sentimiento de unión electoral de las fuerzas de oposición, va a estar por encima de nombres y de hombres, por encima de resentimientos personales de resultados adversos.

El momento histórico que vive Costa Rica, no está para vetos ni rechazos, mucho menos para posiciones de un nuevo CATÓN, Marco Porcio Catón, político, escritos y militar romano antes de Cristo, apodado “el Censor”.

Los Catones de la política nacional no pueden constituirse en impolutos y únicos depositarios de la moral, la ética y la verdad, en momentos que la patria requiere de posiciones humildes, de conciliación y convergencia nacional, para poder hacerle frente con valentía y entereza, a las oscuras pretensiones de un peligroso continuismo, que daría al traste con la conveniente independencia de poderes, y con un sano equilibrio político adecuado en las instituciones públicas para estatales.

Tengo una fe enorme en la sapiencia, inteligencia, y discernimiento de todos los costarricenses.

Es por ello que la unión de mentes y de almas para la elección del 2014 será una venturosa realidad, aunque ello suceda como un fenómeno espontáneo el propio día de las elecciones.

Los ciudadanos deberán entender, que una dispersión del voto opositor, sería de muy serias consecuencias para la continuidad de la democracia, por más centenaria y pacifista que ella sea.

Albergo la esperanza que muy por encima de declaraciones divisionistas, estará la fusión de sentimientos y mentes de todos los que creemos en un destino superior para nuestra patria.

Discurso final ante el plenario de la Asamblea Legislativa sobre el PACQUETAZO fiscal

Comparto con ustedes el texto de mi discurso pronunciado el martes 13 de marzo. Un día antes de la votación de tan vergonzoso paquete de impuestos, que está muy lejos de ser lo progresivo que afirman sus defensores;

"Sr, Presidente, compañeras y compañeros diputados:

Hemos venido argumentando a lo largo de 6 meses, que el proyecto llamado “Ley de Solidaridad Tributaria” es un complicado paquete de impuestos que, de ser aprobado, aumentará también, entre otros, el costo de la vivienda, lo cual afectará a las personas con menos recursos, que tienen como sueño tener vivienda propia.

El proyecto establece un impuesto del 14% para todas las transacciones que se realicen, lo que incluye al sector servicios y la construcción.
Con esta iniciativa los materiales para construir pagarán un impuesto del 2% en su primer año, y llegarán al 14% en 3 años más. Los servicios de diseño y supervisión profesional de la obra, también pagarán otro 14%, y si la vivienda tiene un costo mayor a 160 salarios base (51 millones de colones al día de hoy), pagará un 3% de impuesto de traspaso de bienes inmuebles, esto es, 1 millón y medio de colones solo por este concepto, al tramitarla en el registro de la propiedad.

Para citar un ejemplo, una vivienda que hoy cuesta aproximadamente 51 millones de colones costará, (construcción y traspaso) más de 55 millones, es decir, tendrá un aumento de 4 millones de colones. Esta diferencia para una persona adinerada, puede significar poco, pero para la gran mayoría de la población, puede hacer la diferencia para ser descalificada en un crédito, o verse obligada a tener que habitar una vivienda sin terminar o sin acabados finales.
En los últimos tres años la cantidad de metros cuadrados construidos ha decrecido, como sobradamente lo muestran los indicadores económicos aparecidos en diversos medios. En consecuencia, con la aprobación del plan fiscal, se construirán menos viviendas y locales, habrá menos posibilidad de emplear mano de obra, tanto fuerza de tarea, como del componente de  ingeniería, arquitectura y diseño de planos eléctricos. Asimismo, las empresas dedicadas a estudios de factibilidad de proyectos inmobiliarios, los desarrolladores de complejos urbanísticos, y aquellas dedicadas  al mercado de los bienes raíces, verían también disminuida su actividad. El sector construcción  será una más de las actividades económicas golpeadas por esta iniciativa del Poder Ejecutivo.

Con suma claridad el diario La República, en su portada del lunes 13 de febrero resaltó: “Malos tiempos: pronóstico económico”

El jueves pasado, la tasa básica pasiva alcanzó el 9.25%. Esta tasa es la que utilizan los bancos, para fijar los montos que cobrarían a sus clientes.
En comparación, la tasa básica era de tan solo el 7,5% hace un año.
El resultado hoy, es que más de 200 mil costarricenses, que tienen deudas en colones con tasas variables, enfrentan la necesidad de pagar una mayor parte de sus ingresos a los bancos y otros prestamistas.
En un caso típico, una persona con una hipoteca de este tipo, de ¢25 millones a diez años plazo, en el 2012 llegaría a pagar un monto anual de ¢290 mil colones más que el año anterior.
El incremento en los costos financieros significa que estas personas tendrán menos dinero para gastar en otras cosas. Habrá un evidente recorte del efectivo circulante, y si a ello agregamos la aplicación de nuevos y mayores impuestos, el crecimiento económico se verá muy afectado.También  se asoma el riesgo que las tasas de préstamos en dólares puedan aumentar, y el dólar pueda subir como lo ha venido haciendo, así que costará más en colones pagar los préstamos dolarizados. No logro entender todavía el por qué empecinarse en votar un proyecto tan regresivo e  impopular.

A este cúmulo de ocurrencias impositivas, que rechazó de plano, sin el menor análisis, más 3000 mociones en comisión, e igual número en este plenario, presentadas por  diversas fuerzas políticas, tendientes a racionalizar, eliminar, o al menos atenuar, tanta agresión económica a los ciudadanos, no fue posible introducirle nada que no viniera del pacto de Liberación Nacional y 7 diputados de Acción Ciudadana.

Guarden bien en la memoria todos los costarricenses, cuáles son las fuerzas políticas que hoy se han conjurado en contra del pueblo, en contra de empresarios, en contra del régimen de zonas francas, en contra de la salud y la educación privadas, en contra del turismo urbano y rural, en contra de los productores de la industria alimentaria, en contra de los productores del agro nacional, en contra de transportistas, en contra de todas las intermediaciones y operaciones financieras, en resumen, en contra de toda la actividad económica del país.

Entiendo muy bien lo que es el mundo de la política. Entiendo muy bien el mundo de las negociaciones, de la defensa de proyectos, de hacer caso a los mandatos de Zapote y de Pérez Zeledón.

Pero nos sentimos mal, sabemos que ante la patria y ante la ciudadanía dimos una lucha persistente pero infructuosa. Nunca se debió aprobar este Pacquetazo. El descontento que hay en el pueblo de Costa Rica está demostrado a ultranza. Sin embargo, sé que hay un convenio, un pacto, y entiendo que  los pactos se cumplen.

Todos sabemos que va a empobrecer más a la clase media, y van a empobrecer mucho más al 21% de pobres que hay en el país.

Los libertarios, amigos y amigas, hemos sostenido que una verdadera reforma tributaria debe basarse en un impuesto sobre la renta bajo, no mayor de un 10%, de amplia cobertura y cobro fácil, y no en un impuesto creciente que se llevaría a las arcas del gobierno, una tercera parte de las ganancias de los que producen la riqueza nacional.

A todos nosotros, los asalariados y asalariadas,

nos cobran impuestos al salario disfrazado de impuesto de la renta, como si un salario de sobrevivencia, como es el de la gran mayoría de los costarricenses puede recibir el calificativo de renta en el estricto sentido de la palabra.

En resumen, se nos grava el trabajo, se nos grava el capital, se nos grava el consumo, se nos grava la tierra, y se nos grava el recurso humano, llámese persona física o persona jurídica.

El veredicto de la historia será implacable, porque el pueblo no va a olvidar este grave daño que se le está infringiendo al desarrollo nacional.

Prácticamente no quedó actividad del quehacer económico que no fue gravada con este paquete tributario, cuyo proceso de aprobación se ha  llevado el premio mayor en desaciertos y errores de trámite, y el mayor número de serias inconsistencias también por el fondo.

Seis meses perdidos en la aprobación de un proyecto, que no tiene la menor probabilidad de llegar a convertirse en ley de la república, aunque lo aprueben en primer debate, y que solo una lucha de EGOS HIPERTROFIADOS, y la OBSTINADA  tozudez de sus creadores, lo ha llevado hasta un funeral de primera clase como el que se le dará la tarde de hoy.

Hay triunfos que son derrotas, y hay derrotas que son victorias.

Gracias a todos por su atención".

Fomentamos la apatía electoral??

Se respira en el ambiente político nacional una sensación de apatía, desmotivación, y alejamiento de parte de un porcentaje muy considerable de los electores.

Encuestas recientes revelan que, un 45% de los ciudadanos dispuestos a votar en el 2014, no saben todavía por quien lo harán. Es decir, la mitad de los  votantes no tiene aún ni un nombre, ni un partido afín, por el cual acercarse a las urnas.

Es innegable, que la judicialización de la política nacional ha contribuido a impulsar ese alejamiento. Un código electoral que se estrenó a finales del año 2009, donde erróneamente se incorporó  como nuevos delitos, a hechos que en anteriores campañas eran aceptados como la costumbre usual, ha dañado peligrosamente la imagen de todos y todas las ciudadanas que participan en la política partidista.

Conseguir personas para ocupar posiciones en los Comités Ejecutivos, sobre todo en puestos de Tesorería, va a ser una labor titánica para los asambleístas de las diversas fuerzas políticas. Ser tesorero o tesorera de un partido, es tener un pie casi en la cárcel; el riesgo de ser esposado, exhibido y humillado en cualquier momento, es una amenaza latente,  aún mayor, si pertenecen a las agrupaciones emergentes, que no tienen el amparo de un Ministerio Público o del Poder Ejecutivo de turno.

El haber penalizado conductas otrora consideradas propias del quehacer electoral, han hecho del nuevo código electoral, un arma intimidatoria y represiva muy peligrosa.

Se reafirma así, la famosa frase de Sebastián Bastiat, cuando afirmaba en el parlamento francés, que, cada vez que aprobamos una nueva ley, cercenamos una libertad.

El pueblo también es sabio, cuando ha manifestado a manera de chota, que cuantas menos leyes se aprueben en un parlamento, mejor es para todos los ciudadanos.

Tampoco es con la creación de nuevos partidos como se resuelven la apatía y el desencanto de los costarricenses.

Aquellos que piensan que, fundar nuevas fuerzas políticas, se puede hacer en conversaciones de pequeños grupos, tomando café o té, desconocen que los partidos hoy día, no se pueden fundar sin líderes; que lo primero que se debe buscar es el candidato, el cual debe tener liderazgo, reunir y conseguir recursos, tener un  gran poder de convencimiento y persuasión, y enorme  disposición anímica y de tiempo para recorrer todo el  país de manera persistente.

He querido con este comentario, concientizar  a los diputados sobre la necesidad de entrarle a una revisión del Código Electoral actual, para que el manejo del financiamiento del aporte estatal para la campaña próxima, pase a ser administrado por el Tribunal Supremo de Elecciones, y sea esta Institución, la que racionalice los espacios radiales, televisivos y de prensa escrita, de forma equitativa para todos los partidos, así como también el control de todo lo relacionado con el transporte gratuito y libre de signos partidarios para todos los votantes el día de las elecciones.

Actividades de fin de año

Gracias a los amigos de la Ultra Morada que hacen una extraordinaria labor social, asistimos a una especial fiesta navideña.

IVA y turismo

Uno de los sectores que más va a sufrir con el nuevo paquete de impuestos es el relacionado con el Turismo.

Esta rica actividad económica, generadora del mayor volumen de divisas en el país, involucra 3 grandes componentes: el primero, son todos aquellos que brindan las instalaciones de todo tipo de alojamiento, el segundo, son los llamados “operadores turísticos”, y el tercero, lo componen  todos aquellos que aportan la actividad recreativa en sí, como son los empresarios de cabalgatas, caminatas ecológicas, canopys, baños de aguas termales, parques de observación de flora y fauna, entre otros.

El segundo grupo, el de “0peradores Turísticos”, son aquellas microempresas que funcionan en los lobbies de hoteles, hostales, centros comerciales, pensiones y otros alojamientos, y se encargan de promocionar y llevar a los turistas, a los sitios de actividad recreativa mencionados anteriormente. Estas pymes obtienen sus ingresos de un 20% del precio total del tour; a manera de ejemplo, si el valor del tour es de 20 dólares por persona, el operador se gana 4 dólares por el servicio de la venta y el transporte hacia la actividad.

Como vemos, el margen de ganancia no es tan alto como una cree. Si a este servicio se le aplica  un 14% del IVA, como se pretende en el PACQUETAZO, el margen residual de beneficios se verá sustancialmente reducido, lo que obligaría a un cierre de la actividad para estos intermediarios tan necesarios en la actividad del turismo.

Solo en la zona de La Fortuna , Arenal, y áreas vecinas, donde hay severa subocupación de camas, y donde la crisis del 2008 no se ha ido todavía, sabemos que existen alrededor de 200 empresarios de albergues, entre hoteles, pensiones , hostales y cabinas, y según datos fidedignos en mi poder, hay alrededor de 125 empresas operadoras turísticas; ¡¡¡¡pueden imaginarse ustedes, estimadas y estimados lectores, a un promedio de 4 a 6 empleados por operadora, el riesgo de desocupación inminente que se cierne sobre la zona!!!  También las áreas costeras de Guanacaste, Puntarenas y Limón, que viven de la actividad turística, están resintiendo la disminución en los índices de ocupación, e igualmente sufrirán el embate de estas peligrosas ocurrencias fiscales.

Seamos consecuentes con la realidad económica y social que estamos viviendo. La insensibilidad, la dureza y la poca solidaridad con quienes nos han traído aquí, no son buenas consejeras.

Para el Movimiento Libertario, que apoya entre otros, al pequeño emprendedor, y ha buscado de manera insistente, incentivar que cada vez más micro empresarios pasen, de la economía informal al mercado de la oferta formal de servicios, no es entendible cómo puede pretenderse gravar con un impuesto al valor agregado, a los pequeños y medianos operadores turísticos.

Gracias por su tiempo.